Gustavo Petro (foto: Andrea Puentes)
El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro vive en estado de constante controversia, en modo crisis, si se pudiera poner en otras palabras. Este estado de inestabilidad no obedece al debate de las ideas, a las propuestas audaces o a un carácter deliberativo y agitador del jefe de Estado, sino a situaciones en donde las faltas éticas, las disputas con otras ramas de los poderes públicos y con la prensa, son las razones del terremoto político que no se detiene.
El presidente no tiene estrategia, carece de norte y, por el contrario, es impulsado por una megalomanía que lo conduce y a su equipo cercano a querer cambiarlo todo. No obstante, existe decisión y un empeño férreo, por imprimir el sello de la izquierda latinoamericana en la política y las instituciones colombianas.
El síndrome de Adán se hace presente en sus reformas y diagnósticos sobre los diferentes sectores del país; nada funciona, los gobiernos anteriores han sido servidores de élites y no del pueblo, y por lo tanto cada asunto público debe ser revisado y modificado: la salud, las pensiones, el agro, el sistema político y laboral, el sector energía y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, entre otros.
Este huracán reformista que sopla desde la Casa de Nariño hacia su vecino, el Congreso de la República, es una fuerza de la naturaleza en retórica y diagnósticos, pero un susurro en cuanto a la sustancia y el orden de los miles de artículos que integran las leyes del gobierno del cambio. Muy temprano, el ejecutivo anotó un triunfo con la reforma tributaria. Una ley inaplazable para aumentar impuestos en algunos sectores y aumentar el recaudo para cubrir parcialmente el hueco generado por el gasto realizado durante la pandemia. Expertos, entidades multilaterales, políticos y sociedad eran conscientes de la necesidad de esta reforma. Llenos de confianza en esta victoria, el gobierno Petro pisó el acelerador y con la audacia que lo ha caracterizado desde sus años como senador, el presidente puso todas las fichas sobre la mesa, presentando tres reformas adicionales cuyo contenido es revolucionario y podría cambiar el rumbo del sistema de salud, el ahorro pensional y la normatividad laboral colombiana.
A esta ráfaga de leyes, proporcional ha sido la reacción de los diferentes gremios que representan cada uno de los sectores que pretenden ser transformados. Diversos grupos médicos han protestado, recogido firmas y ocupado los medios de comunicación para alertar sobre los peligros del cambio brusco y nocivo que el gobierno impulsa y podría afectar el aseguramiento de los colombianos y la calidad de los servicios de salud.
Semejante a lo anterior, empresarios, economistas –incluso del Banco Central– y líderes gremiales, se han volcado al debate público para señalar los peligros que supone la reforma laboral y cómo esto podría redundar en el aumento significativo de la ya altísima informalidad laboral del país. Mientras tanto, la ministra de Salud ha reconocido que dicha ley no tiene por objeto generar empleo. Una contradicción a todas luces.
En el plano de los hidrocarburos, que son vitales para las finanzas públicas del país, las transferencias a las diferentes regiones y más importante aún, para la seguridad y soberanía energética de Colombia, la ministra de esta cartera, con pleno apoyo y autorización por parte del jefe de Estado, se ha empeñado en contra de toda la evidencia y las alertas que incluso entidades del gobierno han señalado sobre el riesgo de no seguir explorando yacimientos de gas y petróleo. Haciendo caso omiso de voces autorizadas, estudios técnicos y el llamado de atención incluso del propio Ministerio de Hacienda, Petro y su ministra encabezan galopantes una cruzada contra el cambio climático global, aun teniendo en cuenta que Colombia no aporta ni medio punto porcentual de los gases de efecto invernadero que calientan el globo.
En el plano internacional, el cambio también ha sido evidente. Petro se ha reunido más veces con Nicolás Maduro que con cualquier otro mandatario. A pesar del tinte dictatorial e ilegítimo del régimen venezolano, Petro vive empeñado en normalizar las relaciones bilaterales de Maduro con los países del mundo. Otra de sus grandes apuestas es ésta, la de ser el mediador entre Venezuela y la comunidad internacional que lo ha rechazado y marginado de la conversación institucional de las naciones.
Sin embargo, Petro, quien es un hombre de profunda experiencia y recorrido en el mundo de lo público, ha sabido mantener la simpatía y la cortesía con el presidente y gobierno de los Estados Unidos. La última vista a Washington resultó en un comunicado conjunto con compromisos e inversiones importantes por parte de los norteamericanos en Colombia. Un poco más adelante, y ante el honor de ser recibidos por los reyes de España en visita de Estado, Petro inundó los recintos del gobierno ibérico con discursos extensos, analíticos y con tono de líder regional, más que de un país suramericano. El discurso ambiental define y orienta el mensaje internacional del presidente, atrás han quedado los llamados de otros presidentes colombianos por enfrentar el crimen, luchar contra las drogas y buscar con énfasis la inversión empresarial en Colombia.
Otro de los asuntos en donde el presidente tiene puesta su mira y energía, es en la “paz total”. Un proceso de negociación con diversos grupos armados ilegales, incluso algunos sin motivaciones políticas, y que no son más que organizaciones narcotraficantes. Esto nunca había pasado en la historia nacional. Otros presidentes con más o menos éxito, intentaron negociar con uno o dos grupos en simultánea, el gobierno del cambio pretende hacerlo con todas las organizaciones que manifiesten interés en hacerlo. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), existen al menos 24 grupos armados ilegales que tienen interés en sumarse a la negociación. Adicionalmente, otro de los asuntos más controversiales de esta iniciativa, consiste en que el gobierno abre nuevamente las puertas a las denominadas disidencias de las FARC, quienes son aquellos que rehusaron a desmovilizarse en el último proceso de paz. Esto ha generado rechazo incluso de los más férreos defensores de la búsqueda negociada de la paz.
Así, con la bandera ideológica –en todo el sentido de la palabra– del cambio, el presidente de Colombia avanza con paso decidido en su objetivo por dejar una huella profunda en la historia de Colombia como el primer gobierno de izquierda. Más allá de las múltiples reformas, el nuevo enfoque internacional y el objetivo de la paz total, las ideas del cambio gradual y la moderación política se han desteñido con el nuevo gobierno colombiano. Petro con su gabinete, seguirán luchando con decisión por implementar el cambio, el cual, parece que sólo es comprendido por ellos, pues al momento de escribir esta columna, el presidente está en el nivel de popularidad más bajo, sin haber terminado el primer año del gobierno y con una coalición política en el legislativo que se desintegra aceleradamente. No ha terminado el primer año de gobierno, y lo que se puede vislumbrar en este torbellino, es mucho desorden y a su vez, profunda determinación.