Tres expertos de la ONU en materia de derechos humanos suscribieron el 25 de enero una declaración en la que afirman que la discapacidad “no debe ser nunca base o justificación para poner fin a la vida de nadie, sea de modo directo o indirecto”.
El texto, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OHCHR) de la organización internacional, recuerda el consenso existente acerca de que, “para personas pertenecientes a cualquier otro grupo protegido, sea una minoría racial, sexual o de género, una decisión bien razonada para acabar con sus vidas jamás podría ser que experimentan sufrimiento a causa de su estatus”.
Los firmantes, Gerard Quinn, Relator Especial para los derechos de las personas con discapacidad; Olivier De Schutter, Relator Especial para la extrema pobreza, y Claudia Mahler, experta independiente para el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores, expresaron su alarma por la creciente tendencia a poner en vigor leyes que dan luz verde a procedimientos de muerte asistida sobre la base de padecer condiciones de discapacidad.
Tales normas legislativas institucionalizan y legalizan lo que se denomina ableism (capacitismo), que se entendería como la discriminación contra quienes padecen alguna discapacidad. Por ello, quebrantan directamente lo dispuesto por el artículo 10 de la Convención de la ONU para los derechos de estas personas, el cual insta a los Estados a asegurarles el disfrute efectivo de su inherente derecho a la vida en igualdad con el resto.
Advierten los expertos que, al intentar normalizar la aplicación de estos procedimientos para individuos que no son enfermos terminales, tales disposiciones legales descansan sobre asunciones “capacitistas” acerca del valor de la vida de una persona con discapacidad o de su calidad de vida.
Tales asunciones y estereotipos, afirman, cuentan con el rechazo de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda vez que la discapacidad, lejos de ser un déficit de la persona, constituye un aspecto universal de la condición humana.
“Bajo ninguna circunstancia –aseguran los autores– una ley debe contemplar, para una persona con discapacidad que no esté muriendo, que acabar con su vida, con apoyo del Estado, pueda ser una decisión bien razonada”.
De igual modo alertan sobre la presión añadida que supone para estas personas la circunstancia de la pobreza económica: la carencia de medios apropiados para ayudarlas a desarrollar su vida, y las barreras de actitud existentes, puede empujarlas a querer morir prematuramente.
Por último, señalan la ausencia de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en el debate que antecede a la promulgación de dichas leyes. “Es crucial que sus voces sean escuchadas a la hora de diseñar políticas y regulaciones que afectan sus derechos, especialmente cuando hablamos del derecho a la vida”, dicen.