Quito.— El último brote de violencia generado por la crisis de seguridad en Ecuador se ha mediatizado internacionalmente por el ataque a las instalaciones de una cadena de televisión durante el telediario del mediodía, el martes 9 de enero. Este suceso no es más que la punta del iceberg del grave conflicto interno que vive el país sudamericano. Para el Ejecutivo, el reciente aumento en la violencia es una respuesta a las acciones y planes de su gobierno.
No es novedad que Ecuador sufre una crisis de seguridad: ha sido tema prioritario sobre todo en los últimos tres años. Tema que definió en gran medida el gobierno del presidente Lasso y su caída, la campaña para las elecciones anticipadas –marcadas a su vez por el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio–, y que ha seguido siendo la preocupación principal con el inicio del mandato de Daniel Noboa.
Noboa asumió la presidencia a finales de noviembre de 2023, año que batió récord histórico de homicidios en el país. El epicentro de la crisis ha sido principalmente la ciudad portuaria de Guayaquil, convertida por el narcotráfico en base de procesamiento y exportación de drogas ilícitas para la región. Con barrios completamente controlados por bandas delictivas y guerras de territorio, es en Guayaquil donde sucedió el mencionado ataque a TC Televisión: mientras transmitían el noticiero en vivo, un grupo de encapuchados armados tomaron violentamente las instalaciones de la estación y sometieron al personal. En cámara, con granadas, explosivos y apuntando con armas de fuego al equipo periodístico, exigían a la policía no intervenir para mantener la seguridad de los rehenes. Poco más de una hora después, las fuerzas del orden anunciaron que retomaban el control de la situación. Entre los 13 detenidos, procesados por terrorismo, hay menores de edad.
Este suceso ha dado mayor visibilidad a esta última ola de violencia que se enmarca en el estado de excepción decretado por el presidente Noboa el día anterior, 8 de enero. La medida se aplicó para actuar ante los hechos generados por la fuga de la cárcel del líder criminal “Fito” y la violencia desatada en las prisiones de todo el país.
“Metástasis”: el megaoperativo que destapa la narcopolítica ecuatoriana
Un punto clave para comprender la magnitud de la crisis ecuatoriana actual lo pone el llamado caso “Metástasis”. Investigaciones de la Fiscalía General del Estado llevaron en diciembre al procesamiento de más de 30 personas presuntamente involucradas en una estructura criminal de la que se cree que participan funcionarios de más de media docena de instituciones estatales. Formarían parte de la red de delincuencia jueces, fiscales, policías, abogados, funcionarios de gobiernos locales, exasambleístas, etc. Esta red permitía, entre otras cosas, que personas procesadas o sentenciadas evadieran a la justicia.
El caso “Metástasis” ha destapado una trama de corrupción que infecta a las instituciones públicas y fortalece la desconfianza de los ecuatorianos en ellas
La investigación parte del análisis de los teléfonos móviles del fallecido narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado mientras estaba recluido en un centro de rehabilitación social a finales de 2022. “Metástasis” pone el foco en la extendida trama de corrupción que infecta a las instituciones públicas y fortalece la desconfianza de los ecuatorianos en ellas.
Se conoce que las bandas delincuenciales controlan las cárceles y las usan como centros de mando para sus operaciones transnacionales, relacionadas con carteles de droga en México, la vecina Colombia o con la mafia albanesa. Este contexto de corrupción establecida e impunidad para los criminales es el ideal para el descontrol y la escalada de violencia.
El descontrol de las cárceles
Otro hecho que llevó a la declaración del estado de excepción fue la fuga de un penal de Guayaquil de José Adolfo Macías, alias “Fito”, cabecilla de la banda narcodelictiva Los Choneros. Los Choneros son una banda dedicada a negocios de narcotráfico y sicariato en todo el Ecuador. No es la primera vez que su actual líder, “Fito”, escapa de prisión. Recluido desde 2011, se habría enterado de que se planeaba trasladarlo a una cárcel de mayor seguridad. Su fuga se dio el domingo 7 de enero. Dos días después, el martes, Fabricio Colón Pico, líder de la banda rival, Los Lobos, escapó de la cárcel de Riobamba. Solo llevaba cuatro días recluido en esa prisión.
Los Choneros eran hasta hace poco la organización criminal con más poder en Ecuador, pero un proceso de ruptura interna y guerras entre bandas hizo que fueran desplazados por Los Lobos. Una facción de Los Lobos reivindicó el asesinato de Villavicencio durante la campaña electoral del año pasado, y a principios de este, la fiscal general Diana Salazar señaló públicamente a su cabecilla –Colón Pico– como quien estaría detrás de la planificación de un atentado en su contra.
El problema de las cárceles es realmente urgente, y exige reestructurar un sistema penitenciario completamente dañado
En medio de estas fugas, ha habido además amotinamientos en las cárceles en varias ciudades. Los reos tienen retenidos a guías penitenciarios y amenazan con asesinar a sus rehenes si interviene la policía o los militares. Fuera, en las calles de varias ciudades, ha habido más incidentes violentos: explosiones e incendios de vehículos, secuestros de policías, saqueos y amenazas de bomba. Aunque los ecuatorianos se hayan podido acostumbrar recientemente a vivir estados de excepción (durante el mandato de Lasso se decretaron alrededor de 15), el estado de guerra que se ha vivido en las calles recientemente es distinto.
Las acciones del Ejecutivo
Después de la toma de TC Televisión, Noboa firmó un nuevo decreto. En este documento declara el conflicto armado interno, lo cual tiene ciertas implicaciones para el manejo de crisis. Señala a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas y dispone que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares para neutralizar a los grupos identificados (operaciones bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos). De esos 22, los grupos más conocidos y con más poder serían los Choneros, los Lobos, los Tiguerones y los Lagartos.
El 11 de enero surgió un video de Colón Pico poniendo condiciones para entregarse a la justicia. El presidente Noboa respondió que no negociará con terroristas. “El país está harto de que las condiciones las pongan los criminales”, dijo.
Cuando asumió el cargo, el presidente presentó su Plan Fénix. Este incluye, entre otras cosas, construir nuevas prisiones de alta seguridad. El plan está en marcha, Noboa ha prometido la compra de prisiones barcaza (medida muy controversial) y este 11 de enero presentó los diseños para la construcción de dos nuevas cárceles (a ejemplo de El Salvador) que permitan una mejor segmentación de los presos y su adecuado aislamiento. El problema penitenciario es realmente urgente, relevante y bastante complicado; exige reestructurar un sistema completamente dañado, no solo físicamente por sus infraestructuras precarias (incluso la cárcel que se considera más segura, “La Roca”, lleva meses con un agujero en el techo por un ataque de dron que no ha sido reparado), sino por las personas que lo gestionan. Recordemos la magnitud de la corrupción descubierta con el caso “Metástasis”.
En el mandato de Correa comenzó a debilitarse la seguridad, y el combate al narcotráfico en Colombia ha hecho que el crimen se traslade a los países vecinos
En los mensajes del presidente, así como en las reuniones que ha mantenido estos días, se ve la importancia que está dando al respaldo de la comunidad internacional para el desarrollo de su plan. En gran medida, porque las redes delictivas a las que se enfrenta también tienen dimensión internacional. Comentó en una entrevista que no es el momento para “por ego o vanidad, decir ‘que no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares acá’. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, soldados, asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento”.
Varios hechos han recrudecido el problema del narcotráfico. Durante la administración de Correa se canceló el acuerdo para el acceso y uso por parte de Estados Unidos de la base militar en la zona noroeste del país, lo que debilitó su cooperación en este ámbito. También se produjo un debilitamiento de la seguridad en fronteras. Por otro lado, las acciones del gobierno colombiano contra el tráfico de droga en su territorio provocaron un “efecto globo”, pues trasladaron el crimen hacia sus países vecinos. Además, los recortes presupuestarios que afectaron a las fuerzas públicas facilitaron el crecimiento de las bandas delictivas. En Ecuador, hasta ahora relativamente pacífico, falta experiencia para combatir de forma sistemática la delincuencia y el tráfico de drogas.
Los planes del Ejecutivo también necesitan, no hay que olvidarlo, el apoyo de la Asamblea. El no tener al Legislativo de su lado básicamente le costó el cargo a su predecesor, por lo que Noboa debe ser muy estratégico y mantener el favor de la Cámara. De momento, la Asamblea Nacional ha expresado su respaldo a las acciones realizadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad ante la crisis. Tampoco está de más apuntar que el 10 de enero se aprobó la Ley de Competitividad Energética, segundo proyecto económico urgente presentado por el gobierno. Porque otra crisis que vive Ecuador es la energética: la sequía causada por el fenómeno de El Niño ha provocado un déficit en la producción. Para racionalizarla, se dispusieron apagones diarios de entre dos y cuatro horas a nivel nacional. Por supuesto, la aprobación de dicha ley no significa una solución a corto plazo; más cuando muchas personas están eligiendo, por su seguridad, estudiar o trabajar a distancia, lo que incrementa la demanda de electricidad.
Más allá de la seguridad
El actual gobierno tiene año y medio para trabajar; poco tiempo para mucho que hacer.
El 2 de enero el presidente envió a la Corte Constitucional once preguntas para una consulta popular que prometió ejecutar en sus primeros 100 días de gobierno. La mayoría están enfocadas en seguridad y siguen bajo análisis de la Corte. El 8 de enero el gobierno envió otras nueve preguntas nuevas, de las cuales seis proponen cambios a la Constitución y parecen reflejar otras cuestiones necesarias para el país.
En cualquier caso, la seguridad es una prioridad. En un marco de violencia, los demás planes, mejoras y buenas intenciones no prosperan. El riesgo país (un indicador sobre la fiabilidad de las inversiones en un territorio) aumentó al iniciarse la crisis del 9 de enero y, aunque mejoró ligeramente con el anuncio de las medidas del gobierno, Ecuador sigue siendo el tercer país más riesgoso de la región. Los ecuatorianos se han convertido desde 2022 en una de las tres principales nacionalidades que cruzan la peligrosa selva del Darién para migrar de forma ilegal a Estados Unidos. Los migrantes buscan huir del contexto de violencia, pobreza y falta de oportunidades que encuentran en el país.
A quienes se quedan les espera un proceso largo y complicado hacia la pacificación del país. Las esperanzas están puestas en un trabajo unificado y conjunto de las fuerzas del orden y las instituciones políticas. Los llamados a la unidad en medio de la crisis abundan; ojalá sean más que palabras. Si bien las acciones del gobierno parecen estar teniendo resultado, de máxima importancia es el trabajo de la Fiscalía General del Estado para sanear al país y liberarlo de la pandemia de corrupción a todo nivel.
Un comentario
Muy buen articulo, que aclara la compleja situacion del pais.