El pasado 16 de noviembre entró en vigor, tras la firma del presidente Lukashenko, la nueva ley sobre libertad de confesiones y organizaciones religiosas aprobada por el Parlamento bielorruso el 2 de octubre. La ley prohíbe la actividad religiosa -incluso en domicilios particulares- de cualquier institución no registrada ante la autoridad competente, que se reserva también la potestad de autorizar la publicación o importación de libros de contenido religioso, que quedan sometidos a la censura estatal. La ley menciona en su preámbulo como religiones admitidas el Judaísmo, el Catolicismo, el Luteranismo y el Islam, pero singulariza a la Iglesia ortodoxa rusa como religión con un papel determinante en la cultura y organización política nacionales.
Bielorrusia, república independiente, se desgajó de la extinta Unión Soviética en 1991. En la actualidad cuenta con 10,3 millones de habitantes. Desde 1994, gobierna el país el presidente Lukashenko, que se define «ateo ortodoxo». En diciembre de 1999 firmó con Rusia un importante tratado de cooperación política y económica. El Departamento de Estado de los EE.UU. ha reprobado al régimen bielorruso por su política de derechos fundamentales en materia religiosa.
La ley excluye del derecho a acceder al registro administrativo a las Iglesias o confesiones religiosas que tengan menos de veinte miembros con nacionalidad bielorrusa, que quedan condenadas a la clandestinidad. Por otro lado, solo las organizaciones religiosas registradas podrán invitar a ciudadanos extranjeros a entrar en el país para desarrollar tareas religiosas. Michael Wines, corresponsal del New York Times en Minsk, la capital de Bielorrusia, destaca en un reciente artículo (25-XI-2002) que la nueva ley responde al deseo de Lukashenko de seguir contando con el respaldo de la jerarquía ortodoxa rusa. Esta, haciendo gala de un proverbial exclusivismo, ve con malos ojos a los competidores, entre los que se encuentran algunas pequeñas Iglesias protestantes.
La ley, que expresa su voluntad de proteger al país de la presencia de sectas peligrosas, crea especiales problemas a muchos grupos protestantes dispuestos a enviar pequeños grupos de fieles para establecerse en el país, al que no han podido tener acceso hasta hace pocos años y que, por tanto, no tienen miembros bielorrusos en número suficiente para optar al registro. Así lo ha reconocido la máxima autoridad católica del país, el cardenal Kazimierz Swiatek, que se ha manifestado en contra de la ley. Swiatek, de 88 años, arzobispo católico de Minsk-Mohilev, pasó más de diez años en gulags y fue puesto en libertad en 1954. Juan Pablo II le nombró arzobispo en 1991, y tres años más tarde cardenal.