Divorciarse sin juez y sin abogado es una de las medidas propuestas en Francia por el Consejo que estudia la modernización de las políticas públicas. En el caso de un divorcio por consentimiento mutuo, cuando los cónyuges están de acuerdo sobre el conjunto de las condiciones del divorcio, bastaría registrar el acto ante un notario. El divorcio sería más simple, menos costoso y más rápido.
Actualmente, en Francia se producen 150.000 divorcios anuales, de los cuales el 50% por consentimiento mutuo, y suponen el 13% de los procedimientos civiles. “Desjudicializar” más de la mitad de los divorcios aligeraría la siempre pesada carga de los tribunales.
La propuesta va en la línea de la progresiva desinstitucionalización del matrimonio. Si todo depende cada vez más del arbitrio de los cónyuges, ¿por qué obligarles a ir ante el juez si están ya de acuerdo en los términos de su separación? ¿Por qué no pueden ahorrarse los gastos de abogados y las costas judiciales?
Pero los 47.000 abogados han puesto el grito en el cielo y amenazan con divorciarse de Sarkozy de forma conflictiva. ¿Qué es esto de privar a los abogados de una de sus fuentes sustanciales de ingresos? “Es un proyecto inaceptable”, “escandaloso”, “es jugar con fuego”… La posibilidad de que la ley declare disoluble la unión tradicional entre el candidato al divorcio y su abogado, se considera impensable, un atentado contra una sólida costumbre.
Por supuesto, los abogados saben hacer valer su causa y el argumento económico no aparece en primer plano. Subrayan que prescindir del abogado abre la puerta a abusos, pues el cónyuge dominante podría imponer su criterio al otro y llevarle ante el notario. También aducen que el consejo del abogado y la garantía del juez son necesarios para “solemnizar” un momento tan importante como es el divorcio. Y observan que el registro en la notaría tampoco va a ser gratuito. Pero, en último término, los abogados ven sobre todo amenazados sus intereses en un mercado en expansión, pues en los últimos treinta años el número de divorcios ha crecido de 40.000 a 150.000 al año. Y con unos honorarios de abogados que oscilan entre 1.000 y 4.000 euros por divorcio, no es extraño que vean con malos ojos que el cliente les deje por el notario. Según Paul-Albert Iweins, presidente del Consejo nacional de la Abogacía, “los divorcios representan a veces el 50% de los ingresos de los despachos de abogados” fuera de París.
Por lo tanto, la iniciativa del gobierno -una mera idea- se ha visto como “una agresión a la profesión”. No es para menos. El amor puede hacer gala de prescindir de la ley, pero el desamor necesita papeles. Y ahora que la permanencia del matrimonio no parece necesaria para la estabilidad social, el divorcio de pago se ha convertido en un elemento imprescindible para la estabilidad de la abogacía.