En las votaciones del próximo 2 de noviembre, los electores californianos decidirán si se implanta el cheque escolar en su Estado. Ya se han experimentado sistemas similares en otros lugares de Estados Unidos, como Milwaukee (ver servicio 132/90) o Indianápolis (ver servicio 132/91), pero no a tan gran escala como se pretende en California.
Si se aprueba la propuesta, todas las familias californianas podrán obtener un cheque anual por valor de 2.600 dólares para pagar la enseñanza de cada hijo en la escuela (privada, ya que las públicas son gratuitas) que elijan. Aunque se trata de una subvención a los padres, el Estado entregará el dinero directamente a los colegios escogidos. Esto, seguramente, provocará un recurso de inconstitucionalidad contra la medida, que -en opinión de algunos- violaría la separación entre Iglesia y Estado cuando los padres eligieran centros confesionales.
Los que se oponen al cheque -los profesores de la enseñanza pública, principalmente- sostienen que será desastroso para las escuelas públicas. Aducen que significará un recorte de la financiación de estos centros y que costará al menos mil millones de dólares en los tres primeros años, en forma de subvenciones para los padres que ya tienen a sus hijos en escuelas privadas y que ahora las pagan de sus bolsillos.
A su vez, los partidarios alegan que la medida supondrá menos gastos para el Estado, ya que el importe del cheque es muy inferior al coste del puesto escolar en la enseñanza pública, que asciende a 5.100 dólares anuales (aunque el trasvase de alumnos a la privada no significa que la pública deje automáticamente de gastar en la misma proporción). En cambio, una escuela católica cuesta de 2.000 a 3.000 dólares. Dado que más del 30% de los alumnos de la escuela pública -según se espera- se pasarían a la privada, el ahorro puede ser de miles de millones al año.
En realidad, según The Economist (9-X-93), no se sabe cuál será el balance económico del cheque escolar, ya que los precedentes de otros lugares no permiten, por ser de alcance mucho menor, calcularlo. Lo único claro es que es preciso frenar el gasto educativo, que actualmente se lleva el 32% del presupuesto estatal y, si no se hace nada, dentro de diez años llegará a un insostenible 43%.
Buena parte del problema es de ineficacia organizativa. El distrito educativo de Los Ángeles consume un tercio de su presupuesto anual (más de mil millones de dólares) en su propia administración, que tiene 3.500 funcionarios: uno por cada 150 alumnos. Por contraste, la archidiócesis de la misma ciudad dirige sus escuelas con un administrador por cada 4.000 alumnos, y eso que tiene 8.000 plazas escolares vacantes.
Para colmo, es un dispendio con pobres resultados. En la escuela pública el índice de fracaso escolar es del 20%. La calidad de la enseñanza es mala, como muestra la comparación entre las calificaciones de los alumnos californianos en los exámenes de aptitud y la media del país. Y los colegios públicos son lugares poco seguros, donde abundan la indisciplina, las drogas y las armas.
Esta situación es lo que da más posibilidades de ganar a la propuesta de cheque escolar. El descontento con la escuela pública, y el consiguiente deseo de pasarse a la privada, se ha extendido mucho últimamente, de modo especial entre las familias modestas. Las escuelas católicas, en particular, gozan de gran prestigio, por la mejor calidad de su educación y sus escasos problemas de disciplina.
Tanto los partidarios como los contrarios al cheque escolar están haciendo una campaña muy activa. El resultado del referéndum es incierto.