(Actualizado el 27-03-2020)
La crisis del coronavirus ha sacudido el sistema económico no menos que el sanitario. Con la diferencia de que la economía tardará más en recuperarse. Ante esta emergencia, ideas que en una situación normal se descartarían como poco viables, parecen de pronto oportunas.
Es lo que ocurre con la propuesta de una “renta básica”, para mantener a flote a la gente que va a perder su empleo y tiene que seguir pagando la hipoteca, la cesta de la compra y la factura de la luz.
Hasta ahora, la propuesta de una renta básica se presentaba como un privilegio de países ricos o como un modo de compensar la pérdida de empleos por la automatización. Pero lo que ahora está dejando sin empleo a la gente no es un robot sino un virus. De ahí la necesidad de garantizar unos ingresos para mantenerse a flote.
Las ayudas que hoy se proponen responden más al concepto de mínimo vital que al de renta básica
En realidad, es un abuso del lenguaje calificar de renta básica las ayudas económicas que se proponen. En su sentido original, la renta básica no es una ayuda para situaciones de emergencia, sino un derecho del ciudadano a recibir del Estado una renta periódica sea cual sea la coyuntura económica. Se adjudicaría a toda persona, pobre o rica, activa o desempleada, independientemente de sus necesidades y de su nivel de renta. No requiere justificar requisitos ni cumplir condiciones, pues se concibe como un medio para favorecer la autonomía y la subsistencia del individuo. Ningún país la ha implementado a gran escala.
Mínimo vital
En cambio, las soluciones que hoy se proponen ante el seísmo económico del coronavirus responden más bien al concepto de mínimo vital o renta mínima garantizada. La idea es que todos reciban un pago del Estado para disponer de una renta que cubra sus necesidades básicas, mientras dura la pandemia del coronavirus.
El sistema económico actual nunca ha experimentado una fractura tan amplia y rápida como la causada por esta pandemia. La memoria reciente nos retrotrae a la crisis de 2008, pero ahora la recesión y el desempleo no se deben a factores financieros, sino a una emergencia sanitaria que ha obligado a interrumpir la mayor parte de la actividad productiva. Este hecho nos da la esperanza de que cuando se supere la pandemia, la recuperación económica puede ser más rápida que entonces. Pero nada es seguro.
En cualquier caso, lo importante ahora es cómo cruzar el puente entre el inicio y el final de la crisis, de modo que la gente tenga cubiertas sus necesidades y los negocios que son viables se mantengan y se recuperen.
Una inyección rápida
En otras coyunturas, cuando el gobierno quiere reactivar la economía inyecta dinero en el sistema para estimular el consumo. Pero en la situación actual, con los comercios y los restaurantes cerrados, y las fábricas de automóviles paradas, la respuesta tradicional no sirve. Ahora se trata de proporcionar una red de seguridad a la gente que ha perdido su empleo o ha visto disminuir sus ingresos por falta de demanda.
Las familias necesitan dinero para afrontar sus pagos esenciales. Al gastar el dinero en estos capítulos básicos se mantendría buena parte del consumo. Y esto sostendría a las pequeñas empresas y a los empleos que dependen de ellas.
Ha sido EE.UU. el primer país en acordar pagos directos a los ciudadanos dentro de las medidas de estímulo económico
Como la economía ha entrado en caída libre, la respuesta debe ser también rápida y contundente. No cabe esperar a que los estímulos fiscales o de política monetaria tradicional hagan su efecto. De ahí que la solución de meter dinero rápidamente en los bolsillos de los consumidores haya ganado apoyos entre economistas y políticos.
EE.UU. enviará cheques
Curiosamente el país que, por el momento, ha ido más lejos con este remedio tan poco capitalista ha sido EE.UU. Tras arduas negociaciones entre republicanos y demócratas, el Congreso ha acordado el plan de rescate más ambicioso de su historia, por un importe de unos dos billones de dólares en ayudas a empresas y ciudadanos. En comparación, ante la crisis financiera de 2008 se aprobó un rescate de 800.000 millones de dólares.
Gran parte del dinero ahora asignado se destinará a préstamos para pequeñas y grandes empresas, junto a inversiones en la sanidad. Lo novedoso es que en este arsenal se incluyen pagos directos a los ciudadanos. Según el plan aprobado, se enviará un cheque de 1.200 dólares por adulto, para las personas cuya renta no supere los 75.000 dólares anuales y los 150.000 dólares para matrimonios. La cuantía de la ayuda se iría reduciendo para los de rentas superiores, hasta desaparecer para los de más de 99.000 dólares. A esto se añadirían 500 dólares por hijo.
Pero esto es un pago único. Para ofrecer un apoyo más continuado, los legisladores han acordado una ampliación de 13 semanas en la prestación de desempleo que pagan los estados, más un extra de 600 dólares por semana durante cuatro meses. Además, el seguro de paro se amplía a trabajadores no tradicionales, como los trabajadores por cuenta propia y los de la llamada “economía colaborativa”, como los de Uber.
Debate en el Reino Unido
También en el Reino Unido ha habido voces desde la oposición laborista que reclaman una medida de este estilo. La candidata a líder laborista Rebecca Long-Bailey ha propuesto “el pago de una cantidad fija a todos, para proporcionar una renta mínima básica que cubra al menos el nivel de subsistencia, mientras dure la crisis del coronavirus”.
Este ingreso sería completado por los empleadores hasta el nivel del salario normal del trabajador. De este modo, “se garantizaría una protección a todos, se mantendría la capacidad de consumo y seguirían a flote los negocios hasta que pasara la crisis”.
La idea ha sido descartada por Iain Duncan-Smith, un peso pesado del Partido Conservador, que fue ministro de Trabajo con David Cameron. Tras hacer números, Duncan-Smith piensa que esa medida costaría “una astronómica cantidad de dinero” y que existen otros mecanismos para ayudar a la gente. En concreto, el Universal Credit, aprobado en su mandato, que reúne en un solo pago mensual diversas prestaciones anteriores, para cubrir el coste de la vida. Bastaría reducir las condiciones para recibirlo, asegura Duncan-Smith, de modo que llegue a todo el que lo necesite.
España: prestación para autónomos
En España, dentro del plan del gobierno para hacer frente al impacto económico de la crisis, se incluye una prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos que hayan tenido que parar su actividad por el estado de alarma o que hayan visto disminuida su facturación en un 75% respecto al semestre anterior. La prestación equivale al 70% de la base reguladora mínima, lo que supone 661 euros.
Como la economía ha entrado en caída libre, la respuesta debe de ser también rápida y contundente
También hay debate en el seno del gobierno español sobre la posibilidad de otorgar una renta mínima temporal para personas que no quedan incluidas en el paquete de ayudas aprobadas hasta ahora. Se trataría de un ingreso mínimo para proteger a quienes tienen rentas bajas o hayan visto sus rentas mermadas por la reducción de horas trabajadas.
Salarios subvencionados
Para dar vía libre a los gobiernos ante la magnitud de la crisis, en la UE se han relajado los criterios de rigor presupuestario y de endeudamiento público. También en EE.UU. la objeción a un aumento de la deuda pública ha perdido fuerza. Dados los niveles históricamente bajos de los tipos de interés, se supone que los inversores van a estar dispuestos a comprar bonos del gobierno.
Otros gobiernos han optado por ayudar a los trabajadores y a sus empresas haciéndose cargo de parte de los salarios. Así, en Dinamarca el Estado cubrirá el 75% de los salarios de los trabajadores que de lo contrario serían despedidos, mientras que el empleador se hará cargo del restante 25%. Para los trabajadores por horas, el gobierno cubrirá el 90% de sus salarios, hasta un máximo de 3.480 euros mensuales.
En la UE aún no se ha llegado a un acuerdo para afrontar de manera conjunta los costes de la crisis del coronavirus. No hubo acuerdo en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del 26 de marzo, y ahora se ha dado quince días de plazo al Eurogrupo a fin de que presente nuevas propuestas para un plan de choque.