Garantizar unos sueldos dignos debería ser una prioridad para cualquier sociedad que aspire a ser justa. Así lo creen los conservadores que quieren incluir este objetivo en la agenda profamilia. Por su parte, los progresistas tienen motivos para defender que el apoyo económico a las familias favorece la movilidad social.
En EE.UU., la crisis económica está llevando a algunos intelectuales afines al Partido Republicano a tomarse en serio la acusación de que los conservadores se han desentendido del debate sobre la desigualdad.
Uno de los más influyentes es Arthur Brooks, presidente del American Enterprise Institute. En su libro The Conservative Heart, critica que los republicanos se empeñen en presentarse como los que mejor gestionan la economía. Y les pide que comprendan que “la mayor parte de los norteamericanos quieren políticas públicas que no sean solo económicamente eficientes, sino también moralmente justas”.
Otro pensador que está pidiendo un cambio de rumbo en el conservadurismo norteamericano es Yuval Levin, director de la revista National Affairs. Considerado uno de los ideólogos de Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, Levin sostiene que los republicanos no pueden limitarse a promover el crecimiento económico como remedio para todos los problemas. También deben atajar la falta de oportunidades y la escasa movilidad social que afectan, por ejemplo, a la clase trabajadora, preocupaciones a las que Donald Trump sí está prestando atención.
En España, el grupo con mayor riesgo de pobreza solían ser los mayores; ahora, son las familias con hijos a cargo
Pero mientras el multimillonario neoyorquino se sirve de esos problemas para dividir a la sociedad norteamericana y avanzar en su carrera hacia la Casa Blanca –añade Levin–, el nuevo conservadurismo ha de descollar por ofrecer soluciones basadas en su enfoque “de arriba abajo”; esto es, contando con el apoyo de las instituciones situadas entre los ciudadanos y el Estado: desde las familias a las Iglesias, pasando por las organizaciones cívicas, los sindicatos y las empresas.
Inseguridad económica y matrimonial
Dentro de este empeño por implicar más a los conservadores en los debates sobre la pobreza y la desigualdad se mueve el trabajo del matrimonio David y Amber Lapp, investigadores del proyecto Love and Marriage in Middle America.
Desde hace años, los Lapp estudian por qué la inestabilidad familiar está creciendo sobre todo entre los norteamericanos sin estudios universitarios. En un estudio de 2012, por ejemplo, explicaron cómo su visión fatalista del matrimonio –el éxito o el fracaso depende de que encuentres a la pareja perfecta– influye en su decisión de posponer la boda. Pero esta no termina de llegar, por lo que acaban encadenando una relación tras otra, con hijos de por medio.
Ahora, en un artículo publicado en mayo, subrayan que la inseguridad económica provocada por la falta de unos ingresos dignos es otro factor de inestabilidad familiar, ya que suele acentuar el estrés de las parejas con hijos. Vivir bajo la amenaza constante de que, tanto en el amor como en el trabajo, “puede ocurrir cualquier cosa” refuerza la idea de que “no existe nada sólido sobre lo que se pueda construir; todo depende de la suerte (o del poder)”.
En otro artículo, los investigadores abundan un poco más en ese pesimismo, tan contrario a la filosofía del “sueño americano”. Pero es que este se está resquebrajando para cada vez más jóvenes de clase trabajadora. En 1980, más del 60% de los varones y el 32% de las mujeres de 18 a 34 años sin estudios universitarios tenían un empleo en el que cobraban al menos el equivalente a 16 dólares la hora; en 2014, las proporciones habían bajado al 27% y al 15%, respectivamente.
Un debate moral más que económico
Para corregir esta situación, ha surgido en EE.UU. un movimiento que busca elevar de forma progresiva hasta 2020 el salario mínimo federal de 7,25 dólares la hora a 15. Pero los Lapp lamentan que aquellos “a quienes más preocupa la estabilidad matrimonial suelan quedarse al margen” de este debate, o que incluso se opongan a esa medida porque la consideran perjudicial para la economía.
Los Lapp replican que en el debate sobre los sueldos dignos las razones económicas no son las más importantes, pues estamos ante un asunto que es “en primer lugar moral”. De ahí, por ejemplo, que en la tradición cristiana se hable de un derecho al “salario justo”. El Catecismo de la Iglesia católica lo define como “el fruto legítimo del trabajo”, y considera que “negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia” (n. 2434).
El problema es visible en algunas de las profesiones con mayores niveles de empleo, y cuyos sueldos anuales son de 19.000 a 30.000 dólares (más o menos lo que cuesta al año sacar adelante una familia). En 2014, la remuneración media anual de los camareros rondaba los 21.000 dólares; la de los cocineros, los 19.000; la de los cajeros, los 20.400…
La pregunta de los Lapp es inevitable: “¿Cómo es posible que unos padres con dos o más hijos mantengan a su familia y ahorren un mínimo, con un sueldo anual de 20.000 dólares? Y eso que no hemos mencionado el hecho de que muchos de estos empleos mal pagados rara vez ofrecen seguros médicos u otras prestaciones que los universitarios dan por supuestas”.
Ayudar a las familias, bueno para la movilidad social
Para los progresistas, tampoco es difícil encontrar razones de justicia para impulsar la ayuda económica a las familias. Al igual que el sociólogo de Harvard Robert Putnam subraya la relación entre el nivel socioeconómico y educativo de los padres, la estructura familiar y las oportunidades de sus hijos, en España un informe de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) asocia el apoyo a las familias con hijos a una mayor movilidad social.
David y Amber Lapp lamentan que aquellos a quienes más preocupa la estabilidad matrimonial suelan quedarse al margen del debate sobre el salario mínimo
La explicación que dieron los autores en la presentación del estudio es sencilla: dado que la pobreza de los padres es un predictor de la “pobreza futura” de los hijos –8 de cada 10 personas reviven de adultos las graves dificultades económicas que sufrieron de niños–, las medidas de protección social pueden servir para romper esa espiral.
Con las personas mayores ha funcionado: en España, solían ser el grupo con mayor riesgo de pobreza, pero ahora lo son las familias con hijos a cargo. Para los investigadores, el vuelco responde a que las ayudas a los mayores se ven con toda naturalidad, “mientras que la inversión en infancia se observa como una responsabilidad de los progenitores”.
El resultado es que la tasa de pobreza en los hogares sin hijos dependientes es del 16%, frente al 28% en los hogares con hijos a cargo. El porcentaje asciende hasta el 44% en el caso de las familias con tres o más hijos pequeños, y hasta el 42% en el de las familias monoparentales con menores.
Esta brecha entre familias con y sin hijos a cargo es tres veces menor en la UE. Los autores del estudio lo atribuyen a la enclenque política familiar que hay en España: las ayudas a la familia y a la infancia representan allí el 5,3% del gasto en protección social, mientras que en el promedio de la UE supone el 7,5%.