Ecuador: alto al destrozo

Las violentas manifestaciones de los últimos días en Ecuador, lideradas por el sector indígena, han permitido trazar un paralelo curioso con las de los “chalecos amarillos” en Francia: en ambos casos la protesta tiene su raíz en el alza del precio de la gasolina y el diésel, solo que si en el caso francés se trata de ciudadanos de un país desarrollado que no toman en cuenta el positivo impacto ambiental de un menor consumo de combustibles fósiles, en el país sudamericano son los colectivos indígenas –a los que se supone más preocupados con la conservación del medio ambiente– los que han exigido derogar la medida.

Esta, formulada por el presidente Lenín Moreno en el Decreto 883, finalmente ha caído. El domingo 13 de octubre, el Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con la mediación de la Conferencia Episcopal y de la ONU, alcanzaron un acuerdo por el cual se elimina el decreto y se anuncia la creación de otro, con “mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan”, según anuncia un tuit del mandatario. Tanto los mediadores mencionados como otros actores sociales velarán por que el nuevo texto tome en cuenta las inquietudes de todos los afectados por cualquier hipotético cambio en la política de precios.

En su avance hacia Quito, los manifestantes indígenas saquearon varias empresas y amenazaron a pobladores locales para que se unieran a la marcha

¿Por qué Moreno se decidió a tocar una fibra tan sensible como esta, que ningún presidente anterior se atrevió a cuestionar, con todas sus consecuencias de disturbios y parálisis económica? Porque el país se ha visto abocado por el Fondo Monetario Internacional a aplicar medidas de ahorro, previo al desembolso de un préstamo de 4.200 millones de dólares. The Economist revela que la economía ecuatoriana ha dejado de percibir 60.000 millones de dólares en cuatro décadas por esa práctica, que según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo beneficia principalmente a los más ricos y da pie a un contrabando de petróleo y gasolina hacia Perú y Ecuador, donde los precios son más altos.

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También el diario local El Comercio aporta algunas cifras que “traducen” el subsidio a pie de calle: el 2 de octubre, por ejemplo, la gasolina extra tenía un precio de 1,85 dólares por galón, ya descontados 37 céntimos que pagaba el Estado. En cuanto al diésel, con un precio de 1,03 dólares para el consumidor ecuatoriano, el fisco paga los otros 1,07 dólares, la diferencia con el precio internacional de 2,10 dólares por galón. Sobre este tema, y ya en el contexto de los disturbios, el vicepresidente Otto Sonnenholzner alertó que de no eliminarse los subsidios, Ecuador no llegaba a fin de año y peligraba la dolarización.

El reino del caos

Aparcado de momento el tema del precio del combustible, quedan en la memoria –y en la estructura cientos de negocios– los destrozos derivados de la virulencia de la protesta que soportó la ciudad de Quito durante diez días. Los movimientos indígenas tomaron el relevo del gremio de los transportistas, que iniciaron el paro el 2 de octubre y lo suspendieron 48 horas después, luego de que el gobierno aceptara compensarlos con un incremento del precio del transporte público.

Sin embargo, entre el 12 y el 13 de octubre, en la ciudad se vivió una violencia que no parecía provenir del sector indígena; este, de hecho, se deslindó públicamente del desorden que invadió la ciudad. Grupos de manifestantes iniciaron incendios en la Contraloría General del Estado y en uno de los principales canales de televisión. Además, en varios sectores de la capital, se pudo detectar agrupaciones delictivas que buscaban sembrar miedo en la población, lo que obligó al gobierno a decretar el toque de queda en la ciudad. Al final de la noche del 12 de octubre, gran parte de la población capitalina, desde sus casas, se unió en un “cacerolazo” como manifestación de la necesidad de que volviera la paz.

El día 13 tuvo la misma tónica, razón por la cual, finalmente, se accedió a instalar una mesa de diálogo. Durante aquel encuentro salió a la luz otro de los sectores afectados por la eliminación del subsidio que, a lo largo de la semana, se había convertido en un secreto a voces: el narcotráfico. En efecto, el exministro de Defensa de Colombia, Rafael Pardo, lo explicó a través de Twitter: la gasolina subsidiada en Ecuador representa entre el 20% y el 35% del precio de la coca de los territorios fronterizos.

Visto el nivel de violencia y miedo que se generó en estos días, era urgente, también para el sector indígena, levantar su movilización, con lo que no podría haber más agrupaciones actuando delictivamente bajo su amparo.

En cuatro décadas, la economía ecuatoriana ha dejado de percibir 60.000 millones de dólares por los subsidios a los combustibles

Fuentes ecuatorianas explicaron a Aceprensa, en síntesis, el papel predominante de la población de origen autóctono en los disturbios:

¿De dónde proceden los indígenas que tomaron varios edificios públicos?

La población indígena en Ecuador es alrededor del 5%. Cuando se dice indígena, el término hace referencia a población de comunidades autóctonas, sean de la sierra, de la costa o del oriente. Los que se movilizaron fueron sobre todo campesinos de la sierra, los más numerosos. La mayor parte de la actividad agrícola del país se concentra en esa zona, por lo que se produjo una escasez de esos productos a tenor de la protesta. En su avance hacia Quito, se reportaron desmanes contra empresas del sector lácteo, de la floricultura, etc., y amenazas a pobladores locales para que dejaran de trabajar y se unieran a la marcha.

¿Por qué fueron ellos quienes tomaron la primera línea entre los contrarios a la subida de los carburantes?

Con la subida del precio de los combustibles se incrementaba también el del transporte público y, en menor medida, el de los productos en general. Aunque el subsidio beneficia a todos, en la práctica, los sectores menos favorecidos son quienes sienten de manera más fuerte el impacto, entre ellos, los campesinos. De hecho, ahora el gobierno se ha comprometido a asegurarse de que el dinero destinado a los subsidios se dirija a esa franja de la población.

¿Quién movilizó a estas comunidades?

Principalmente sus jefes políticos. Siempre ha habido movilizaciones de grupos indígenas, pero nunca se habían registrado niveles de violencia como los de esta vez. También entre los participantes en las marchas hubo delincuentes o personas que no pertenecían al movimiento indígena, y que buscaban generar desórdenes, con métodos que no son propios de los campesinos.

Según algunos observadores, el movimiento originario puede haber sido utilizado por intereses externos, encaminados a propiciar la caída del gobierno, y en particular por el expresidente Rafael Correa, hoy en Bélgica, sobre quien pesan cargos por corrupción, y quien pide que se convoquen elecciones en el país, a las que él se presentaría como candidato.