Dublín.- El gobierno irlandés ha decidido aplazar el referéndum sobre la introducción del divorcio legal en Irlanda, que estaba planeado para el próximo otoño. El motivo principal del retraso, que contradice la política oficial del gobierno hasta la fecha, es que éste teme que el Tribunal Supremo declare inconstitucional la ley de separación judicial. El gobierno de coalición irlandés quiere evitar un nuevo revés a su política pro divorcio como el que ya sufrió en enero, cuando el Tribunal Supremo sentenció que el proyecto de ley sobre la propiedad de la vivienda familiar -con el que se pretendía facilitar la legalización del divorcio- era contrario a la Constitución (ver servicio 20/94).
El gobierno piensa que es fundamental esperar la decisión del Tribunal Supremo -a la que no se llegará hasta dentro de unos meses-, no vaya a ser que, en medio de la campaña para el referéndum, tenga que retirar otro de sus pilares de la legislación pro divorcio.
En la actualidad, la Constitución irlandesa prohíbe el divorcio, y se necesitaría un referéndum para cambiarla. La última vez que se intentó introducir el divorcio en Irlanda, en 1986, el 60% de la gente votó en contra. Y esta vez, aunque ningún partido político de la oposición hace campaña en contra del divorcio y a pesar del plan del gobierno de gastar el equivalente de 100 millones de pesetas del dinero público en una campaña publicitaria a favor del divorcio, el gobierno no parece muy seguro de su victoria.
Louis BorralloLa problemática economía del divorcio
Los irlandeses pueden comprobar que la ley del divorcio no ha logrado resolver los problemas de la separación en la vecina Gran Bretaña. Como en otros países, es corriente que los maridos divorciados no entreguen a la mujer el dinero previsto para la manutención de los hijos, lo que debe ser paliado con fuertes subsidios públicos a las madres. Para arreglar esta situación el gobierno creó en abril de 1993 la Child Support Agency, encargada de hacer que los padres divorciados paguen lo que les corresponde. Pero la dificultad de localizar a los morosos le ha llevado a adoptar una estrategia con más posibilidades de éxito: en lugar de perseguir a los maridos que nunca pagan (dos de cada tres), exige más dinero a los que pagan algo (25 libras semanales de media). Así, según sus criterios, un padre que deja tres hijos al cuidado de la madre debe pagar a ésta 300 libras semanales, suma que está fuera del alcance de la mayoría.
Los afectados han presentado miles de recursos contra las resoluciones de la Agencia. El descontento de los padres divorciados se ha hecho patente en las manifestaciones callejeras convocadas en todo el país con motivo del primer aniversario de la Child Support Agency. Los periódicos han publicado sus críticas a la Agencia. Unos dicen que se les pide demasiado en relación con sus ingresos; otros alegan que, como se han casado por segunda vez, deben sostener a su nueva familia y no pueden pagar más. Por último, se dan también casos de divorcios por consentimiento mutuo en los que el marido alega que la subida de pensiones contradice el acuerdo firmado el día de la ruptura.
Ante tal fracaso, el gobierno ha tenido que plantearse reformar la Agencia. Algunos dicen que su creación y su cambio de estrategia ha sido la peor decisión política después del poll tax, que provocó la caída de Margaret Thatcher.