Aún quedan un millón de hectáreas de terreno ocioso sin entregar, aunque hay miles de solicitudes pendientes de personas dispuestas a explotarlas
Cuando hace tres años el gobierno cubano autorizó la entrega de tierras en usufructo a todo aquel que deseara trabajarlas, Raúl Torres vio los cielos abiertos. Este productor de Villa Clara, provincia del centro del país, recibió 13,42 hectáreas que ha logrado convertir en un lucrativo negocio ganadero.
“Yo siembro caña y king-grass para mis animales —explica a la TV cubana—. No se puede esperar que el Estado te provea la comida del ganado; esa debe ser obligación del criador. El año pasado entregué al matadero nueve toneladas de carne, y este año ya voy por siete. Tengo 20 toros en ceba semintensiva, y una producción de leche de 180 litros diarios”.
El joven Yunieski, también villaclareño, ha sabido sacarle el jugo al surco. No es ganadero, sino un hábil horticultor que produce toneladas de pepino, tomate, boniato y frijoles, y que quiere más terrenos para aumentar sus cosechas.
Aunque se permite la agricultura privada, la comercialización sigue siendo monopolio estatal y poco eficiente
Pero no todo anda bien con los nuevos usufructuarios. En la propia provincia, a más de mil les han sido retiradas sus tierras por no ponerlas en explotación, o por haberlas dado a terceros. La cifra total de los que han perdido el usufructo es de unos 9.000 en todo el país, si bien son minoría: se estima que 130.000 personas han recibido tierras, de los cuales 71.000 “ponen la mano en el arado” por primera vez.
El Decreto-Ley número 259 de 2008, que autorizó la entrega de tierras ociosas en usufructo, estableció la obligación de ponerlas a producir, para lo cual se otorgó luego un plazo de dos años.
La medida, aunque se ajusta a la ley, trae polémicas, máxime cuando los propios funcionarios del Ministerio de la Agricultura reconocen que la mayoría de las tierras estaban invadidas por marabú (un arbusto espinoso) y otras malezas. Luego algunos se preguntan por qué se fue tan exigente con los que recibieron tierras hace solo dos años, y no se actuó de igual forma con aquellos que las tenían hacía mucho más tiempo y las dejaron enyerbarse.
La respuesta parece estar en los insistentes llamados del presidente Raúl Castro a la eficiencia agrícola, en un país que importa hasta el 80% de los alimentos que consume. Y el objetivo se traduciría en poner toda la tierra en manos realmente trabajadoras, una meta todavía lejana, pues aún queda un millón de hectáreas sin entregar, aunque hay miles de solicitudes pendientes.
Por lo pronto, el Ministerio de la Agricultura continúa comprando tierras declaradas ociosas por las cooperativas —para entregarlas a usufructuarios— y presionando a empresas que se niegan a liberar sus terrenos baldíos, mientras el Centro Nacional de Control de la Tierra trabaja en la elaboración de un censo sobre el uso de esta.
Demoras vs. producción
Varios fueron los escollos que tuvieron que enfrentar los campesinos beneficiados por el Decreto Ley 259: desde la falta de conocimientos para calcular la cosecha, hasta la carencia de herramientas agrícolas.
A menudo sin otros medios que el esfuerzo propio y la iniciativa, los usufructuarios se enfrentaron a grandes extensiones de malezas, y aunque los terrenos quedaron limpios, muchas veces la primavera los sorprendió sin las tierras preparadas para plantar tras las primeras lluvias.
La venta de insumos, implementos y maquinaria prometida por el Estado no tuvo el impacto esperado. Aunque se habilitaron más de mil tiendas, los altos precios de los enseres agrícolas provocaron que estos se acumularan en los patios de algunas fábricas sin que nadie los comprara.
La solución llegó hace solo un mes, cuando el Ministerio de Finanzas y Precios emitió una resolución en virtud de la cual se redujo más de un 50% el precio de implementos como machetes, arados y bombas de agua, lo que alivió a los productores.
Otro tema que genera polémicas es el de los créditos bancarios. En entrevista concedida a la TV cubana, Manuel Tejeda, director de la Banca Agropecuaria del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), reveló que hasta la fecha se han aprobado más de 13.000 solicitudes de créditos a usufructuarios, quienes pueden recibir más de un financiamiento en dependencia de las producciones que realicen.
A pesar de que son pocos los pedidos de asistencia financiera en comparación con la cantidad de productores, el proceso también ha padecido demoras. Miguel Párraga, de la oriental provincia de Holguín, ha debido cultivar también algo de paciencia, pues recibió la tierra después de 10 meses de haberla solicitado, y con el crédito no ha corrido diferente suerte: él y otros 18 productores acudieron al BANDEC local, y les dijeron que solo se les concedería después de septiembre.
“El tiempo para la concesión de créditos —explicó Tejeda— está dado por la gran acumulación de solicitudes. Lo establecido es que hay que visitar las áreas potencialmente productivas y financiables, para ver si las condiciones objetivas dan lugar a lo que se propone el usufructuario. Si no hay afluencia grande de solicitudes en una sucursal, el crédito puede ser evaluado tras la visita al terreno, en un término de siete a catorce días. Y depende también de que el monto esté en consonancia con la potestad de la sucursal de concederlo a ese nivel”.
La comercialización, un lastre…
Los nuevos tenedores de tierra se ven insertos en un proceso que reclama mejor estructuración. Ellos forman parte ahora del gran sistema de la agricultura cubana, el cual arrastra problemas que afectan tanto a noveles como a veteranos productores.
La comercialización es de los más sensibles. Ronel Rodríguez, usufructuario de la occidental Artemisa, sintetiza en una frase: “Buena producción, mala comercialización”, y añade: “Desde hace tres días tengo una carreta de plátanos en la Empresa de Acopio [estatal]. Es imposible que la fruta espere; se echa a perder. Y nada más han entrado dos camiones [encargados de la distribución] entre antier y ayer. Así no se puede comercializar”.
El propio Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, reconoció en una entrevista en mayo pasado que habría que desagregar la comercialización. “Si en Cuba hay una producción privada y diversificada, no puede existir una comercialización monopolizada. Hay que buscar muchas formas de compraventa. Si una cooperativa quiere tener un punto de venta, que lo tenga. Si un hotel desea comprar un producto a una cooperativa, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Por qué hay que hacerlo obligatoriamente a través de una empresa?”
Otros asuntos preocupan hoy a los campesinos cubanos. La situación de la vivienda, precaria ya desde 2008 —cuando tres huracanes arrasaron el país—, se vio agudizada con el Decreto Ley 259. Al campo llegan personas masivamente, levantan nuevas fincas, traen animales, recursos para la producción. Muchos esperaban que se les autorizara la construcción de viviendas, pero no fue así.
Otra incongruencia es que los productores reciben la tierra en usufructo solo por diez años —aunque renovable—, lo cual se considera un freno al propósito del país de que el hombre permanezca en la tierra.
Según ha trascendido, ambos aspectos están siendo valorados y lo más probable es que antes de terminar 2011, esas limitaciones queden superadas.
A pesar de todos los inconvenientes, funcionarios y productores son optimistas al hablar de resultados y futuro del proceso de entrega de tierras. Entre lo positivo sobresale, por supuesto, el tan ansiado aumento de la producción y la eliminación del marabú en miles de hectáreas. Pero también, la incorporación al trabajo de miles de mujeres y jóvenes, en un sector con una fuerza laboral exigua y cansada.
Aunque ya se ha entregado un millón de hectáreas de tierras ociosas, una cifra similar espera por la llegada de nuevos sembradores. El proceso, por ello, debe superar viejas barreras, si de verdad se quiere que aumente la oferta de productos en los mercados y disminuyan los precios a los consumidores. Cuba viene de la tierra, y le es menester volver a ella.