En su despedida legislativa, el Congreso español ha aprobado uno de esos cambios que necesita lo políticamente correcto para creer que está modelando la época y mantener así alta su autoestima. Aprovechando que se aprobaba la Ley de Adopción Internacional, ha cambiado el artículo del Código Civil que decía que los padres o tutores “podrán corregir a los menores razonable y moderadamente”. A partir de ahora dirá que “ejercerán su cargo de acuerdo con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica”. Se ha dicho que este cambio elimina el último resquicio legal del castigo físico a los niños, como si a partir de ahora un cachete o un azote fuera delito.
“El bofetón queda fuera de la ley”, titula algún diario, para dar la impresión de que la corrección “razonable y moderada” justificaba hasta ahora los malos tratos contra los niños. En realidad, desde el punto de vista de la aplicación de la ley no cambia nada, puesto que ya antes se podía sancionar a un padre que diera una paliza a su hijo o le sometiera a un trato vejatorio. La protección de menores no la ha inventado este gobierno. Tampoco parece que se pueda denunciar a un padre porque un día pierda los nervios y le da un cachete a un hijo en casa o en la calle. Como advierte el experto en derecho de familia Luis Zarraluqui, “el incumplimiento de un deber civil no implica necesariamente una sanción penal, es decir, un delito”.
Los propios promotores del cambio dicen que lo que se pretende es “impulsar un cambio cultural, generalizar la idea de que a los niños no se les puede pegar de ninguna manera”, según un diputado socialista. Es verdad que no se educa a un niño a base de pegarle y que a veces el cachete es síntoma de que los padres han perdido el control y carecen de otros recursos educativos. Pero una cosa es una paliza y otra un azote. No es lo mismo un cachete esporádico que utilizarlo como forma de corrección habitual. No hace el mismo efecto un cachete a un niño que se sabe querido por sus padres que a otro que se siente abandonado. Nadie niega que toda corrección debe ser moderada, con un propósito educativo y sin que los padres pierdan los papeles. Pero a veces un gesto físico es también un modo pedagógico de marcar límites y ejercer la autoridad.
Pero el fundamentalismo pedagógico PC no admite matices. Y ahora que se ha echado al Estado de la alcoba hay que meterlo en la sala de estar, para legislar cómo deben corregir los padres a los hijos.
Déficit de corrección razonable
Esta intromisión en la privacidad de las familias podría tener más sentido si hoy hubiera un difundido maltrato a los niños y un creciente autoritarismo de los padres. Pero si de algo se quejan los profesores en la escuela es de que muchos padres han abdicado de su autoridad respecto a los hijos y de que les consienten todo. Aseguran que la disciplina escolar se resiente porque los niños no están acostumbrados a que nadie les marque límites. Y cuando los padres no saben hacerse respetar, es difícil que los hijos sepan respetar a sus profesores. Al mismo tiempo, nunca han sido tan habituales el acoso escolar, las agresiones a profesores y la indisciplina. Todo parece indicar que si algo ha faltado es esa “corrección razonable y moderada” que ahora se ha expulsado del Código Civil.
Siempre se ha dicho que educar es corregir, y nada impide que se pueda corregir respetando la integridad física y psicológica de los niños. En cambio, la postura rousseauniana piensa que el niño es un pequeño demócrata razonable con el que se puede llegar a arreglos siempre a través del diálogo, y sin amenaza de castigo. Como escribía la psicóloga clínica Patricia Dalton, estos padres que no imponen nada “son igualitarios, y creen que sus familias deberían ser democracias. No hace falta decirlo: no dan órdenes. Creen que los niños harán las cosas cuando estén preparados para ello. Preguntan a sus hijos educadamente si harán algo y se sorprenden y consternan cuando la respuesta es no”. Si algo advierten hoy profesores, pediatras y terapeutas es que cada vez hay más padres que no saben hacerse respetar por sus hijos, ni imponer criterios ni exigir conductas.
Por eso, el cambio del Código Civil, aun lleno de buenas intenciones, envía una señal inoportuna. Es como tomar precauciones en los Monegros contra las inundaciones.
Lo curioso es que se piense que cualquier mínimo castigo físico puede causar un trauma a los hijos, mientras que otras situaciones mucho más peligrosas para su integridad psicológica se acepten como normales. Basta pensar en los traumas psicológicos que causan en tantos hijos esas 150.000 rupturas matrimoniales que se producen cada año en España y que crecen a un ritmo del 7,5% anual. Es fácil decir que los hijos se acostumbran, que después lo superan y que hay muchos modelos de familia. Pero una sólida literatura científica y la mera observación de la realidad muestran la honda repercusión que tiene el divorcio de los padres en el equilibrio psicológico, en la madurez afectiva y hasta en el rendimiento escolar de los hijos.
Este “bofetón psicológico” es sin duda mucho más duro que uno físico. Sin embargo, la ley ha hecho muy poco por frenarlo. Al revés, con el divorcio exprés -otra conquista social de este gobierno-, romper un matrimonio de modo unilateral es más rápido que renovarse el carnet de identidad. Pero en este caso es de mal gusto preguntar si se respeta la integridad psicológica de los hijos.