Los obispos españoles recuerdan a los católicos el deber de oponerse al proyecto de legalizar los matrimonios homosexuales
El pasado 29 de junio, el Congreso español aprobó una proposición no de ley a favor de equiparar las parejas homosexuales con el matrimonio (ver servicio 95/04). El gobierno ha anunciado que en septiembre presentará al Parlamento el correspondiente proyecto de ley. Con este motivo, la Conferencia Episcopal ha publicado una nota, titulada En favor del verdadero matrimonio, en la que resalta que esa reforma supondría una discriminación contra el matrimonio y un grave perjuicio al bien común.
La nota señala en primer lugar: «Las personas homosexuales, como todos, están dotadas de la dignidad inalienable que corresponde a cada ser humano. No es en modo alguno aceptable que se las menosprecie, maltrate o discrimine». Pero esto no significa que una pareja homosexual pueda ser reconocida como matrimonio.
Como es «obvio y natural», «el matrimonio no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un varón. A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio entre ellas. El Estado, por su parte, no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin duda muy seriamente, el bien común». A continuación, la nota aporta las razones que avalan estas tesis.
«Los significados unitivo y procreativo de la sexualidad humana se fundamentan en la realidad antropológica de la diferencia sexual y de la vocación al amor que nace de ella, abierta a la fecundidad». Por esta estructura natural, «la unión corporal del varón y de la mujer en el matrimonio [es] la expresión de un amor por el que se entregan mutuamente de tal modo, que esa donación recíproca llega a constituir una auténtica comunión de personas». Esta comunión conyugal «es el lugar digno para la acogida de nuevas vidas personales». «En cambio, las relaciones homosexuales, al no expresar el valor antropológico de la diferencia sexual, no realizan la complementariedad de los sexos, ni pueden engendrar nuevos hijos».
En consecuencia, sería contrario al bien de los niños permitir que sean adoptados por parejas homosexuales. «No hay razones antropológicas ni éticas que permitan hacer experimentos con algo tan fundamental como es el derecho de los niños a conocer a su padre y a su madre y a vivir con ellos, o, en su caso, a contar al menos con un padre y una madre adoptivos, capaces de representar la polaridad sexual conyugal. La figura del padre y de la madre es fundamental para la neta identificación sexual de la persona».
Por otro lado, la equiparación sería perjudicial para el matrimonio y para la sociedad entera. «Si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema económico. De igual manera, equiparar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social».
Esa sería la verdadera discriminación, no que los homosexuales no puedan acceder al matrimonio. «Es, ciertamente, necesario proteger a los ciudadanos contra toda discriminación injusta. Pero es igualmente necesario proteger a la sociedad de las pretensiones injustas de los grupos o de los individuos. No es justo que dos personas del mismo sexo pretendan casarse. Que las leyes lo impidan no supone discriminación alguna. En cambio, sí sería injusto y discriminatorio que el verdadero matrimonio fuera tratado igual que una unión de personas del mismo sexo, que ni tiene ni puede tener el mismo significado social».
La proyectada reforma tampoco viene exigida por la necesidad de regular de forma justa las consecuencias (patrimoniales, por ejemplo) de la convivencia entre homosexuales. «Se dice que ésta [la equiparación al matrimonio] sería la única forma de evitar que no pudieran disfrutar de ciertos derechos que les corresponden en cuanto ciudadanos. En realidad, lo justo es que acudan al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco».
La nota termina con una llamada a la responsabilidad de los ciudadanos. «Invitamos a todos, en especial a los católicos, a hacer todo lo que legítimamente se encuentre en sus manos en nuestro sistema democrático para que las leyes de nuestro país resulten favorables al único verdadero matrimonio. En particular, ante la situación en la que nos encontramos, ‘el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley’ [Congregación para la Doctrina de la Fe, Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, 10] que pretenda legalizar las uniones homosexuales».