Montevideo. Argentina vive una creciente ola de violencia y delitos que tiene a la población al borde de la desesperación. Dentro del grueso paquete de reclamos al actual gobierno de la presidenta Cristina Fernández, la inseguridad, que está muy unida al aumento de la pobreza y a la expansión de drogas baratas, es uno de los temas de mayor carga social y política.
Expresión de ello fue la masiva marcha llevada a cabo el pasado 18 de marzo en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires, bajo la bandera de “¡Digamos basta!” a la falta de seguridad. Concurrieron 50.000 personas, según los organizadores, 10.000 de acuerdo a la Policía bonaerense. Otras manifestaciones convocadas por organizaciones no gubernamentales también se realizaron en diferentes ciudades argentinas.
Este tipo de marchas ha tenido cierto efecto en el pasado reciente, en un país propenso a salir a las calles para protestar. En 2004, el empresario Juan Carlos Blumberg lideró una serie de manifestaciones contra la inseguridad tras la muerte de su hijo Axel y hasta se convirtió en uno de los opositores más fuertes del entonces presidente, el peronista Néstor Kirchner. Logró que se establecieran algunas penas más severas contra los delincuentes.
Auge de los guardias privados
Pero la criminalidad no se ha detenido y ha ido en aumento. Según el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la región argentina más afectada por la ola de violencia, entre enero y noviembre del año pasado hubo más de 90.000 delitos. Se registraron más de 3.000 delitos por cada 100.000 habitantes, lo que supone que uno de cada 32 ciudadanos argentinos fue víctima de la criminalidad. Si bien los funcionarios provinciales aseguran que las fuerzas policiales están desbordadas y sin recursos, el ministro de Justicia y Seguridad del país, Aníbal Fernández, señala que Argentina no está peor que otras naciones de la región como Brasil o México.
En Buenos Aires y en el resto de las ciudades importantes del país, se han disparado los servicios de guardias privados y la compra de implementos que favorezcan la seguridad. Las urbanizaciones cerradas, conocidas como countries, se convirtieron en el lugar favorito de las clases altas.
Un hecho ocurrido en Semana Santa marca de forma paradigmática este fenómeno. Como forma de detener los hechos delictivos, los vecinos de la localidad bonaerense de San Isidro, de clase alta, pidieron la construcción de un muro que los separase de San Fernando, donde se encuentra un barrio pobre, Villa Jardín. Los habitantes de esta zona se sintieron discriminados y destruyeron los bloques de cemento con que se había empezado a construir la valla. El problema tomó cariz nacional y la Justicia ordenó detener el levantamiento del muro.
Polémica sobre más penas
La pena de muerte también se instaló en el debate cotidiano, luego de pedirla la estrella de la televisión argentina, Susana Giménez, afectada por el asesinato de uno de sus colaboradores a mano de delincuentes. Más tarde se retractó, pero no evitó la onda expansiva de sus palabras, muy difundidas en los medios argentinos. A ella se sumó otra figura televisiva, Marcelo Tinelli, y el ex futbolista Diego Maradona, quienes pidieron más seguridad pública.
El gobierno de Cristina Fernández desechó la posibilidad de admitir la pena de muerte y de imponer leyes más duras. En el fuego cruzado se ha visto afectada la reputación de los jueces y de la Corte Suprema, a los que se les exige más severidad con los criminales. Entre los propios letrados hay diferencias, pero la opinión predominante entre ellos es que existe una manipulación de algunos sectores políticos y mediáticos con el asunto de la inseguridad.
Una opinión parecida sostiene la presidenta, que ha acusado a la oposición de instrumentalizar la inseguridad, justo en un año donde se celebran -en junio- elecciones legislativas. Pero la propia Cristina Fernández ha reaccionado frente a la falta de seguridad y ha anunciado medidas al respecto.
A fines de marzo, un día después de que el Parlamento aprobara el adelantamiento de los comicios legislativos a pedido de los Kirchner, la mandataria aseguró que el plan incluirá nueva tecnología -500 coches con GPS y 5.000 cámaras de video- y personal policial -6.800 efectivos para patrullar las calles-. La iniciativa comenzará por aplicarse en las provincias de Buenos Aires y Mendoza, las zonas más afectadas por la delincuencia en el país.
La droga de los pobres
La escalada en la delincuencia tiene mucho que ver con la pobreza en Argentina. Según el gobierno, el 15,4% de la población se encuentra en la pobreza frente al 57,5% de 2002; de acuerdo a economistas, organizaciones no gubernamentales y la Iglesia católica, la cifra es más alta, incluso el doble. Y la pobreza se encuentra directamente vinculada a las drogas.
La “droga de los pobres” es el “paco”, una droga compuesta por desechos de la cocaína y que es sumamente adictiva y tóxica. El consumo aumentó sideralmente desde 2001 con los primeros síntomas de la crisis y su uso se multiplicó por cinco en los últimos tres años. Esto propició más indigencia, deserción escolar -muchos se inician en la droga a los siete años-, violencia, delincuencia y choques entre narcotraficantes.
Las madres de los jóvenes consumidores se han propuesto lograr del gobierno políticas de prevención y para ello realizan una marcha todos los jueves por la mañana, identificadas con pañuelos negros, frente al palacio presidencial en la Plaza de Mayo. Pretenden que la droga, por las que muchas han perdido a sus hijos, se convierta en un asunto de salud, educación, desarrollo social y trabajo a nivel gubernamental. Oficialmente, existen unos 180.000 adictos al “paco” y la adicción se ha extendido ya a las clases medias.
Un informe de la Iglesia católica, que no cayó bien en el gobierno, denunció a principios de abril que en las villas (zonas pobres) ya existe una “despenalización de hecho” de las drogas. El Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia agregó que la droga se ha “instalado con fuerza” en los asentamientos de Buenos Aires, sin que las autoridades reaccionen ante el “veneno” que los muchachos tienen en sus manos, en referencia al “paco”. Y el Jueves Santo, el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, advirtió que las drogas se adueñaron de los jóvenes y que en la capital argentina predomina “la agresión y la violencia”.
La violencia, el crimen, la pobreza y las drogas son en Argentina algo más que una “sensación” como aún se empeña en afirmar la presidenta Cristina Fernández.