El gobierno laborista de Tony Blair ha vuelto a romper el esquema tradicional izquierda-derecha y a adoptar valores que hasta ahora se identificaban con los conservadores (ver servicios 150/95 y 157/97), en este caso con una campaña en favor del matrimonio y los valores familiares.
El ministro del Interior, Jack Straw, se ha encargado de abrir el debate social y parlamentario con el informe Supporting Families. Se trata de un «Green Paper», un documento de consulta formal -todavía lejos de convertirse en ley- en el que se ha trabajado durante meses. El principio fundamental del documento es que el matrimonio es la mejor institución y el modelo más estable para educar a los hijos.
El gobierno piensa que la defensa del matrimonio y la familia puede acabar con las enfermedades de la sociedad británica. En particular, con la tasa de divorcios, la más alta de Europa (4 de cada 10 matrimonios); la elevada proporción de nacimientos fuera del matrimonio (el 34% en 1995); el daño a los hijos cuyos padres se divorcian (7 de cada 10 parejas que se divorcian tienen hijos); las deficiencias escolares de los hijos de familias monoparentales y los índices de delincuencia y drogadicción, atribuidos indirectamente a los problemas familiares.
La apuesta por el matrimonio ha valido al gobierno las críticas de algunos sectores. Sin embargo, los laboristas, lejos de reprobar otro tipo de relaciones, se han limitado a defender el que consideran mejor modelo para educar a los hijos. La prueba es que la voz de la campaña, Jack Straw, se crió en un hogar sin padre, está divorciado y tiene dos hijos adolescentes.
Para conseguir los objetivos, el gobierno planea la creación de un Instituto para la Familia y la Paternidad, que asesorará a los padres acerca de la mejor manera de educar a los hijos. Una línea telefónica permanente resolverá las cuestiones que planteen los padres. Aumentarán las ayudas a familias con bajos ingresos y con hijos pequeños.
También se favorecerá que las parejas conozcan y asuman antes de casarse los derechos y obligaciones del matrimonio. Por esta razón, se suprimirán las bodas civiles rápidas, que sólo requieren avisar con 24 horas de antelación. En su lugar, los contrayentes serán advertidos en un cursillo de la relevancia y repercusiones del paso que van a dar, y tendrán rango legal los acuerdos prenupciales que detallen el reparto de las posesiones en caso de divorcio. Entre el aviso y el casamiento pasarán ahora, al menos, quince días.
Los asistentes sociales y sanitarios verán ampliados sus cometidos. Una vez que se ha formado la familia, además de visitar a los recién nacidos y comprobar que la madre se encuentra bien, los asistentes seguirán el desarrollo del niño durante la infancia y asesorarán en cualquier momento al matrimonio.