CC Tomás Castelazo
“América está abierta para recibir no solo al extranjero opulento y respetable sino también a los oprimidos y perseguidos de todas las naciones y religiones” – George Washington
Es evidente que la frase anterior ha quedado en desuso; a querer o no, Estados Unidos –América para los norteamericanos– dejó de ser hace muchos años una nación incluyente y abierta para todos los extranjeros.
Las razones son muchas y complicadas toda vez que el fenómeno de la migración hacia el país más rico del mundo ha crecido de manera alarmante en las décadas recientes y a punto está de salirse de control, especialmente en la franja fronteriza de Norteamérica y México.
Sabemos que la migración es una actividad humana milenaria, siempre han existido familias y pueblos enteros que dejan sus lugares de origen en búsqueda de nuevos derroteros.
Las principales causas son el anhelo de una vida mejor, la disparidad de ingresos entre las regiones y países, las oportunidades de trabajo y finalmente los conflictos sociales y políticos que impulsan a los migrantes a huir de sus hogares.
En los países latinoamericanos se cumplen todas estas condiciones con un factor adicional: los gobiernos han sido incapaces de crear un modelo económico, social y político que frene el éxodo de migrantes hacia Norteamérica y en años recientes a Canadá.
México ha sido por amplio margen el mayor expulsor de migrantes indocumentados a los Estados Unidos seguido de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Honduras, países que vivieron guerras y crisis políticas agudas en décadas pasadas.
En los últimos años se sumaron las olas de migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Brasil, Ecuador, Colombia, además de grupos provenientes de países de Europa del Este, Medio Oriente y África.
Las rutas de los migrantes son diversas, desde aquellos que viajan por tierra cruzando Centroamérica y todo el territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos hasta los que arriban en avión en calidad de turistas a la Ciudad de México, Cancún y Guadalajara.
La problemática se complica especialmente para los migrantes de escasos recursos que caen en las garras del crimen organizado que ha encontrado en la migración una mina de oro y una vía más para engrosar sus bolsillos.
A principios de abril, en el estado mexicano de San Luis Potosí, fueron rescatados 121 migrantes de varias nacionalidades de manos de delincuentes quienes controlan a su arbitrio el negocio del tráfico humano hacia los Estados Unidos.
En esta ocasión no hubo víctimas fatales como sucedió el pasado 30 de marzo cuando 39 migrantes de Centro y Sudamérica fallecieron quemados y asfixiados en un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a la negligencia de los guardias del gobierno mexicano que dejaron cerrada la celda y huyeron posteriormente.
El trágico suceso disparó las críticas contra el gobierno federal y en especial hacia el presidente Andrés López Obrador, quien como candidato prometió dar un cauce humanitario a la migración en donde incluía respetar los derechos humanos de los extranjeros y brindar empleos y residencia a todos aquellos que desearan trabajar y radicar en este país.
La noche del pasado 11 de marzo ocho migrantes mexicanos fallecieron al volcar la lancha en la que viajaban cerca de la costa de San Diego, California. Otra lancha más apareció en las inmediaciones sin rastro de sus tripulantes.
El fatal accidente se suma a una larga lista de muertes en el Océano Pacífico sobre indocumentados que intentan llegar a suelo norteamericano a través de pangas que en ocasiones consiguen burlar a los guardacostas y al embravecido mar de las costas de California.
Hay una cruenta lista de por lo menos 8 mil indocumentados fallecidos en la frontera de México y Estados Unidos desde que en 1994 el gobierno de Bill Clinton inició la Operación Guardián que logró reducir el flujo de migrantes pero obligó a muchos a cruzar por áreas desérticas donde el clima, la falta de agua y de alimentos provocaron más de tres mil muertes.
En el año 2022 se registraron solo en la frontera de México con Texas 853 decesos de migrantes durante su intento de cruzar a los Estados Unidos. Esta cantidad fue mayor a las 546 muertes ocurridas un año antes lo que sugiere que la migración aumentó de manera descomunal.
En semanas recientes se presentaron dos protestas masivas de migrantes de Honduras, Colombia, Venezuela y El Salvador, frente al puente internacional de Ciudad Juárez con El Paso, Texas.
En la última manifestación, más de 500 personas amenazaron con cruzar ilegalmente al vecino país lo que obligó a las autoridades norteamericanas a cerrar temporalmente el cruce fronterizo.
Escenas similares se vivieron en años pasados en Tijuana cuando caravanas con miles de migrantes arribaron a la frontera con la intención de cruzar de manera ilegal.
Una masacre de migrantes podría ocurrir en cualquier momento si no se encuentran soluciones efectivas para el conflicto, una desesperada avalancha de indocumentados podría tratar de cruzar a la fuerza en algún momento que podría ser repelida a balazos por los agentes aduanales.
A raíz de la pandemia, Estados Unidos puso en vigor el Título 42 de la ley de inmigración que niega el asilo a los extranjeros bajo el argumento de prevenir contagios por Covid-19.
Esta modalidad se encuentra en medio de litigios judiciales y podría ser derogada este año lo que se presume incrementará el flujo de venezolanos, cubanos y nicaragüenses a la frontera.
Lo cierto es que la migración ha entrado en una crisis a partir de la pandemia, hoy en día el flujo de migrantes a Norteamérica se ha incrementado desde los países expulsores.
En el año fiscal 2021 fueron detenidos en las fronteras de Norteamérica más de 1.7 millones de migrantes mientras que en el 2022 la cantidad ascendió a los 2.5 millones, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Estos datos demuestran un notable incremento en el número de extranjeros que buscan el sueño americano sin cumplir con los requisitos legales correspondientes.
Sólo en diciembre del año pasado se registraron 216,162 encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes en la frontera sur con México, un 11 por ciento de incremento con respecto al mes de noviembre.
Ello sin contar el alud de balsas que llegan a las costas de Florida provenientes de Cuba y Haití y los miles de extranjeros que llegan legalmente como turistas a Estados Unidos por tierra y vía aérea, pero se quedan a trabajar de manera permanente sin la autorización debida.
La crisis política y económica de Venezuela junto a las de Cuba y Nicaragua han complicado todavía más la problemática migratoria en América Latina. La desesperación de las personas por salir de sus países y de no poder llegar a Estados Unidos ha generado nuevos patrones migratorios.
Actualmente 2.5 millones de venezolanos viven en calidad de asilados en Colombia y un millón y medio más en Perú. A su vez Brasil y Chile han recibido en sus territorios unos 350 mil haitianos mientras que los desplazados de Nicaragua a Costa Rica suman cerca de 300 mil.
¿Hasta dónde llegará la crisis migratoria que a decir verdad no ha sido enfrentada por los gobiernos regionales con la seriedad y la dimensión que se requiere?
Estados Unidos ofrece diversos tipos de visas de trabajo y programas temporales para jornaleros agrícolas, sin embargo, no ha puesto en marcha un plan para cubrir las miles de plazas que quedaron vacantes por la pandemia especialmente en negocios de hoteles, restaurantes, construcción e industriales.
Los partidos Republicano y Demócrata se han demorado demasiado en promulgar la anhelada reforma migratoria que daría residencia y legalidad a por lo menos once millones de trabajadores que contribuyen a la economía norteamericana, sin embargo, no pagan cabalmente sus impuestos, pero tampoco cuentan con los beneficios y derechos de un ciudadano norteamericano.
Una reforma migratoria daría un impulso gigante al país toda vez que miles de indocumentados se sumarían a la economía formal, pagarían sus impuestos y a la vez estarían dispuestos a invertir en negocios, crear empleos y generar más riqueza para los Estados Unidos.
La capacidad económica de los inmigrantes es impresionante, en el 2022 los “paisanos” mexicanos enviaron a sus familiares en México remesas por un total de 57,497 millones de dólares, un 13 por ciento más que en el 2021.
No entendemos sinceramente porque los políticos norteamericanos temen dar residencia a inmigrantes que han sido productivos y que se han jugado sus vidas por su nuevo país.
En noviembre de 1986 el entonces presidente Ronald Reagan firmó la llamada Ley Simpson-Rodino que aprobó el Congreso y que permitió la regularización de 2.7 millones de indocumentados. Desde entonces no se ha conseguido ningún avance en tal sentido a pesar de las promesas de los políticos norteamericanos.
Resolver la crisis migratoria no será una tarea sencilla, pero tampoco imposible si Estados Unidos, Canadá y México junto con el resto de los países latinoamericanos involucrados, se proponen buscar soluciones y mecanismos para encontrar salidas.
El gobierno norteamericano, en especial durante la presidencia de Donald Trump, impuso políticas más autoritarias y restrictivas que no ayudaron a solucionar el problema. Ahora con Joe Biden la situación ha empeorado en buena parte porque la migración de Venezuela, Nicaragua y Cuba alcanzó niveles nunca antes vistos.
Para colmo México relajó el control de su frontera sur y dejó manos libres al crimen organizado para explotar el tráfico de personas. En el fondo pareciera que a los políticos les importa un comino esta crisis, quizás porque los migrantes no cuentan en los tiempos electorales.
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