Va a comenzar en el Senado francés el debate del proyecto de reforma del Código de Napoleón, que introduce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para expresar la opinión de la calle, ha conseguido un gran éxito la manifestación convocada el pasado domingo en París por diversas entidades y asociaciones en defensa de la familia clásica, y en contra del grave deterioro jurídico para filiación y paternidad que supondrá el reconocimiento “matrimonial” de parejas homosexuales. Es la segunda que se convoca, tras el éxito de la primera celebrada el 13 de enero.
La plataforma cuenta cada vez con más seguidores, incluidos musulmanes y evangélicos. La manifestación ha vuelto a estar muy concurrida. De momento, la policía estima que acudieron cerca de 300.000 personas (1,4 millones, según los convocantes).
La autoridad gubernativa no autorizó el desfile propuesto por los organizadores, en una zona emblemática de París: los Campos Elíseos. Esa negativa motivó que grupos numerosos mostraran su oposición justamente en ese lugar, con una reacción de las fuerzas de seguridad que muchos consideran notoriamente excesiva, sobre todo, por lanzar gases lacrimógenos contra grupos de familias no precisamente agresivos. La represión traerá cola, aunque no la hayan sufrido grupos de la izquierda victimista.
Como suele suceder en estos casos, Interior no reconoce su responsabilidad. Manuel Valls considera que los promotores fueron desbordados por grupos extremistas, y elogia la “sangre fría” policial. Lástima que, entre las personas alcanzadas por los gases lacrimógenos, estuviera Christine Boutin, antigua ministra, presidente hoy del partido democristiano, que debió recibir atención médica.
El exministro de UMP Laurent Wauquiez no ocultaba su indignación, según informa Le Monde: “Es inaceptable lanzar gases contra niños. ¿Es normal que haya fuerzas de orden de la República que tiren contra familias y niños?”. A su juicio, es “justamente el reflejo de la violencia con que el gobierno trata a este movimiento. Es inaceptable. La prefectura de policía debe ser sancionada”.
En esa línea se inscribe la grave acusación lanzada por el ponente socialista del proyecto, Jean-Pierre Michel, que difundió en Internet el 26 de febrero una carta presentando a la oposición como “la peor de las homofobias”, y asociándola a los movimientos racistas.
Desde esferas oficiales se lamenta la politización del evento, también por la toma de postura favorable del Frente Nacional y de dirigentes del partido de Sarkozy, UPM. Pero el proyecto forma parte de política del gobierno, por lo que no es extraño que también su rechazo tenga un significado político. Las encuestas reflejan cotas muy bajas de popularidad del gobierno de François Hollande.
El proyecto del matrimonio gay fue aprobado en la Asamblea por 329 votos a favor y 229 en contra, el pasado febrero. Pero los opositores no se rinden, y habida cuenta de la exigua voluntad política de diálogo que refleja el Gobierno de Francia, los organizadores están dispuestos a promover rápidamente una nueva protesta. También porque, a medida que se expande el movimiento, se profundiza en sus fundamentación doctrinal y en sus repercusiones sociales y políticas. “Queremos boulot (trabajo), no matrimonio homo”, se leía en vallas publicitarias de París, junto con otros carteles inspirados en mayo del 68. El grupo la “Manif pour tous” aborda el problema cada vez con más sensibilidad social. Como dice su principal portavoz, Frigide Barjot, “me he dado cuenta de que hay un vínculo entre la defensa bioética y la defensa social del ser humano” (Le Monde, 23-3-2013).
No deja de ser llamativo que la laica Francia sea uno de los países donde más se está manifestado el rechazo público a un cambio legal sin precedentes.