Las universidades norteamericanas están pasando un bache económico desde hace ya algunos años. Las cuatro grandes universidades privadas (Yale, Princeton, Harvard y Stanford) se encuentran con presupuestos deficitarios. Como no es posible aumentar el ya elevado precio de las matrículas (unos 25.000 dólares anuales por enseñanza y residencia), las medidas adoptadas se dirigen a la reducción de gastos, a la disminución de personal, a los recortes en los programas de enseñanza.
Gran parte de la crisis se debe a que han disminuido las fuentes de financiación. Las donaciones privadas son menos generosas, y el aumento del déficit público no permite que el gobierno dedique más dinero a la Universidad. Las becas estatales a los alumnos más necesitados serán de 2.300 dólares en 1993 (100 dólares menos que el año anterior).
El caso de la Universidad de Yale es paradigmático: desde 1987 los gastos han aumentado a un ritmo anual del 7%, mientras que los ingresos crecían un 5%. Para paliar el déficit, se recortaron un 20% los gastos administrativos: reducción del personal no docente, disminución de las horas de apertura de las bibliotecas, cierre de restaurantes universitarios… Esas medidas no bastaron, y se planteó el recorte en los gastos de enseñanza. Un primer plan preveía una reducción del 10% del cuerpo docente y la fusión o desaparición de varios departamentos. Las protestas originadas llevaron a la dimisión o sustitución del presidente de la Universidad y otros altos cargos. El nuevo presidente ha rebajado la reducción del personal docente al 5,5% en cinco años. Pero el déficit sigue creciendo. Además, Yale ha visto cómo el rendimiento de sus inversiones mobiliarias, por valor de 2.800 millones de dólares, ha bajado del 10% anual antes de 1987 al 5% en la actualidad.
Otra faceta de la crisis es la que afecta directamente a los estudiantes. Como los gastos de escolaridad han aumentado y las familias atraviesan más dificultades económicas, los alumnos han de solicitar más créditos para pagarse los estudios. Para animar a los bancos a conceder estos créditos, el gobierno federal financia parte de los intereses y asegura los préstamos. El año pasado se concedieron créditos por valor de 15.000 millones de dólares, con un coste para el gobierno de 5.000 millones.
En ocasiones, la deuda adquirida al final de la carrera por un estudiante es superior a la que deben amortizar sus padres por la casa familiar. Y en los últimos años hay cada vez más graduados que no consiguen devolver los préstamos. Clinton, durante la campaña electoral, sugirió una fórmula atractiva para pagar los créditos: canjearlos por la dedicación durante un tiempo a trabajos sociales (como maestros, médicos, policías, etc.).
Pero la medida se ve cada vez más como una de esas promesas electorales que no se realizarán de momento. Sería difícil hacerlo sin que repercutiera negativamente en el déficit federal y tampoco está claro que haya suficientes empleos disponibles de ese tipo.