La experiencia muestra que el divorcio, concebido como solución a una disputa conyugal, engendra nuevos conflictos. El más notorio es el que surge a propósito de la pensión que los tribunales establecen, en la mayoría de los casos, a favor de la madre -que es la que, casi siempre, se queda con los hijos- y a expensas del padre. El divorcio suele suponer una importante reducción de renta para la madre y los hijos, que el padre debe compensar en virtud de sus obligaciones con éstos. Los frecuentes casos de impago de pensiones, por dificultades económicas o por irresponsabilidad, constituyen el más común casus belli para el bando de la mujer divorciada.
En cambio, es menos conocida la causa de la otra parte en conflicto. La pensión supone a veces una pesada carga para el padre, que por lo general pierde el derecho al domicilio conyugal y tiene que pagar otra vivienda, y que, si vuelve a casarse, se ve en el deber de mantener dos familias. Pero últimamente han aumentado las protestas de los padres divorciados por motivos menos materiales. Se quejan de que los tribunales adjudiquen sistemáticamente a la madre la tutela de los hijos, y de que a menudo se trate de cortarles el trato con ellos impidiendo o dificultando el ejercicio del derecho de visita. La magnitud del problema se adivina por la proliferación de organizaciones nacidas para defender a estos padres. Algunos ejemplos son Padres en rebeldía, S.O.S. Papá, Federación de movimientos de la condición de padre, en Francia; Hombres contra la pensión alimentaria, Padres sin hijos, en Australia. Pueden encontrarse entidades similares en Suiza, en Alemania, en Holanda…
En España se acaba de constituir la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS). Su finalidad es, según su presidente, Juan Luis Rubio, «defender la figura del padre ante las posturas radicales e injustas de algunos movimientos feministas, y sobre todo la defensa de la familia como núcleo principal de la sociedad». En su declaración de intenciones, la APFS señala que, por una parte, la sociedad reclama a los padres separados que cumplan sus deberes con los hijos, y por otra la ley les niega o no protege su derecho a convivir con ellos, a criarlos y educarlos.
Según la APFS, la ley española de divorcio es «injusta y desigual para el hombre», y además viene siendo aplicada «de forma netamente feminista». Estos padres denuncian que el movimiento feminista radical intenta que se considere al padre separado «como un canalla maltratador, único culpable de todos los males que afectan a nuestros hijos en una sociedad insolidaria y competitiva que estas mismas feministas han contribuido a crear con su egoísmo y afán desmedido de una supuesta libertad sexual y de realización personal». Contra esto, exigen que «la ley contemple nuestro derecho natural a ejercer la paternidad de hecho y de derecho en pie de igualdad con la mujer».
Juan Domínguez