Barranquilla.— Colombia lleva más de 35 días en protestas civiles. Las manifestaciones, lideradas por comités organizados, lograron que el gobierno retirara una reforma tributaria, y sin embargo, continúan en todo el país. Analistas colombianos coinciden en que la reforma fue el detonante para retomar las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019, cuando comenzó un Paro Nacional que perdió fuerzas con la llegada de la pandemia.
Aunque episodios vandálicos han opacado las manifestaciones en algunas ciudades, se ha conformado un comité vocero con un pliego de peticiones en las que resaltan: 1) La reforma a las Fuerzas Armadas. 2) El cumplimiento cabal del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC por parte del actual gobierno. 3) Mecanismos para acabar con la desigualdad, la exclusión y atender a la población en condición de pobreza, que llega a 42,5%, 6,8 puntos porcentuales más que en 2019. Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo en todo el mundo.
El presidente, Iván Duque, inició una ronda de diálogos con grupos políticos y sociales en busca de soluciones. El encuentro con los llamados líderes del Paro Nacional a la fecha no ha arrojado resultados concretos ni un asomo de esperanza de acuerdo.
Raíces históricas
La mejor definición de lo que es ser colombiano la escribió, quizás, un argentino. En su Ulrica, Jorge Luis Borges se pregunta sobre qué es ser colombiano. “– No sé –le respondí–. Es un acto de fe”. Como en todo análisis político social, la comprensión de cualquier episodio del presente obliga a mirar al pasado.
Lo cierto es que el pasado colombiano se lee con dolorosas cifras: 50 años de violencia protagonizados por la guerrilla más longeva de América Latina: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), grupo guerrillero que se desmovilizó con la firma del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016. Unos 8,8 millones de víctimas dejó este conflicto, que también involucró bandas paramilitares y autodefensas campesinas. Cabe destacar que la violencia no nació con la creación de las FARC en los años 50: su origen viene de décadas atrás. Colombia entró en el siglo XX en medio de la Guerra de los Mil días (una confrontación sangrienta entre grupos liberales y conservadores que dejó 100.000 muertos en una población de 3 millones). Siguió una época de tensión conocida como “La violencia”, que duró cinco décadas y cobró la vida de más de 200.000 personas entre 1948 y 1964.
A pesar de todo esto, Colombia es un país institucionalmente estable. Sus presidentes han sido moderados y sus instituciones relativamente fuertes. Sin embargo, hoy atraviesa una de sus mayores crisis.
Las protestas de mayo de 2021
Desde el primer año de gobierno de Iván Duque, un descontento social propició que, en 2019, el país se levantara en una serie de manifestaciones ciudadanas que tuvieron como puntapié las marchas del 21 de noviembre, conocido como el 21N. Después de movilizaciones masivas, por sus características y el número de manifestantes, el país se conmocionó por el asesinato de Dylan Cruz, un joven bogotano que estaba a punto de graduarse del colegio y murió por el disparo de un miembro de la Policía Nacional. Dylan fue el símbolo de un descontento histórico que se sumaba a la ola de movilizaciones que se había encendido en Chile, Puerto Rico, Argentina y Ecuador.
La pandemia y la crisis sanitaria y social que esta desató, detuvieron la iniciativa de grupos que estaban en las calles o en las ventanas con cacerolas, exigiendo al gobierno una serie de peticiones en materia de empleo, salud, equidad, cumplimiento del Acuerdo de Paz, etc.
Contra la reforma tributaria
El rechazo a un proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno de Iván Duque el año 2021 fue el estallido que llevó a los ciudadanos a manifestarse en medio de los picos más altos del covid-19. El modelo de tributación gravaba elementos básicos de la canasta familiar, incluía a personas con salarios que apenas alcanzan para vivir en las grandes ciudades y ponía impuestos a elementos como los servicios funerarios en medio de la peor tasa de mortalidad desde el inicio de la pandemia.
La reforma llevó a la gente a las calles en la mayor movilización colombiana desde el paro general de 1977. Los colombianos le perdieron el miedo al covid-19 porque el temor a la afectación económica de sus bolsillos era mayor. La presión social llevó, no solo a que se retirara el proyecto de reforma, sino también a la caída del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
En 24 días de paro se habían registrado 2.151 bloqueos de vías en el país
El Comité Nacional del Paro no tomó como suficientes estas victorias y continuó con sus movilizaciones. Actos vandálicos como saqueos a establecimientos comerciales, daños a bienes públicos como servicios de transporte, estatuas y monumentos, y algunos excesos de la fuerza pública (que ya cuentan casi 60 muertos, desaparecidos y miles de lesionados, según Human Rights Watch), incentivaron el dolor de la población.
Las ciudades se han convertido en trincheras, especialmente Cali y Pereira, en las que se enfrentan manifestantes con las fuerzas del orden, civiles armados con indígenas, colombianos con colombianos. Según el Ministerio de Defensa, en los primeros 24 días de paro se habían registrado 2.151 bloqueos de vías: “El país es testigo de cómo los bloqueos nos afectan a todos, son actos que se aíslan de la protesta pacífica. Bloquear vías limita el acceso a los alimentos, impide trabajar y estudiar, y que los enfermos reciban atención médica. A menos oportunidades, más pobreza”, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano.
Hoy pocos se ven representados en el autodenominado Comité Nacional del Paro, el cual negocia un pliego de peticiones con el Gobierno Nacional. A la fecha no se ha logrado establecer la bandera en común, el gran objetivo social que justifique la continuación de las manifestaciones. Pese a que el Gobierno retiró la reforma y presentó medidas concretas como programas de educación y vivienda para jóvenes y población vulnerable, las partes siguen sin ponerse de acuerdo, según el Gobierno porque, además de las válidas peticiones de algunos sectores, el fondo de la continuidad del paro es un interés de desestabilización nacional por parte de algunos sectores políticos de izquierda.
Distintas voces
La pobreza es uno de los motores de este estallido social. Los jóvenes, de diversos sectores sociales, han sido también protagonistas de las jornadas de protesta, y es que en Colombia, uno de cada tres jóvenes no puede trabajar ni estudiar, hay 3.4 millones de desempleados. Razones de fondo, necesidades profundas y situaciones de vida precarias son las que mantienen en pie las manifestaciones, por esto, la retirada de la reforma no fue suficiente para que la ciudadanía se sintiera satisfecha. El Centro Nacional de Consultoría reveló mediante encuesta que el 51% de los colombianos se encuentran a favor de estas movilizaciones.
Hay una fuerte división entre quienes respaldan una salida negociada y quienes insisten en continuar las manifestaciones
Hoy las divisiones se marcan entre quienes respaldan una salida negociada y quienes insisten en continuar las manifestaciones, validando en cierta medida los disturbios y ataques violentos como asuntos colaterales. Se han celebrado marchas que cuestionan a los manifestantes que iniciaron las movilizaciones, que rodean al Gobierno y defienden a la institucionalidad y a las Fuerzas Armadas. Las más grandes se registraron el 30 de mayo, las denominadas “Marchas del silencio”. En Bogotá y otras ciudades del país, como Cali y Medellín, se dieron cita miles de colombianos para rechazar los actos vandálicos, los bloqueos, la violencia y demás acciones que se han dado durante el paro nacional.
Negociaciones estancadas
El 28 de mayo se cumplió un mes desde que comenzaron las manifestaciones. Con ocasión de esto, muchas personas se concentraron en diferentes puntos del país para alzar su voz y pedir al Gobierno un acuerdo definitivo.
El Centro Nacional de Consultoría informó que según sus encuestas, hechas por vía telefónica a más de mil ciudadanos en diferentes zonas del país, el 60% de los encuestados opina que el paro los ha perjudicado, mientras el 24% dice que les ha favorecido. El 67% coincide en que si las protestas se siguen extendiendo, esto les afectaría. El 73% afirman que están de acuerdo con la protesta social, el 76% dice que está de acuerdo con las marchas y manifestaciones, y el 70% apoyan a los jóvenes que están protestando.
El 30 de mayo, el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro se reunieron para dar paso a la firma de los preacuerdos. Sin embargo, a la fecha en que se publica este artículo no han logrado llegar a un consenso, ni concretar una negociación formal.
Según el Ministerio de Hacienda, el paro ha provocado pérdidas de unos 30.000 millones de dólares
En la mesa de diálogo del Gobierno y el Comité Nacional del Paro se discutieron las peticiones de este, como el fortalecimiento del plan de vacunación, la renta básica de emergencia (al menos de 243 dólares), educación gratuita en entidades públicas, subsidios para las pequeñas y medianas empresas, y dar fin a las fumigaciones con glifosato para erradicar cultivos ilícitos de coca. Adicionalmente, discutieron las quejas de los manifestantes por las violaciones a los derechos humanos que se han producido en las protestas, las muertes, desapariciones y abusos sexuales por parte de la fuerza pública que se han reportado, así como el despliegue de tropas militares en Cali y Popayán.
Por su parte, el Gobierno expresó la necesidad de terminar con los bloqueos en las principales vías del país, que han incidido no solo en la economía, el comercio y el transporte, sino también en la salud, la alimentación y el trabajo, puesto que han impedido la libre circulación por el territorio colombiano. El Ministerio de Hacienda expuso que el paro ha provocado pérdidas de aproximadamente 10,8 billones de pesos (cerca de 30.0000 millones de dólares), además de los sectores que han tenido que suspender sus labores, o incluso cerrar sus empresas y despedir a sus empleados.
Los líderes que representan los sectores sindicales –subgrupos del Comité de Paro– instaron a seguir con las movilizaciones en todas las regiones de Colombia. Los jóvenes insisten en que la educación pública universitaria gratuita debe ser una realidad en todo el país. Colectivos feministas, afro, indígenas, ambientalistas, LGTB y otros movimientos siguen en las calles y en las redes sociales esperando que sus peticiones sean atendidas. Esta multiplicidad de agendas, narrativas y expectativas dificultan una salida negociada y cercana. La voluntad del Gobierno Nacional es la escucha y el diálogo, y los ciudadanos del común empiezan a sentir que este estallido social tiene intereses particulares que perjudican a la mayoría; la prensa extranjera y las organizaciones internacionales de Derechos Humanos tienen sus ojos puestos en Colombia. Sin embargo, el desenlace de este estallido social empezará a encauzarse en la medida que se logren consensos, pero sobre todo, en las próximas elecciones presidenciales del año 2022, cuando, según la mayoría de analistas, los ciudadanos elegirán el modelo de gobierno que mejor represente a la Colombia de hoy.