Montevideo. La primavera austral tardó en llegar, pero los candidatos a la presidencia de Uruguay se encargaron de calentar el ambiente en una campaña electoral subida de tono y carente de propuestas. Fruto de la primera vuelta electoral del pasado 25 de octubre, el ex presidente del centroderechista Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, y el candidato del izquierdista Frente Amplio, el ex guerrillero tupamaro José Mujica, disputaron el balotaje (segunda vuelta) el 29 de noviembre. Ganó Mujica (52,6%), que sucederá en el cargo desde el 1 de marzo, por un período de cinco años, al mandatario Tabaré Vázquez.
Mujica arribó mejor a la segunda vuelta tras haber conseguido en la primera casi el 48% de los votos, además de asegurar la mayoría parlamentaria para el Frente Amplio. Lacalle, por su parte, cosechó el 29% de los sufragios.
Campaña muy polarizada
Desde antes de las elecciones internas del 28 de junio pasado, la campaña no pudo ser más polarizada. Los dos principales candidatos arrastran un pasado bien cargado: Mujica fue uno de los líderes del marxista Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, grupo inspirado en la revolución cubana y que en la década de 1960 se levantó en armas contra el gobierno democráticamente electo (cuando se abrió paso la dictadura, en 1973, los tupamaros ya habían sido derrotados por el Ejército y la Policía). El hoy candidato izquierdista pasó más de una década tras las rejas de las que se libró con la vuelta de la democracia, favorecido por la Ley de Amnistía.
Por su lado, Lacalle comandó un gobierno de corte neoliberal, típico de los años noventa en América Latina, sobre los que la izquierda continental se ha encargado de defenestrar. Además, varios casos de corrupción que acontecieron en esta administración -Lacalle nunca resultó ser directamente involucrado- mancharon la imagen del candidato nacionalista, y en la pasada campaña electoral la izquierda lo ha hecho recordar machaconamente.
En el fuego cruzado se perdieron las grandes propuestas y las posibles soluciones al combate de la pobreza -en torno al 38% de la población- y a la mejora de la gratuita educación pública, que se encuentra cada año y cada día peor. Las salidas de tono de los candidatos resultaron ser una constante y hasta se coló en la campaña electoral el hallazgo de un arsenal de más de 700 armas por el que el dueño se batió a duelo con la Policía. Algunos llegaron a vincular el asunto con grupos guerrilleros de ultraizquierda, pero las investigaciones -que siguen en curso- no han probado nada por el estilo.
Mujica, beneficiado por la buena imagen del presidente Vázquez y por la correcta gestión del actual gobierno, se ha llevado el grueso de los votos entre la gente más pobre, mientras las preferencias hacia Lacalle se centran en el otro extremo de la sociedad. En términos económicos, el izquierdista pretende continuar la línea de Vázquez, con la reforma impositiva intacta y que tantas críticas generaron en la oposición por socavar la clase media. En el plano social, Mujica aseveró que dará prioridad a la vivienda y a la erradicación de los asentamientos en el que vive un 12% de los habitantes de Montevideo.
El Partido Nacional prometía, en cambio, ajustar y, con el tiempo, derogar el impuesto a la renta y aliviar otras tasas impositivas. Lacalle pretendía también mejorar las políticas sociales que ya están en marcha, como el Plan de Emergencia devenido en Plan de Equidad.
Incertidumbre, armas y aborto
Los que no votaron a Mujica el 29 de noviembre rechazan casi sin matices la silueta del ex guerrillero. El líder frenteamplista se fortaleció en el congreso partidario de diciembre de 2008, donde los más radicales animaron su candidatura a la presidencia. El Movimiento de Participación Popular, el sector ampliamente mayoritario dentro del partido y que aglomera a los tupamaros, y el Partido Comunista auparon a Mujica como principal figura del Frente Amplio, pese a las discrepancias del propio presidente Tabaré Vázquez, que prefería a Danilo Astori como candidato. En los comicios internos de junio, Mujica ganó por notable diferencia.
José “Pepe” Mujica es un tipo controversial, polémico, que genera muchas incertidumbres de cara al futuro. Durante la lucha electoral dejó algunas interrogantes en el aire, como el tema de la propiedad privada y de su supuesta cercanía al incombustible mandatario venezolano, Hugo Chávez, y la línea bolivariana. Pese a que templó su discurso para ganar los votos del centro, queda claro que no es el moderado Vázquez. En este sentido, quiso despejar suspicacias al decir que su modelo de gobierno estaba reflejado en el Chile de Michelle Bachelet o el Brasil de Lula da Silva.
La gestión de Mujica al frente del Ministerio de Ganadería y Agricultura del actual gobierno dejó mucho que desear. Su frase de cabecera: “como te digo una cosa, te digo la otra” -por mucho tiempo repitió que jamás se presentaría como candidato a presidente-, no hace más que ahondar las dudas. Su lenguaje en extremo coloquial, de asado y de reunión de amigos, choca sobremanera en buena parte de la sociedad. A la otra porción, evidentemente no, incluso le divierte.
La adhesión a la democracia de Mujica es aparentemente plena y fiable. No obstante, siempre ha dicho que “participar en la democracia liberal no quiere decir estar de acuerdo con ella”, a la vez que nunca se le escuchó un arrepentimiento por los hechos de la década de 1960, cuando la guerrilla tupamara secuestró, robó y mató por la mentada causa de la revolución. En estos días la esposa de Mujica, Lucía Topolansky, también ex guerrillera y la senadora más votada del lema más votado el 25 de octubre, justificó, nuevamente, el uso de las armas para defender una causa política.
Para completar, el aborto. Pocos días después de la primera vuelta, Mujica confirmó lo que era un secreto a voces: el apoyo explícito a la liberalización del aborto. Luego matizó sus palabras y dijo que desde el Ejecutivo no presentaría ninguna ley tendente a apoyarlo, pero que no rechazaría lo que propusiera el Legislativo. De hecho, no tiene intención de vetar una ley de esta naturaleza como sí lo hizo el socialista Vázquez en noviembre de 2008 (cfr. Aceprensa 17-11-2008). Los grupos de izquierda ya afirmaron que propondrán una nueva ley sobre el aborto el año próximo, ni bien se inicie la renovada legislatura.
Ley de Caducidad
Para la izquierda uruguaya el resultado de la primera vuelta tuvo un sabor agridulce, pese a la gran diferencia de sufragios ante el principal candidato opositor. Esperaban ganar ya en el último domingo de octubre, como Vázquez en 2004. Por primera vez en la historia, desde su fundación en 1971, el Frente Amplio bajó su caudal de votos y, además, no fueron aprobados dos plebiscitos que se votaron paralelamente a la primera vuelta y que habían apoyado e impulsado: la anulación de la Ley de Caducidad y el voto epistolar.
De esta manera, la Ley de Caducidad se convirtió en la legislación con más apoyo popular en la historia de Uruguay al superar dos plebiscitos, el primero en 1989. Esta ley, concebida para asegurar la estabilidad política y democrática del país tras la dictadura, no permite juzgar a los militares y políticos responsables de violaciones a los derechos humanos en territorio nacional, si bien hubo algunas excepciones en los últimos años. Los tupamaros y guerrilleros se beneficiaron, a su vez, de la Ley de Amnistía -la cual nunca nadie pidió anularla-, que les permitió abandonar las prisiones a algunos y a otros a retornar al país.
Lo curioso de la lucha por la anulación de la Ley de Caducidad, es que sus promotores podrían haberla tramitado a través del Parlamento, con ambas cámaras con mayoría del Frente Amplio, el más interesado en todo este asunto. Luego, la población se mostró bastante dividida a la hora de tomar la decisión, con votantes del Frente en contra de la derogación, pero sí con el voto de ciudadanos del Partido Nacional y Colorado. Los adherentes a la anulación de la legislación hicieron campaña, gastaron dinero y movilizaron cientos de militantes. Los de No ni se movieron; sin embargo, ganó esta opción.