Marejada política en Gran Bretaña a cuenta de la próxima Equality Act (Ley de Igualdad), cuya finalidad es fundamentalmente asegurar los llamados derechos homosexuales y evitar la discriminación. Una carta que el cardenal Cormac Murphy-O’Connor, arzobispo de Westminster y primado de los católicos ingleses, escribió hace unos días a los miembros del gobierno británico ha desatado una crisis en el gobierno laborista y ha puesto sobre la mesa el debate sobre las medidas contra la discriminación por motivos de orientación sexual.
En la carta, el cardenal pide que las agencias de adopción católicas no sean penalizadas si dejan fuera del proceso de selección de adoptantes a las parejas del mismo sexo. Considera que sería «una discriminación irracional, innecesaria e injusta» que estas agencias tuvieran que «actuar contra la enseñanza de la Iglesia y de sus propias conciencias». Murphy-O’Connor explica la postura doctrinal católica sobre la familia y hace «un llamamiento al ‘juego limpio’, particularmente para los muchos niños, católicos o no, que se benefician de los extensamente reconocidos servicios de adopción que, con profesionalidad y dedicación, se ofrecen a través de nuestras agencias de adopción católicas».
Las 12 agencias católicas gestionan el 4% de las adopciones totales, pero como recuerda el cardenal, «representan el 32% del sector de voluntariado dedicado a adopciones, con un destacado historial». Es decir, que tramitan una tercera parte de los casos más difíciles (por discapacidad u otro tipo de desventajas), lo cual cuenta con apoyo económico por parte del Estado. Sus palabras indican que de ser obligadas a aceptar a parejas homosexuales, las agencias tendrán que cerrar, «resultado perfectamente evitable».
En un primer momento, Tony Blair se mostró favorable a conceder una exención de este tipo, pero buena parte de los miembros de su gabinete y muchos de sus diputados se han opuesto con fuerza, obligándole a cambiar de postura. Por otra parte, el asunto tiene además connotaciones de marcado eco histórico, ya que se repite el enfrentamiento entre convicciones personales de un católico y el poder civil de Inglaterra. Ruth Kelly, católica, es miembro del gabinete como Secretaria de Estado para las Comunidades y el Gobierno Local; y es, además, ministra de Mujer e Igualdad y por lo tanto de ella dependerá la aplicación de la Equality Act.
En defensa de la Iglesia católica han salido los arzobispos anglicanos de Canterbury y York, los reverendos Rowan Williams y John Sentamu, que han recordado en una carta a Tony Blair que «los derechos de conciencia no pueden ser supeditados a las leyes, aunque sea con buena intención». Y eso, aunque desde 1999 las agencias de adopción dependientes de la Iglesia anglicana permiten la adopción por parte de parejas homosexuales. Prominentes miembros del gobierno laborista ya han salido a la palestra mediática para reafirmar el compromiso del partido con «los derechos gays» y contra la discriminación.
La ley, en cualquier caso, no sólo afectará a las agencias de adopción, sino a cualquier local que ofrezca servicios, como los de la hostelería y la restauración.
ACEPRENSA