Montevideo. «Se considera una unión concubinaria la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera que sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusivo, singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí». Así dice el proyecto de Ley de Unión Concubinaria que Uruguay se apresta a aprobar.
Una vez aprobado el proyecto, las parejas que quieran registrarse como concubinos podrán hacerlo en el Registro Civil, tras probar que viven juntos desde hace cinco años. Desde ese momento el deber de fidelidad mutua quedará vigente mientras permanezcan en la misma casa. Habrá mecanismos para disolver legalmente la unión. Entre las exigencias que deben prestarse, se encuentra el darse asistencia recíproca, ayudarse mutuamente en materia económica de acuerdo a las posibilidades de cada integrante y la obligación de la fidelidad mutua. Estos deberes son idénticos a los del casamiento civil, el único válido en el país.
Junto con la intención de despenalizar el aborto -incluida en la llamada Ley de Salud Reproductiva pero no lograda aún-, el Frente Amplio (que aglutina desde partidos democristianos hasta comunistas) ve cumplir en parte sus aspiraciones en cuestiones sociales.
Problemas presupuestarios
Un problema jurídico ha retrasado la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados, donde se discute estos días. Después de ser aprobada en el Senado, se ha descubierto que podría ser inconstitucional, ya que establece partidas presupuestarias estatales -de pensiones- sobre las que tiene decisión el poder ejecutivo. Uno de los artículos de la iniciativa establece que un concubino perciba una pensión en caso de quedar «viudo».
En estos momentos, el oficialismo se encuentra abocado a estudiar cómo la ley puede encajar en el presupuesto o, de lo contrario, que la Cámara de Diputados dé vía libre a la iniciativa y enmendar los artículos que haga falta. Entre la izquierda existe el temor de que el ministro de Economía, Danilo Astori, sea renuente a dedicar dinero para este proyecto, que debe pasar por su firma y por la del ministro de Trabajo. De cualquier manera, todo hace indicar que la ley saldrá adelante ante una oposición debilitada en el Parlamento.
En Uruguay el concubinato se ha extendido en los últimos años. En 1980 representaba solo el 12,6% del total de las parejas formadas por personas de 15 a 49 años; en 2006, la proporción había subido al 27,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Si bien el gobierno socialista, que encabeza el presidente Tabaré Vázquez -en el poder desde marzo de 2005-, estudia agregar a esta legislación el matrimonio homosexual, esperará un tiempo más al considerar que existen «otras prioridades».
Los obispos uruguayos publicaron hace unos días una nota acerca del proyecto legislativo. En ella afirman que les «merece serios reparos» porque «no puede aceptarse la equiparación de la unión de hecho con el matrimonio que comporta un conjunto de previsiones que protegen su finalidad, su armonía y su estabilidad, a través de la mutua fidelidad». A ello añaden que «de ninguna manera puede aceptarse que la convivencia homosexual, que no reúne las condiciones básicas que definen el matrimonio, se equipare con él». Concluye afirmando que «no es positivo ni aceptable desdibujar o debilitar la imagen del matrimonio como base de la familia».