Si la familia saca de tantos apuros a los miembros de una sociedad, ¿por qué no convertirla en una prioridad de las políticas sociales? No se entiende el abandono en ayudas públicas que ha sufrido la institución familiar en España durante estos últimos años. De ahí que el Instituto de Política Familiar pida un decidido cambio de mentalidad en el libro La familia, desafío para una nueva política (1).
El panorama que pinta el IPF sobre la realidad actual de la familia en España no es muy alentador. De entre todos los indicadores que recoge, cuatro llaman especialmente la atención: envejece la población; nacen menos niños; se casa menos gente; y hay más rupturas familiares.
España ya está inmersa en un invierno demográfico. En 2010, la población de más de 65 años (7.931.164) superaba en más de un millón a los menores de 15 años (6.936.340). Esta inversión de la pirámide poblacional se irá acentuando si continúa cayendo la tasa de fecundidad, situada hoy en España en 1,38 hijos por mujer.
Según estimaciones del IPF, harían falta unos 250.000 nacimientos más al año de los que ahora se producen (484.055 en 2010) para alcanzar un nivel que asegure a medio o largo el mantenimiento de la población actual. Pero todavía habría que alcanzar los 750.000 nacimientos al año para salir del invierno demográfico.
Por otra parte, la caída de la nupcialidad –49.718 matrimonios menos en 2010 que en 1990, pese al incremento de la población en más de 8,2 millones de personas en ese período– ha coincidido con el aumento de las rupturas familiares; problema dramáticamente agravado con la entrada en vigor de la ley del divorcio exprés. El año 2010 se produjeron 102.690 divorcios.
Lagunas legislativas
La situación en la que se estaban metiendo las familias en España demandaba desde hace años una política familiar integral. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el resto de la Unión Europea, todavía no ha calado en este país la idea de que la familia ha de ser apoyada en sus funciones básicas.
Sólo en el ámbito legislativo el IPF identifica cuatro grandes lagunas que, a su vez, producen carencias en otros terrenos: no existe una ley nacional de familia, lo que deja a esta institución a merced de vaivenes políticos; no existe un plan integral de apoyo a la familia, lo que favorece la improvisación y las medidas cortoplacistas; no existe una ley de prevención y mediación familiar para todo el país, y en cambio se facilitan los divorcios precipitados; no existe una ley nacional de protección y apoyo a la maternidad, pero se dan numerosas facilidades para abortar.
A las deficiencias legislativas hay que añadir las de tipo fiscal. Un ejemplo es el actual IRPF: lejos de ayudar, penaliza a los matrimonios en régimen de gananciales (la mayoría en España), sobre todo si los ingresos provienen de un solo perceptor.
Tras eliminarse en enero de 2011 la fugaz ayuda del “cheque-bebé” (2.500 euros por nacimiento), España pasó a la cola de la Unión Europea en ayudas a la familia. Mientras que la Unión Europea dedica de media al concepto “familia” en torno al 2,1% del PIB, España dedica tan sólo el 1,5% del PIB.
Pero los poderes públicos no sólo han dedicado escasas dotaciones presupuestarias a la familia. Lo más grave es la transformación radical que ha llevado a cabo el gobierno socialista durante sus dos legislaturas, en las que ha aprobado leyes –como las del aborto, el matrimonio gay o el divorcio exprés– que han supuesto una clara vulneración de los derechos de la vida del no nacido y de la familia.
101 medidas para apoyar a la familia
Es curioso porque, mientras los poderes públicos ayudan poco a la familia en España o incluso la maltratan, la institución familiar sigue desplegando todas sus funciones al servicio de la sociedad.
Parece lógico, pues, que los poderes públicos arrimen el hombro para apoyar y proteger la institución que probablemente más problemas les resuelve. De ahí que el IPF les pida un cambio de mentalidad. Se trata de convertir a la familia en una prioridad de las políticas sociales, y no simplemente de depositar una limosna en un cestillo de mimbre.
Para que este cambio se produzca, el IPF propone un conjunto de 101 medidas para apoyar a la familia, entre otras: elaborar una Ley de Prevención y Mediación Familiar de carácter nacional para ayudar a matrimonios en crisis; ayudas directas universales al embarazo y por nacimiento; aumentar los permisos remunerados de maternidad y paternidad; crear “cheques guardería” y “cheques escolares”; regular las uniones homosexuales de forma que no se equiparen con el matrimonio ni puedan adoptar; derogar las leyes del aborto, del divorcio exprés y la que aprueba la asignatura de Educación para la Ciudadanía, etc.
Desde luego, al nuevo gobierno no le van a faltar ideas y propuestas. A estas del IPF se podrían añadir otras tantas medidas que han propuesto institutos y asociaciones diversas del movimiento pro familia. Todo depende ahora de que exista voluntad para convertir el apoyo a la familia en una prioridad política y social.
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Notas
(1) Eduardo Hertfelder, Mariano Martínez-Aedo y Lola Velarde. Prólogo de Ignacio Sánchez Cámara. La familia, desafío para una nueva política. Propuestas para una política pública con perspectiva de familia. Instituto de Política Familiar. Madrid. 2011. 224 págs. 14 €.