La enseñanza religiosa y la educación cívica no tienen por qué ser rivales. En el sistema educativo español hay margen para hacer espacio a ambas, de un modo que respete la neutralidad del Estado, la libertad religiosa y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral según sus convicciones. Pero el gobierno de Pedro Sánchez ha escogido una fórmula divisiva, que dice mucho de su visión de la sociedad.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado que “la Religión no será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de asignatura-espejo como hasta ahora”. En cambio, creará “una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas”.
La LOMCE, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, permitía a los alumnos elegir entre dos asignaturas con valor académico: Religión o Valores (culturales y sociales, en primaria; éticos, en secundaria), una disyuntiva con un marco conceptual confuso pero no excluyente, como veremos. Celaá considera que este sistema no es “ni el más justo ni el más adecuado, teniendo en cuenta el principio de aconfesionalidad del Estado”.
Religión y laicidad
El argumento de la aconfesionalidad es recurrente entre los contrarios a la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. En él se apoyó el grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados para impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la asignatura de Religión y otros aspectos de la LOMCE. El recurso fue desestimado el pasado abril.
Los interesados en la enseñanza religiosa también defienden los valores democráticos. A lo que sí podrían oponerse es al monopolio de la definición de esos valores
En el fallo, aprobado por ocho votos contra cuatro, el TC recuerda a los recurrentes que el Estado tiene un “mandato [constitucional] de cooperación con las confesiones” y que el principio de “aconfesionalidad o laicidad positiva” no exige expulsar del espacio público el hecho religioso. Es más, “implica una garantía prestacional respecto al ejercicio del derecho a la libertad religiosa, del que gozan tanto los individuos como las Iglesias y confesiones”.
Al mismo tiempo, la sentencia sostiene que la configuración como asignatura de la enseñanza de la Religión es “un cauce adecuado para el ejercicio por los progenitores del derecho a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones”.
Por estas y otras razones concluye que “la existencia de una asignatura evaluable de Religión de carácter voluntario para los alumnos no implica vulneración constitucional alguna”.
Es posible que esta sentencia hiciera recular al gobierno de Pedro Sánchez, cuya postura inicial era que “la Religión saliera fuera del horario escolar y que dejara de ser evaluable”, explica la periodista de El Mundo Olga R. Sanmartín. Ahora no será computable; es decir, podrá seguir teniendo nota, pero no contará para la media ni para el acceso a becas o a estudios posteriores.
¿Dos sistemas morales en conflicto?
El segundo argumento de Celaá para justificar el cambio es el “universalismo de los valores cívicos”, con el que pretende dotar de legitimidad a la nueva materia, mientras se la quita a la enseñanza religiosa en una especie de juego de suma cero. La presunción de fondo podría resumirse así: mientras la Religión solo enseña valores válidos para los creyentes, la asignatura propuesta por el gobierno socialista serviría para “fomentar los valores comunes de libertad y de ciudadanía, de tolerancia y de no discriminación”.
De ahí que, a juicio de Celaá, “este contenido curricular no debe ser objeto de polémica alguna a estas alturas y menos cuando en toda Europa lleva años formando parte del curriculum”. Lo que es cierto, pero también lo es que los contenidos de esta materia en Europa han sido menos polémicos que los de Educación para la Ciudadanía, la extinta asignatura del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
En el recurso ante el TC, el grupo socialista hizo expresa la presunción de Celaá al afirmar que “si es necesario estudiar los valores que constituyen el fundamento de la convivencia tendrán que hacerlo todos los alumnos, sin que la perspectiva confesional pueda sustituir a la perspectiva constitucional”.
Aquí está el meollo de la cuestión. Los socialistas imaginan dos sistemas morales irreconciliables: uno laico, que cumple a la perfección con las exigencias del sistema democrático, y otro basado en doctrinas religiosas, legítimo pero residual y, por eso, siempre bajo sospecha en el espacio público. Es la misma mentalidad de quienes acusan a los creyentes de “imponer” sus convicciones cada vez que intervienen en el debate público; esta visión da por sentado que las posturas éticas de los creyentes son puramente de fe, aunque de hecho aporten razones civiles.
La religión, aliada de los valores
A reforzar este esquema interpretativo contribuyó, en parte, la LOMCE. De ello advirtió en varias ocasiones el especialista Carlos Esteban Garcés: “Esta oposición entre Religión y Valores no es una buena opción, al menos desde el punto de vista intelectual y cívico, puesto que da la imagen de que los que tienen Religión no necesitan valores y los que tienen valores no necesitan Religión” (ver también la entrevista Asignatura de Religión: conocer no hace daño a nadie).
Los socialistas imaginan dos sistemas morales irreconciliables: uno laico, genuinamente democrático, y otro basado en doctrinas religiosas, siempre bajo sospecha
En su opinión, “una opción deseable y más constructiva hubiera sido crear un área de Valores y Religiones, con algunos componentes comunes y otros opcionales, entre los que estarían las enseñanzas confesionales de la Religión”. No obstante, aun poniendo este pero, Esteban considera que la LOMCE suponía en este punto una mejora respecto al régimen precedente.
El traspiés conceptual del gobierno de Rajoy le ha venido al pelo al de Sánchez, que no tolera una alternativa con valor académico a su asignatura. Los socialistas alegan que su solución es una exigencia del sistema democrático, pero en su sentencia de abril el Tribunal Constitucional falló que “ni la existencia de una asignatura de Religión en los niveles de Educación Primaria y Secundaria, ni la implantación de una fórmula de opción entre la asignatura de Religión y Valores Sociales y Cívicos/Valores Éticos son contrarias al texto constitucional”.
De cara al debate parlamentario, habrá que ver cuáles son los contenidos de la nueva asignatura. Los interesados en la enseñanza religiosa también defienden los valores democráticos de la libertad, la igualdad, el pluralismo o la tolerancia. A lo que sí podrían oponerse es al monopolio de la definición de esos valores. En una sociedad pluralista, el gobierno no debería sorprenderse de que “a estas alturas” –al decir de Celaá– haya quienes no comparten su visión del mundo.