Los británicos tienen el récord de velocidad en traspaso del poder, según observamos el viernes 5 de julio: apenas unas horas antes se certificaba que el Partido Conservador había perdido por goleada las elecciones generales, cuando llegó un nuevo inquilino a Downing Street 10. El anterior, Rishi Sunak, lio rápidamente las maletas y se llevó en ellas, además de su ropa, el malestar de la gente por una inflación que la ha tenido a maltraer por demasiado tiempo (en mayo fue del 2,8%, pero llegó a estar casi en el 10%), además de por las chapuzas derivadas del Brexit, las francachelas que han dejado por el suelo el prestigio de los políticos conservadores y la impotencia frente a la inmigración ilegal.
De resultas, el otro gran partido del sistema, el laborista, de Keir Starmer, ganó la puja. O para mejor decir, no la perdió. Que durante la campaña electoral el índice de aprobación de un Starmer que se perfilaba como vencedor continuara en cifras bajas revela más un hartazgo con el centroderecha tras 14 años en el poder que un embrujo cautivador por parte del centroizquierda. En todo caso, los números han sido contundentes en el Parlamento de Westminster (412 escaños laboristas vs. 121 conservadores) y han dejado “recados” a nivel local en cada uno de los países que conforman el Reino Unido. Quizás el más importante, en Escocia, pues el Partido Nacional Escocés (SNP) se ha quedado con solo nueve diputados en Londres, tras perder nada menos que 39, lo que podría sugerirle que los escoceses no están de humor para un nuevo referéndum de independencia.
La productividad británica se ubica por detrás de la de otras grandes economías, y el crecimiento esperado para 2025 es el menor de los países de la OCDE
Ya instalado, Starmer no ha tenido libre su primer fin de semana. El domingo 7 estuvo por la mañana en Edimburgo y por la tarde en Belfast. En la primera ciudad, donde se reunió con el ministro principal escocés John Swinney, del SNP, habló fundamentalmente de temas económicos y le dio un tirón de orejas verbal al ex primer ministro conservador Boris Johnson por el “fallido” acuerdo fraguado por este con Bruselas; acuerdo que prometió enmendar. En la capital de Irlanda del Norte habló de resetear las relaciones con el gobierno de la provincia y de asumir un enfoque de colaboración bilateral –los líderes del Sinn Fein, independentistas, quedaron encantados: “Es un cambio de la noche al día”–. Al final, viajo a Cardiff (Gales) y también tuvo buenas palabras, como se esperaba.
Con que, en definitiva, el laborista logre poner un poco de calma y normalidad en la política nacional y a ojos del ciudadano común –Starmer no es de teatralizar que vuela con la Union Jack como Johnson, pero podría tener otras “tentaciones”–, puede disfrutar de un generoso tiempo de margen para encarrilar la economía, lastrada por una productividad menor que la de otras grandes potencias (solo está por encima de Italia y España en riqueza creada por hora trabajada) y con un pronóstico de crecimiento para 2025 de apenas el 0,4%, el peor de la OCDE.
Mano estatal en los trenes y en la energía
La idea del líder laborista es ponerse a la labor de inmediato y aplicar una estrategia de misiones en las que el Estado tendrá una mayor capacidad de decisión y acción. Parecería, con el nuevo enfoque, que toma nota de la voluntad de la gente: una importante mayoría de los británicos, según constató YouGov en 2022, estaría muy de acuerdo en que varios servicios e infraestructuras fundamentales tuvieran gestión pública (el agua, para el 63% de los consultados; los trenes, para el 57%; la energía, para el 55%, etc.), o a lo sumo, mixta. Muy pocos están por la gestión totalmente privada.
En el caso de los trenes, que el conservador John Major puso en manos de empresas privadas en 1993, la situación actual es, cuando menos, paradójica: como explica The Standard, la ley en vigor impide al Estado gestionar los ferrocarriles (controla únicamente las vías), algo que sí pueden hacer… empresas estatales holandesas, alemanas, italianas o francesas.
La intención del Gobierno laborista es devolver totalmente la gestión del sistema ferroviario al Estado en cinco años
El problema, sin embargo, no es de titularidad, sino de operatividad: un detallado reportaje de CNN, de octubre pasado, constataba fenómenos como los frecuentes retrasos, la sobresaturación de pasajeros en las estaciones, la falta de personal para atender al público, las inversiones cortadas de golpe, la introducción de locomotoras y vagones que, al poco tiempo de uso, necesitan reparaciones costosísimas… “Gran Bretaña –titulaba la cadena estadounidense– inventó los trenes. Ahora su sistema ferroviario parece estar sufriendo un colapso nervioso”.
La intención del nuevo Gobierno es devolver totalmente el sistema al Estado en cinco años. Una nueva instancia, denominada Great British Railways y dirigida por profesionales de la industria, asumirá el control de infraestructura y servicios, y adjudicará los contratos, según anunció meses atrás Louise Haigh, hoy ministra de Transportes.
En cuanto al sistema eléctrico, Londres no desea toda la tarta, pero quiere estar presente en la fiesta. Los laboristas han anunciado la creación de una empresa pública –Great British Energy– que tendrá su sede en Escocia y que proporcionará un plus de electricidad, básicamente a partir de fuentes no contaminantes (el hidrógeno, el viento, las mareas, la fusión nuclear…), a la que ya distribuyen los operadores privados. No está aún claro si construirá centrales generadoras o si solo canalizará inversiones a las empresas que se le asocien para incrementar capacidad. El objetivo, en última instancia, será crear empleos y reducir las facturas.
Inmigración: ¿un “efecto Biden”?
Otras áreas en que los de Starmer se proponen dejar huella son la educación, la sanidad pública (el NHS) y la inmigración. En la primera, enfilarán contra la exención de que gozan las escuelas privadas respecto al IVA de las matrículas y, con lo recaudado, reimpulsarán las públicas. En materia de salud, se proponen revitalizar el sistema del médico de familia y sumar dos millones de citas médicas a las que ya ofrece el NHS, mediante pagos adicionales a los profesionales sanitarios y la derivación de pacientes a la privada para eliminar los atrasos.
El Gobierno laborista se propone tramitar con rapidez las solicitudes de asilo y expulsar sin dilación a aquellos cuyas solicitudes no prosperen, algo “difícil de hacer en la práctica”
En cuanto a inmigración, las cosas están menos claras. El flamante primer ministro ha dicho que el plan del Gobierno anterior de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda “está muerto y enterrado” y que habrá que poner énfasis en “aplastar” a las organizaciones criminales de tráfico de personas. Esto, en opinión de Rob McNeil, subdirector del Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford, no es garantía en absoluto –“no hay evidencia que sugiera que después de ‘aplastar a las bandas’, no vengan otras a reemplazarlas”– y en cierta medida coincide con la fracasada visión de los conservadores.
En entrevista con France 24, McNeil señala que algunos ya hablan de un posible “efecto Biden” respecto a Starmer –la percepción, por parte de potenciales inmigrantes, de que un partido más “abierto” a los extranjeros puede ser más laxo en la materia que el anterior–. “Si hay un gran aumento de llegadas a través del Canal [de la Mancha], estas se vuelven muy visibles y tienden a estimular la preocupación pública. Si es así, podemos esperar que la gente presione al Gobierno para que haga más por controlar la migración irregular”. Respecto a los que finalmente toquen la costa, el nuevo Gobierno se propone tramitar con rapidez las solicitudes de asilo y expulsar sin dilación a aquellos cuyas solicitudes no prosperen, si bien esto “puede resultar difícil de hacer en la práctica”.
“Aproveche el momento, sir”
En la política, con los triunfos, llegan los abrazos y las palmadas en la espalda, pero también algunos se apresuran a ponerle al vencedor los pies en la tierra. La enorme ventaja que le ha sacado el laborismo a los conservadores es una buena noticia para Starmer, pero en ninguna manera indican una “izquierdización” perdurable de los votantes. Si al Churchill de la V de victoria los electores lo dejaron en la estacada dos meses después de terminada la guerra, cabe preguntarse qué puede esperar un abogado sin don de gentes ni carisma que lo distinga.
The Economist ha salido prontamente a hacerle algunas observaciones (y recomendaciones) al recién llegado a Downing Street, como que no hay que dar por sentado que el país ha vuelto “a la normalidad”. El electorado, apunta la publicación, “se ha vuelto extraordinariamente volátil” y la propia idea de que pueda haber escaños seguros se tambalea. “Según la última Encuesta de Actitudes Sociales Británicas, un récord del 45% respondió que ‘casi nunca’ confía en que los gobiernos pongan los intereses de la nación en primer lugar. En 2019 fueron el 34%”.
El semanario británico les recuerda a los laboristas que, con tan ingente mayoría, tienen ante sí “una enorme oportunidad para maximizar el crecimiento” a base de imaginación política. Entre las tareas que pudiera acometer estaría retomar y concluir una línea ferroviaria de alta velocidad truncada por el Gobierno conservador, “para demostrar que se toman en serio la construcción de obras públicas”.
Además, podrían transferir a los gobiernos de las demarcaciones regionales la recaudación de las tasas por las infraestructuras que se levanten en ellas, lo que –dice– animaría la actividad constructiva, y quitar los gravámenes existentes en los procesos de contratación de profesionales extranjeros altamente cualificados, entre otras medidas que aportarían mayor dinamismo económico (como, por ejemplo, una profundización de la colaboración con Europa, el mayor socio comercial del país).
“Si sir Keir puede mejorar la baja productividad crónica de Gran Bretaña y aumentar la eficiencia del Estado, entonces podría ofrecer una lección a los centristas de otras partes: no es solo cómo ganar el poder, sino cómo usarlo. El primer paso es aprovechar el momento”, concluye.
Pro-LGTB y abortista, sin sorpresas
Por último, si variable es la sociedad en lo que atañe al voto, variada es en cuanto a posturas ideológicas y de credo, por lo que cabe hacer un breve aparte sobre lo que pudiera esperarse de Starmer en cuanto al respeto de los derechos y libertades de los que no militan en el “bando oficial” en las actuales batallas culturales.
El primer ministro, abogado especializado en derechos humanos y antiguo director de la Fiscalía Pública, ha llevado en su programa el compromiso de “proteger a las personas LGBT+ y discapacitadas, al convertir todas las variantes existentes de delitos de odio en delitos agravados”. Él mismo se vacunó públicamente “contra el odio” hace ya unos años, cuando, tras visitar una iglesia evangélica londinense que predica el matrimonio tradicional y recibir por ello fuertes críticas del lobby gay, se disculpó, dijo que había cometido un “error” y descolgó de sus redes el vídeo de la visita.
El Partido Laborista ha rechazado reunirse con organizaciones feministas críticas con las cuestiones de género
Ahora, la intención del gobernante de apretar la tuerca aun más lleva a Toby Young a titular en Spiked: “¿Cansado de la censura progresista? Aún no has visto nada”. El columnista manifiesta su preocupación acerca de que los laboristas promulguen normas que terminen penalizando “amplios sectores de la expresión que actualmente son legales”.
Muy en relación con esto se encuadra la intención del nuevo Gobierno de sacar adelante una ley “transinclusiva” contra las denominadas “terapias de conversión”. Ya existe en la legislación británica una ley contra estos tratamientos, por lo que el anuncio de que se prohibirán expresamente los que “perjudican” a los trans induce a imaginar que se busca hacer primar, en las consultas sobre disforia de género, la aplicación del enfoque afirmativo, a saber, la anuencia sistemática a lo que diga la persona sobre su “identidad de género”, contra la línea adoptada últimamente por el NHS.
Que los laboristas están bastante comprometidos con el movimiento LGTB es cosa sabida. El propio Starmer se ha hecho un lío en alguna ocasión para no quedar mal (“el 99,9% de las mujeres no tienen pene”, dijo en 2023), mientras que sus compañeros de partido, según señala Josephine Bartosch en UnHerd, “se han negado a reunirse con grupos críticos con las cuestiones de género, como Labour Women’s Statement, Lesbian Labour y Women’s Place UK, de tendencia izquierdista”.
En cuanto a la defensa de la vida se puede esperar un retroceso, tanto por el propio sesgo ideológico del laborismo como por la propia ejecutoria de Starmer. Según escribe Ross Clark en The Spectator, mientras era director de la Fiscalía, el hoy primer ministro desestimó en 2013 perseguir un caso bastante claro de aborto por selección de sexo (el sexo del no nacido no entra en los supuestos de aborto allí). Además, ya en 2009 se había desentendido de acusar a unos padres que habían ayudado a su hijo a ir a Suiza a suicidarse en la clínica Dignitas, y redactó unas “recomendaciones” para que los fiscales se abstuvieran de ir contra familiares y amigos en casos así, siempre que simplemente hubieran “cooperado” y “no alentado” al enfermo en cuestión a quitarse la vida.
“Ahora –afirma Clark– promete que la muerte asistida se someterá a votación en la Cámara de los Comunes, que, siguiendo la práctica habitual, presumiblemente se dejará como una cuestión de conciencia en manos de los diputados”.
En resumen, que con el atildado prime minister no hay que quedarse en las formas. Espectáculos ridículos dará muy pocos o ninguno, pero tiene una agenda clara. Y con toda la serenidad del mundo la aplicará.