Tras un turbulento referéndum constitucional celebrado el pasado 28 de septiembre, el socialismo del siglo XXI emergió triunfante en Ecuador. La nueva Constitución entró en vigor el pasado 20 de octubre, hecho que dos días después, el presidente Rafael Correa calificó de histórico para el país. Supone, dijo, que la primera etapa de la “revolución ciudadana” culminó con “éxito”. Aclaró que falta “muchísimo por hacer” y que el socialismo del siglo XXI es “un camino que no tiene regreso”. De esta manera, se unió con fuerza a Bolivia y Venezuela en repudio no solamente del sistema económico neoliberal, sino también de los tradicionales valores sociales.
Rafael Correa, el octavo presidente ecuatoriano en un decenio, es el arquitecto de la vigésima Constitución del país en 140 años. A diferencia de sus camaradas en Venezuela y Bolivia, Correa recibió una educación cosmopolita y de alto nivel. Este economista ostenta un master de la Universidad Católica de Lovaina y un Ph.D. de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Políticamente hablando, pertenece a un centro-izquierda populista, aunque queda en duda en qué izquierda se ubica.
Una nueva Constitución encajaba dentro de sus proyectos. Algo que, según lo prometió, eliminaría la corrupción, introduciría estabilidad económica y política, y aseguraría la igualdad social. Pero las prisas con que se escribió el desconcertante documento dejaron abiertas muchas interpretaciones. De acuerdo a Guy Hedgecoe, editor de la edición inglesa del diario El País de Madrid, “los 440 artículos del texto son un laberinto de generalizaciones idealistas, con nebulosas ambigüedades y abiertas contradicciones”. “¿Usted firmaría un contrato que contenga unos 400 artículos sin siquiera leerlo?”, rezaba una leyenda de un popular afiche los días previos al referéndum.
Los ecuatorianos han tenido ya políticos populistas y poderosos. Pero la Constitución de Correa, que fue aprobada por el 64% de los votantes, introdujo algo nuevo en el sistema legal del país: la abundancia de lo políticamente correcto. Sus críticos, incluidos los obispos católicos de un país ampliamente católico, aseguran que el texto abrió la puerta a la liberalización del aborto, la legalización de la eutanasia, la abolición de la educación privada y la introducción de las bodas entre personas del mismo sexo.
Esto ha sido vehementemente negado por Correa. El presidente proclama ser un católico practicante y señala que los obispos han malinterpretados sus posiciones. Ante las críticas al texto constitucional expresadas por la Iglesia, Correa y su movimiento País lanzaron duros ataques contra los obispos, sobre todo contra el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Guayaquil, Mons. Antonio Arregui. En respuesta, el secretario de la Conferencia Episcopal envió una carta a Correa en la que pedía “respeto” y explicaba que la Iglesia “es una voz que, como cualquier otra en una sociedad democrática, debería ser respetada y escuchada. Últimamente se la ha ofendido con epítetos insultantes, por el único ‘delito’ de mostrar su desacuerdo con algunos puntos del proyecto de nueva Constitución en los que hay ambigüedades”. En todo caso, una vigorosa campaña contra la nueva Constitución falló.
Puntos oscuros
Sin embargo, y más allá de las protestas de Correa, se puede encontrar una buena cantidad de puntos preocupantes en la nueva Constitución.
Aborto. El artículo 67, sección 9, garantiza a los ecuatorianos el derecho “a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras”. Y la sección 10 establece el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.
Todo esto huele a un lenguaje codificado que da vía libre al aborto. De todas formas, Correa lo niega. En un programa de radio dijo que las acusaciones de que la Constitución promueve el aborto son una “mentira”. El gobierno no hizo caso de una petición firmada por 700.000 personas que pedía cambiar los lineamientos de este artículo.
Familia. La Constitución reconoce que “el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer”. Pero también “reconoce a la familia en sus diferentes formas” y asevera que “una unión estable y monogámica de dos personas sin lazos matrimoniales” tendrán los mismos derechos y responsabilidades que las familias creadas a través del matrimonio. La adopción quedará exclusivamente reservada a las parejas heterosexuales. Este punto deja en claro que Ecuador dará a las uniones del mismo sexo los mismos derechos que a las parejas de hecho.
Educación. La Constitución no garantiza la educación privada y parece implementar que el Estado tendrá la total responsabilidad para establecer los planes de estudios en la educación primaria y secundaria. Aún más, el Estado asegura que la enseñanza en las escuelas acerca de “ciudadanía, sexualidad y medio ambiente” se impartirá desde el punto de vista de los “derechos humanos”.
Medio ambiente. Ecuador se ha convertido en un pionero merced a que, según asegura un artículo de la Constitución, “la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”. Aún más curioso, el texto confiere derechos a la evolución: “La naturaleza o la Pachamama, donde la vida existe y se reproduce, tiene el derecho de existir, persistir, mantener y regenerar su ciclo vital, estructura, funciones y su proceso de evolución”. Claro está, que la naturaleza es muda; por lo tanto, los individuos y comunidades pueden demandar el reconocimiento de sus derechos en su nombre.
Este ha sido un paso radical. En palabras del diario Los Angeles Times, “Ecuador está embarcado nada menos que en un esfuerzo por redefinir las relaciones entre los seres humanos y el mundo natural”.
Concentración de poder. La nueva Constitución establece que el presidente pueda ser reelegido en cuatro ocasiones, en vez de una; de esta manera, Correa podría quedarse en el poder hasta 2017. A su vez, la Constitución promueve el “poder del pueblo” al crear un consejo ciudadano encargado de velar por las otras ramas del gobierno.
Ecuador está ahora firmemente alineado con el régimen “bolivariano” de Hugo Chávez en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia, a pesar de que hay entre ellos claras diferencias. Existe el real peligro de que el país quede inmerso en el populismo que falló abiertamente en América Latina en los años de 1960 y 1970. El presidente tiene ahora en su poder muchas de las funciones del Banco Central, puede gobernar a golpes de decretos de emergencia y puede disolver el Parlamento si ve que “obstruye la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional”.
No habrá nacionalizaciones
De todas maneras, el gobierno se movió para dejar tranquilas a las empresas privadas y aseguró que no seguirá el camino de las nacionalizaciones de las telecomunicaciones y de las industrias eléctricas como sucedió en la Venezuela de Chávez. El ministro de Seguridad dijo incluso que Ecuador debería ser un país abierto a la inversión.
Correa tiene un claro apoyo popular y sus derrotados oponentes están dispuestos a cooperar con él. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot -esta ciudad, donde la Constitución perdió, ha sido el bastión de la oposición- ha bajado la tensión y quiere hablar. Los opositores indígenas han saludado el resultado del referéndum constitucional con un “sí crítico” y han señalado que están abiertos al diálogo. Incluso los obispos católicos han expresado su apertura a conversar con el gobierno, aunque mantienen su oposición a ciertos artículos de la Constitución.
La incertidumbre sobre el futuro es lo que más preocupa a los escépticos del gobierno de Correa. La economía de Ecuador no se caracteriza por su diversidad -la mitad de sus exportaciones proviene del petróleo- y parece no encontrarse bien preparada para afrontar una recesión mundial y un colapso del precio del crudo. Entre los hombres de negocios la confianza es baja. Con una Constitución imprecisa y un presidente autocrático, casi todo podría suceder.