Cada vez más hijos experimentan durante la infancia el divorcio de sus padres. Ante este fenómeno, el Consejo de Europa ha adoptado un proyecto de convención con el fin de reforzar los derechos de los niños en los procesos de divorcio o separación.
El proyecto -adoptado el pasado 25 de abril- reconoce el derecho de los niños a estar informados y a expresar su opinión durante los procesos judiciales: por ejemplo, al determinar con quién vivirá habitualmente. También permite pedir la designación de un representante especial del niño para los casos en que ninguno de los padres pueda representarle por haber un conflicto de intereses.
Se establece que, cuando se proceda al divorcio o la separación, el niño tiene derecho a contar con un abogado o una persona elegida por él, que le represente. Y la autoridad judicial queda obligada a asegurar que, en esos casos, los menores han recibido toda la información necesaria y han sido consultados.
Al margen del proyecto, la legislación prevista para proteger a los hijos de padres divorciados varía mucho de un país a otro. En los países nórdicos funcionan desde hace varios años las oficinas de defensa del menor.
En algunos países, como Suecia, los mayores de quince años pueden organizar acciones legales independientes, mientras que en otros, como Italia, el niño no tiene legalmente el derecho a ser escuchado, aunque los jueces mantengan la facultad de hacerlo.