El pasado 26 de agosto, la Food and Drug Administration (FDA), organismo responsable de aprobar los fármacos en Estados Unidos, decidió rechazar la venta de la «píldora del día siguiente» sin receta médica. El presidente de la FDA, Lester M. Crawford, explicó en una rueda de prensa que no se puede autorizar el acceso libre a la píldora mientras no se tengan datos seguros sobre su incidencia en las menores de 17 años.
La FDA ya había rechazado la venta de la «píldora del día siguiente» sin receta médica en mayo de 2004, aduciendo que no había pruebas de que fuese seguro para las menores de 16 años tomar el producto sin supervisión médica (ver Aceprensa 76/04). El organismo advirtió entonces que el estudio presentado por Barr Laboratories -la compañía farmacéutica que comercializa la píldora- era poco concluyente, pues sólo incluía a 29 adolescentes de entre 14 y 16 años de un total de 585 mujeres.
La nueva decisión de la FDA ha reabierto el debate social sobre la píldora, comercializada allí con el nombre de Plan B. Los defensores de Plan B aseguran que la píldora es un anticonceptivo de emergencia que reducirá el número de embarazos de adolescentes, así como la cifra de abortos. Por otro lado, sus detractores recuerdan que esta píldora tiene a menudo acción anti-implantatoria, pues impide la anidación del óvulo fecundado en el endometrio, y por lo tanto, debe ser considerada como píldora abortiva precoz. Además, añaden que hasta ahora no ha servido para reducir los embarazos de adolescentes allí donde se ha aprobado.
¿Ciencia o política?
El debate sobre Plan B ha reabierto la polémica en el seno de la FDA. Según informó el «Washington Post» (1-09-2005), Susan F. Wood, directora de la Oficina de la Salud de la Mujer de la FDA, dimitió de su cargo cinco días después del comunicado de Crawford. A su juicio, los temores de Crawford sobre la incidencia de la píldora en adolescentes son infundados, y atribuye la decisión a razones políticas sin base científica. En la misma línea se ha pronunciado Eve E. Slater, asesora de la FDA de 2001 a 2003. En declaraciones a «The New York Times» (27-08-2005), Slater aseguró que las decisiones de la FDA respecto al Plan B estaban «demasiado politizadas». Fuera de la FDA, las senadoras demócratas «pro-choice» Hillary Rodham Clinton y Patty Murray acusaron a Crawford de tomar una decisión política de espaldas a la ciencia y a la salud pública.
En la polémica han terciado también algunas voces que desmienten el pretendido respaldo científico invocado por Wood y sus simpatizantes. Para Wendy Wright, directora de Concerned Women for America, la dimisión de Wood supone que «ahora hay una activista política menos en la FDA que ponga la ideología feminista radical por encima de la salud de la mujer». «Ahora que Susan Wood tiene más tiempo libre -añadió-, puede echar un vistazo a los estudios realizados en los países que ya han aprobado la píldora del día siguiente sin prescripción. Comprobará que [esta medida] da lugar a un sistema de sanidad pública de riesgo, en el que no disminuyen los embarazos ni los abortos, y en cambio, aumentan las enfermedades de transmisión sexual».
Desde hace unos años ha surgido abundante literatura científica que respalda la afirmación de Wright. Un estudio publicado por el «British Medical Journal» en 2000 concluía que con el uso de la contracepción de emergencia no ha disminuido el índice de abortos, sino que se ha triplicado (ver Aceprensa 175/00). Según otro estudio, aparecido en 2004 en Human Reproduction, desde enero de 2001 -fecha a partir de la cual la «píldora del día siguiente» se ha podido adquirir en Inglaterra sin receta médica- solamente se había conseguido evitar 5 embarazos por cada 10.000 usuarias y año (ver Aceprensa 87/04).
En relación a las enfermedades de transmisión sexual, resulta elocuente un trabajo publicado en 2003 en el «British Medical Journal» que muestra cómo, en los seis años anteriores -periodo en el que las adolescentes más han recurrido a la píldora del día siguiente, y durante el que las campañas para promover el uso del preservativo han sido más fuertes- la gonorrea ha aumentado un 86%, las infecciones por clamidia un 108% y la sífilis un 500% (ver Aceprensa 87/04).
Juan Meseguer Velasco