Olegario González de Cardedal hace un balance del debate sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en un artículo que publica El País (5-07-2007). Señala que se han manifestado tres posturas.
Los que defienden la asignatura y el programa que el Ministerio propone afirman que es esencial una educación en valores, porque la escuela tiene que ser beligerante contra la violencia, la desigualdad social, la discriminación.
Quienes descartan asignatura y programa “rechazan por principio cualquier asignatura que confiera al Estado la capacidad de transmitir convicciones últimas de sentido, verdad e identidad”. Otros, especialmente profesionales de la enseñanza, afirman que “el Estado sustituye a las familias y pone a los profesores ante el dilema de rechazarla o de impartir contenidos que violentan su conciencia”. Pero “el problema más grave es que, dada la heterogeneidad de materias indicadas en el programa del Ministerio, se mezclan realidades totalmente distintas: las que podrían pertenecer legítimamente a una ética cívica y otras como son “la condición humana”, la “identidad personal”, “la educación afectivo-sexual”, “la construcción de la conciencia moral”, que son de otra naturaleza, y solo pueden ser ofrecidas por quienes tienen la responsabilidad primera, es decir, los padres.”.
La tercera posición “reconoce al Estado la legitimidad para ofrecer esa materia que prepare a los alumnos para existir en sociedad”, pero “se oponen al programa como totalidad ya que en él se mezclan reales tareas de una educación cívica con cuestiones de mayor calado y que exceden la autoridad del Estado”. “Lo primero y esencial es la persona, de cómo se comprenda ella a sí misma se deriva incluso la forma de comprender y realizar su ciudadanía.”
Entre los partidarios de esta tercera postura -entre los que se incluye el autor- , “unos creen posible una refundición del programa, quitando aquellas cuestiones que exceden las competencias del Estado”. González de Cardedal propone “centrar la materia en el estudio de la Constitución española, que ofrece todos los presupuestos de ideales, valores, derechos, deberes y responsabilidades del ciudadano, completándola con las Declaraciones internacionales de derechos humanos”.
González de Cardedal piensa que no se puede imponer una materia que divide a la nación. La memoria histórica de España indica que “cada vez que se ha impuesto algo semejante, sea en la II República sea en la España de Franco, los resultados han sido nefastos”. Las materias educativas deben considerarse cuestiones de Estado y resolverse por consenso entre los grandes partidos.