En los juicios sobre delitos sexuales a menudo solo hay un testimonio, el de la persona que denuncia. Es necesario respetar y escuchar a las víctimas, pero sin invertir la carga de la prueba, dice Ramesh Thakur en CAPX a propósito de la condena y posterior exoneración del cardenal George Pell.
“Os creemos, vuestro país os cree”, dijo en 2018 el primer ministro australiano Scott Morrison a las víctimas de abusos sexuales, durante mucho tiempo ignoradas. Para Thakur, que fue subsecretario general de la ONU y en la actualidad es profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Nacional de Australia, ciertamente hay que “atender con respeto y sensibilidad sus denuncias, pero también investigar con imparcialidad las acusaciones”.
“El caso del cardenal Pell es (…) una clara demostración de los peligros de emplear la consigna de empatía y solidaridad hacia las víctimas como criterio tanto al comienzo de la investigación sobre el delito, como durante el proceso de instrucción y el juicio posterior. Destruye el principio de ‘duda razonable’, establecido como imprescindible salvaguarda contra el error judicial”.
Si se impone el deber de creer “a todo el que afirma haber sido víctima de abusos sexuales, cualquier prueba en contra o que sirva para impugnar la acusación debería ser rechazada o ignorada. Es así justamente como actuó la policía del estado de Victoria al investigar y acusar a Pell”.
Desde el comienzo, se otorgó plena credibilidad al denunciante. Una reforma procesal introducida en 2006 para proteger a las víctimas de agresiones sexuales, impidió a la defensa conocer los datos de la investigación e “informar al jurado del historial de problemas [psicológicos] de la víctima, así como de su propia falta de acceso a la información”. Thakur recuerda otro caso, sin relación con el de Pell, en el estado de Nueva Gales del Sur: “A un hombre acusado de violación no se le permitió alegar que la persona demandante había confesado haber presentado en ocasiones anteriores varias denuncias falsas de agresiones sexuales”.
La sentencia revocatoria del Tribunal Supremo de Australia dictamina que el procedimiento contra Pell no se desarrolló con todas las garantías procesales debidas. En suma, los magistrados fallaron por unanimidad que “la fiscalía había invertido la carga de la prueba”.
“Una cosa –explica Thakur– es una condena basada en el testimonio convincente del demandante, aunque no existan pruebas que lo corroboren. Y otra, condenar a alguien a pesar de la existencia de indicios contrarios”. Esto es, dice, lo que ocurrió con el cardenal Pell.