De un país cuya inclusiva Constitución asegura que “todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos” (art. 67) y que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública…” (art. 143), no nos quedaría duda de que es una suerte de Jauja de la democracia y de la igualdad de género.
No, no vaya a Google: es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un texto con derechos y derechas para todos y todas, siempre que Ud. no sea –precisamente– de derechas, o tenga la insana costumbre de querer cenar todos los días, diferir del gobierno en público, votar a quien mejor le parezca, etc. Porque el papel, en efecto, no tiene por qué casar necesariamente con la realidad: en una sociedad amparada por tan igualitaria Carta Magna, se inhabilita por igual a opositores y opositoras, y si la policía sale a reprimir a descontentos de ambos sexos, reparte para todos (eso sí, con respeto a la diversidad de género): para ellos, un apaleamiento; para ellas, una paliza.
Quizás por esa enorme disonancia, por la constatación de que se puede forzar un lenguaje muy “inclusivo” y “empoderador” mientras se priva de libertad a millones de personas; o porque hay comunidades en las que se hablan lenguas que no tienen un género gramatical masculino abarcador, pero en las que no se respetan más los derechos de la mujer que en las sociedades hispanohablantes, recientemente los miembros de la Real Academia Española han exhortado –a su modo– al Congreso de los Diputados a serenarse en este asunto.
En su nota sobre las “Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria”, publicadas en diciembre por la Mesa del Congreso, los académicos recuerdan que “las sociedades en las que se hablan lenguas que organizan de otra forma las propiedades morfológicas del género, así como las relaciones de concordancia, no son necesariamente más democráticas que la nuestra”.
¿Un ejemplo? El farsi, la lengua de Irán: no tiene género gramatical, con lo cual, no se conoce de reclamos feministas por un lenguaje inclusivo. Si las mujeres salen a la calle con indignación es por otros asuntos, como que se les obliga a vestir como no quieren y se les multa o golpea si no lo aceptan calladitas. Algunas mueren –se les da muerte– solo por alzar la voz. Y ello mientras, por estos lares, Sus Señorías discuten sobre el sexo de los ángeles.
La idea es, de alguna manera, ponerle fórceps a la lengua –no al músculo, sino al sistema, al vehículo de comunicación– para que corrija lo que algunos entienden como una injusticia. Y en las “Recomendaciones” de la Mesa hay de todo.
Se “sugiere”, por ejemplo, que en el Hemiciclo no se empleen las formas los empleados, los funcionarios, los ciudadanos, sino el personal, el funcionariado, la ciudadanía, para evitar que el femenino quede “invisibilizado” en el plural masculino –“lo que no se nombra no existe”, dijo allí en su día la socialista Adriana Lastra–. Solo que los primeros son sustantivos individuales concretos, actuantes, mientras que los segundos son colectivos y abstractos, y no necesariamente son intercambiables los casos. La presidenta del Congreso puede anunciar, por ejemplo, que se recesa para que la Cámara vaya a comer. Pero quienes mastican, tragan y beben son los diputados –ellas y ellos–, gente de carne y hueso, no Cámara alguna. No será gramaticalmente incorrecto, pero quien suelte eso en el plenario sonará, como dicen en mi tierra, bastante picúo.
No es la única sugerencia interesante. También, quizás para evitar algún disgusto entre el personal de mantenimiento del Congreso, se anima a aparcar plurales masculinos referidos a oficios, como los carpinteros, los pintores, los cerrajeros, y usar, en cambio, oficiales de carpintería, de pintura, de cerrajería, etc., sin caer en la cuenta de que esto no “visibilizará” gramaticalmente lo femenino, pues… ellas seguirán incluidas entre los oficiales cuando se aluda al conjunto.
“¿Más cositas?”, que diría mi carnicero. Sí: sustituir la voz activa por el uso de voz pasiva más gerundio: en vez de “los miembros de la Junta de Personal propondrán soluciones”, habría que decir: “Se propondrán soluciones por la Junta de Personal”. O sea, complicar el mensaje; hacerle nudos innecesarios a una polea. Todo para evitar obsesivamente el masculino miembros. ¿Y qué tal si dijéramos “las personas que integran la Junta propondrán…”? ¿Entonces sí “colaría” la voz activa?
Hay más, mucho más, pero aquí lo dejo. Los autores de estas “Recomendaciones” dicen haber tenido en cuenta tanto “las reglas gramaticales vigentes” como las sugerencias de la RAE al Parlamento en 2020, cuando la dulce matraca del lenguaje inclusivo y sus “aportes” –¡aquel delicioso “portavoces y portavozas”…!– ya les arrancaban lágrimas de bronce a los leones de la escalinata. Sí, han entendido algunos argumentos –como que era innecesario usar @, e y x como marcas de género inclusivo–, pero no todos, por lo que los académicos han salido al ruedo a decir que no, que la RAE sigue sin suscribir cosas como las mencionadas más arriba.
¿Qué hará la Mesa del Congreso con el nuevo aviso? Algunos de sus miembros, con seguridad, pensarán que la RAE bien podría cerrar el pico, porque ¿qué podría enseñarles –y con qué autoridad– una institución del siglo XVIII a unos diputados del XXI, curtidos en la escritura en el Insta y el Equis-antes-Twitter, y radicalmente convencidos de que antes de llegar ellos “todo esto era campo”, un solar enyerbado de injusticia y opresión (sí, también lingüística)?
“Parece evidente que (los académicos) siempre van unas cuantas décadas tarde, especialmente en materia de igualdad”, decía en 2021 un polémico diputado de Unidas Podemos. Para él –y para aquellos de su cuerda que habitan la Mesa–, la RAE es una especie de señor feudal que dispone a su antojo de unos dominios (la lengua) y manipula a unos siervos (los hablantes), y no lo que es: un notario que registra lo que utiliza o deja de utilizar la mayoría de los hispanohablantes, para solo entonces fijar la norma y que no demos todos en una babel de disparates, ocurrencias y malentendidos.
Claro que, para quienes creen estar poniendo la primera piedra de todo en España, entender esto –y aceptarlo– es demasiado pedir.