Análisis
El 27 de diciembre de 2002 se aprobó la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece en uno de sus artículos que los municipios «podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles» (IBI) a favor de cuatro sectores de la sociedad: familias numerosas (tres hijos o más), minusválidos, viviendas de protección oficial e iniciativa empresarial. El objetivo era aliviar la presión fiscal y apoyar a estos sectores desde la Administración local. No obstante, la ley deja un amplio margen a cada ayuntamiento para decidir la clase de inmueble, duración de la bonificación, compatibilidad con otros beneficios fiscales, etc.
El plazo para incluir la deducción en las ordenanzas fiscales finalizaba el 1 de abril, de ahí que ya se puedan sacar al menos dos conclusiones. La primera es que se han aprobado las mayores rebajas donde las asociaciones de familias numerosas son más activas y están mejor representadas, con independencia del partido en el poder. Y la segunda, que los partidos no tienen políticas familiares coherentes en todo el territorio nacional.
La iniciativa de las asociaciones, en especial la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), ha sido decisiva para la aprobación de deducciones, ya que las ordenanzas fiscales para 2003 estaban aprobadas desde el 1 de enero y el plazo para incluir las rebajas terminaba el 1 de abril. Consciente de la premura, la FEFN solicitó a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, Rita Barberá, que instase a todos los ayuntamientos del país a que aplicasen la rebaja del IBI a las familias numerosas. La Federación de Municipios trasladó esta petición a los ayuntamientos a través de una carta circular y alojó la información en su web. Asimismo, la FEFN envió a las asociaciones integrantes de la Federación cartas modelo para facilitar que los alcaldes iniciaran los trámites.
Si las asociaciones hubieran permanecido quietas no habría habido mayor movimiento, ya que el IBI es una de las fuentes importantes de financiación municipal. Esto es obvio; lo clamoroso ha sido la falta de unidad de políticas familiares de los partidos, a pesar de que casi todo el espectro político nacional ha manifestado con más o menos entusiasmo su compromiso con la familia. Y no solo por el amplio margen de decisión que prevé la ley (según el nivel de renta; según el valor catastral del inmueble; según el número de hijos, etc.), sino porque un mismo partido ha aprobado el máximo de la deducción en unos lugares y cero en otros.
En Madrid, en manos del Partido Popular (PP), no se han aprobado deducciones. Barcelona, gobernada por el Partido Socialista (PSOE), inicialmente se negó pero después, gracias a la presión de las asociaciones familiares catalanas y de la oposición, aprobó una deducción fija de 53 euros. En Toledo (gobernada por el PP) se aprobó con la abstención de PSOE e Izquierda Unida.
Los ejemplos se repiten en toda España: Córdoba (Izquierda Unida) aprobó una subvención, no una rebaja; Salamanca (PP) aprobó la rebaja del IBI con el voto en contra del PSOE; La Coruña (PSOE) aprobó una deducción en función del número de hijos y el nivel de renta. La falta de coherencia se ha dado también en la oposición: partidos que han aprobado un modelo en un lugar, se han opuesto al mismo en otros. Otras veces se han abstenido. Y para completar las posibilidades, algunos municipios han aprobado las deducciones con el voto favorable de la oposición.
Según José Ramón Losana, presidente de la FEFN, «la familia no puede estar sujeta a las distintas sensibilidades o limitaciones presupuestarias de cada momento y, mucho menos, a los vaivenes políticos»; de ahí que insista de nuevo en la necesidad de un pacto de Estado a favor de la familia, sobre todo ahora que casi todos los aspectos que afectan a la familia están transferidos a las Comunidades Autónomas. Le sirve el ejemplo de las pensiones: «Un jubilado cobra lo mismo con independencia del lugar donde resida: así debería tratarse a la familia. Ya hay suficiente discriminación respecto de otros países europeos como para que se produzcan desigualdades dentro del territorio nacional», concluye.
El gobierno central arguye que estos asuntos dependen ahora de las autoridades regionales. Por eso Losana recuerda que el gobierno -a pesar de que ha tenido muy en cuenta a la familia en la reciente reforma del IRPF y de que ha anunciado una nueva ley de protección de las familias numerosas para el mes de mayo- sí es competente para aprobar, por ejemplo, la prestación por hijo a cargo, como en otros países europeos, sin tener en cuenta la renta familiar ni el trabajo de la madre; la deducción del impuesto estatal incluido en la factura de electricidad, ya que las familias numerosas consumen mucha energía; o la creación de una Secretaría de Estado de la Familia (algunos países tienen un Ministerio de la Familia) dependiente de la presidencia del gobierno y no del Ministerio de Trabajo, como ahora, porque la familia afecta a políticas transversales de muchas más áreas (vivienda, educación, etc.).
La razón para promover políticas familiares satisfactorias está, entre otras cosas, en el censo: en España viven 1,5 millones de familias numerosas. Esto significa que 8 millones de personas, el 20% de la población, pertenecen a una familia numerosa. Losana tiene ahora un nuevo dato: el 40% de los nuevos votantes que podrán participar en las elecciones de 2004 son hijos de familias numerosas. A los candidatos les conviene unificar sus políticas familiares.
Ignacio F. Zabala