Bogotá. Parte de la actividad legislativa de los últimos meses en Colombia ha discurrido en disputas en torno al reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. A pesar de que el presidente Álvaro Uribe dejó claro que apoyaba una ley que les dé las mismas prestaciones sociales que tienen los matrimonios, y que la Corte Constitucional ha sentenciado en esa línea, la medida encalló inesperadamente en el Senado.
En febrero la Corte Constitucional, declaró contraria a la Constitución una ley de 1990 sobre uniones maritales, que establece, entre otras cosas, el reconocimiento de ciertos derechos patrimoniales para las parejas no casadas. En suma, la ley da a las uniones de hecho la posibilidad de constituir una sociedad patrimonial para bienes comunes, a semejanza de lo previsto para los matrimonios. A raíz de una demanda de la asociación de gays y lesbianas Colombia Diversa, la Corte falló que la ley, al no permitir acceder a esos derechos a las parejas del mismo sexo, contravenía los principios constitucionales de igualdad y de derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, el mes pasado no salió adelante, contra pronóstico, otro de los objetivos del lobby gay: la equiparación de las parejas del mismo sexo con las heterosexuales a efectos de seguridad social y pensiones. La medida naufragó a última hora en el Senado.
La postura de Uribe
El presidente Álvaro Uribe había fijado su posición con claridad frente a las peticiones de las organizaciones homosexuales. Durante la campaña electoral para las elecciones del año pasado afirmó: “Voy a ser totalmente sincero: matrimonio, no; adopción, no; derechos patrimoniales, sí; seguridad social, sí”.
La postura de Uribe, confirmada públicamente en repetidas ocasiones, no tenía respaldo unánime entre los miembros de su partido, el Partido de la U, ni de su gobierno. Así se vio el pasado 19 de junio en el Senado, en el momento de ratificar la ley sobre seguridad social para uniones homosexuales. El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes y, como es práctica común, los grupos tenían decidido el voto, de modo que estaba asegurado el éxito de la ley.
Sin embargo, todo se derrumbó a última hora cuando uno de los representantes del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), conocido por el apoyo de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, de corriente protestante, solicitó una votación abierta y nominal. Con ello buscaba que, si pasaba el proyecto, la sociedad pudiera saber los nombres de los senadores que lo habían apoyado. Seis representantes del Partido de la U y uno de Alas Equipo Colombia rompieron la disciplina de partido y votaron contra la ley. Al no estar presentes en la sesión todos los senadores favorables al proyecto, este resultó rechazado.
Consecuencias de la ley
Entre los derechos y beneficios que otorgaba el proyecto de ley se encuentra principalmente que un homosexual pueda afiliar a su pareja en servicios de salud como beneficiario y recibir pensión de ella en caso de muerte o invalidez. Los principales medios colombianos han reaccionado duramente al fracaso de la ley, y ofrecen una visión de la opinión pública del país según la cual la mayoría considera el suceso como una verdadera regresión en términos de igualdad de derechos.
Dentro de todo este proceso, destaca la determinación que han manifestado senadores católicos y protestantes. De los que se manifestaron en contra, varios han ofrecido razones que no son sólo de principios, sino sobre todo políticas, jurídicas y económicas. La iniciativa es considerada por ellos inconstitucional y advierten del peligro de absolutizar “el libre desarrollo de la personalidad”, principio en el que se basó la Corte Constitucional para su sentencia de enero, porque podría justificar cualquier ley.
El senador Dieb Maloof, que pidió archivar el proyecto, señala que iba en contra del concepto de familia contemplado en la Constitución, el cual señala que la familia está constituida por un hombre y una mujer. Por su parte, el senador Miguel Pinedo Vidal, de Cambio Radical, asegura que, si se permite a un homosexual afiliar a su pareja al sistema de seguridad social, el Estado tendrá que destinar recursos económicos para atender a esas parejas, dinero que según él debería ser destinado a otras causas más urgentes y necesarias. Pero ante todo se percibe, después de escuchar los argumentos de Roberto Gerlein, portavoz del Partido Conservador, temor a que Colombia siga el camino en algunas materias que hoy transitan países como España u Holanda. “Estoy en contra de esta ley, simplemente porque no es prudente ni justo con el resto de la sociedad aprobar una ley como ésta”, afirmó.
Según fuentes del Ministerio de Protección Social, en la hipótesis de una población homosexual que oscilaría entre 16.000 y 20.000 parejas, el costo de la ley sería de alrededor de 3.000 millones de pesos al año (1,5 millones de dólares), por concepto de sustitución pensional, y de 15.000 a 23.000 millones de pesos (de 7,6 a 12 millones de dólares) por concepto de asistencia sanitaria. Una ley como esta permitiría que, cuando un miembro de una pareja homosexual muere, su compañero tenga acceso a los bienes; que cuando se separen, los bienes sean repartidos de acuerdo con la ley; que si uno de los dos pierde el trabajo pueda ser afiliado al sistema de salud por su compañero sin tener que pagar doble afiliación; y que en caso de que uno de los dos fallezca, el sobreviviente pueda sustituirlo en el goce de la pensión.
Los objetivos del lobby gay
Marcela Sánchez, directora de la Corporación Colombia Diversa, organización pro homosexual que busca la total equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio en Colombia, promete seguir haciendo lobby ante el Congreso para conseguir la aprobación de esta ley, porque admite que “consigue un mínimo vital” de lo que esperan los homosexuales.
Los espacios sociales y legislativos abiertos en otros países han servido para que en Colombia la población gay sea hoy más visible, haciendo realidad algo que era impensable hace pocos años, como por ejemplo la realización de una marcha de gays, lesbianas y transexuales por las principales calles de la capital. Sánchez se siente particularmente contenta del trato recibido por los medios de comunicación, como el diario El Tiempo y la revista Semana, entre otros muchos, pues, según ella, “ingresar en los medios no fue nada fácil”.
A juicio de Germán Rincón Perfetti, abogado activista de la causa gay, “el punto de inflexión tuvo lugar en Colombia en el año 80 cuando se despenalizó la homosexualidad en los hombres”. La Constitución de 1991, una de las más extensas y ambiguas del mundo, y sobre todo la discutible interpretación jurisprudencial realizada sobre el tema por la Corte Constitucional, han permitido que se inicie en Colombia una era de grandes cambios en contra del deseo de la mayoría de los colombianos, voluntad ciudadana que es juzgada por los activistas de esa causa, como “inmadura y despreciable”. Como respuesta, silencio. Sólo un movimiento cívico, www.estoesconmigo.org, ha presentado objeciones serias y de fondo a las demandas de esta organización.
Actualmente, los objetivos de Colombia Diversa son cuatro: matrimonio gay, adopción de hijos por parejas homosexuales, ampliación de derechos patrimoniales y seguridad social. Los dos primeros son de difícil viabilidad, puesto que Uribe se ha opuesto a ellos claramente y la mayoría del Congreso comparte esa postura. La inclusión de adopción en propuestas legislativas pasadas fueron el motivo de su fracaso. De los otros dos, el primero ha recibido el respaldo de la Corte Constitucional y el segundo ha sido de momento rechazado por el Senado.