A pesar de la fuerte oposición de los principales sindicatos de profesores, la reforma educativa Renzi-Giannini ha entrado en vigor hoy, 16 de julio, después de ser aprobada definitivamente por la Cámara de los Diputados el pasado día 9. El gobierno de Matteo Renzi tuvo que plantear la cuestión de confianza en el Senado, por la mayoría tan reducida que tiene en el Parlamento.
Al permitir que las familias se deduzcan parte del dinero empleado en la escuela, la ley reconoce “el principio de que el gasto en educación es una inversión de los hogares para el futuro del país”, según varias asociaciones de padres
La nueva ley introduce un sistema para evaluar a directivos y profesores, hasta ahora bloqueado por una serie de vetos ideológicos que venían paralizando desde hace tiempo el sistema público de educación. Otra novedad importante atañe a la autonomía de las instituciones escolares, a las que dota de más recursos, así como de la necesaria flexibilidad para definir las opciones expresadas en el Plan de Oferta Educativa (POF) de cada institución, que será trienal.
Autonomía para los centros
Una de las normas más controvertidas permite a los directores de los centros, desde el curso académico 2016-2017, elegir profesores entre los habilitados en su ámbito territorial. Es una gran innovación: los directores, que serán objeto a partir de ahora de una evaluación por un organismo especial, tendrán más poder y más responsabilidad en la gestión de sus escuelas.
Además, en septiembre próximo comenzará un plan extraordinario de contratación de profesores permanentes. Será un fuerte impulso para resolver el grave problema de los profesores interinos de la escuela pública, que provoca una fuerte rotación de personal docente. La medida satisface una antigua reivindicación y asegura a los estudiantes la continuidad de la enseñanza. El plan de contratación afectará en dos años a algo más de cien mil maestros, mientras otros 60.000 tendrán que esperar al concurso siguiente.
Ha recibido elogios la creación de una tarjeta electrónica, con un crédito de 500 euros anuales, que los profesores de la escuela pública podrán invertir en su formación.
En cambio, no se ha incluido el esperado aumento salarial de los profesores en función del mérito en vez de solo por antigüedad; pero se ha previsto un pequeño fondo (200 millones de euros anuales) para retribuir méritos. A partir de 2016, los recursos, repartidos territorialmente, serán asignados por los directores de los centros sobre la base de criterios señalados por el Comité para la evaluación de los docentes.
Planes de estudio y exenciones fiscales
Respecto de los alumnos, el texto prevé, entre otras cosas, la posibilidad de elegir asignaturas optativas en los tres últimos de los cinco cursos de la enseñanza secundaria de segundo grado (13-18 años). También refuerza la conexión con el ámbito laboral, al introducir, en esos mismos cursos, una duración mínima de los periodos de alternancia escuela-trabajo: 400 horas en los institutos técnicos y profesionales, 200 horas en los liceos.
Directivos y profesores serán evaluados, y podrán recibir complementos retributivos en función de sus méritos
Una declaración conjunta de las asociaciones CdO Opere Educative, Diesse, DiSAL e Il Rischio Educativo, destaca la “gran innovación que supone la posibilidad de deducir fiscalmente los gastos en enseñanza realizados por las familias, incluso en las escuelas paritarias”: las que, junto con las estatales, integran el sistema público de enseñanza en Italia. Por fin, dicen, se reconoce “el principio de que el gasto en educación es una inversión de los hogares para el futuro del país”. La deducción, el 19% de hasta 400 euros por alumno y año, supone un ahorro como máximo de 76 euros por hijo en el pago del impuesto. Esa suma, señalan las asociaciones, «de momento es poco más que simbólica, pero si se aumenta más adelante, puede ser especialmente significativa para asegurar la libertad de elección a las familias”. La Asociación de Padres de Escuelas Católicas (Agesc) estima que se debería elevar el límite a 4.000 euros.
Entre otras exenciones fiscales, criticadas por grupos de la oposición –Movimiento 5 Estrellas y otros partidos de izquierda como la SEL (ecosocialista)– y por un sector minoritario del Partido Demócrata –el partido del primer ministro Renzi–, el texto prevé una deducción del 65% en 2015 y 2016, y de un 50% en 2017, para donaciones en efectivo, hasta un máximo de 100.000 euros anuales, destinadas a la construcción de nuevas escuelas, o al mantenimiento y mejora de las ya existentes. El temor de los críticos es que la escuela pública pueda terminar en manos privadas; pero, como replica Antonio Palmieri, diputado de Forza Italia (partido de la oposición, pero que apoyaba este punto de la ley), “utilizáis la palabra ‘privado’ con desprecio: los que vosotros llamáis privados, nosotros los llamamos simplemente ciudadanos, miembros de la comunidad”, y gracias a sus donaciones, “la escuela pública se convierte en una escuela de la comunidad”.
Contra la ideología de género
Gran parte del debate sobre la reforma se ha centrado en el riesgo de una introducción subrepticia de la ideología de género en la escuela a través del portillo abierto en el artículo 1.16. Contra este peligro se manifestaron en Roma el 20 de junio cientos de miles de personas de toda Italia bajo el lema “Defendamos a nuestros hijos”. La ministra Stefania Giannini ha descartado públicamente que con la reforma se quiera introducir el género, y ha enviado una circular reiterando que, en cualquier caso, ninguna actividad extracurricular podrá llevarse a cabo sin el consentimiento informado de los padres.
En este sentido, el subsecretario de Educación Gabriele Toccafondi, del Nuevo Centro-derecha (NCD), uno de los partidos que forman la coalición de gobierno, subrayó que el ejecutivo tiene que aclarar las funciones de la UNAR (Oficina Nacional contra la Discriminación Racial): “El problema es la función ambigua que esta oficina se ha autoasignado en los últimos tres años, ocupándose casi exclusivamente de género, cuando de hecho más del 75% de las denuncias de discriminación que recibe son por motivos de raza o religión”.