Desde 1994, pensadores católicos y evangélicos de EE.UU. realizan anualmente una declaración pública sobre aspectos de interés común. La última de ellas, En defensa de la libertad religiosa (1), llama la atención no solo sobre los ataques en países que no reconocen esta libertad, sino también sobre las vulneraciones de este derecho fundamental en sociedades democráticas.
A juicio de los firmantes, la separación de la Iglesia y el Estado es solo una manifestación de la libertad religiosa, no su contenido fundamental. Además, la separación institucional “tiene por objeto proteger la libertad de convicciones religiosas, no promover la desaparición de la religión en la esfera pública”. Es necesario evitar este planteamiento reduccionista y llamar la atención sobre la continuidad que existe entre libertad de creencias y la libertad de expresión, de reunión, etc.
La declaración rechaza tanto los planteamientos laicistas como los clericales. “No buscamos, explica, ni una esfera pública vacía ni una esfera pública sagrada, sino una esfera pública civil, abierta a toda la gama de convicciones”. Asimismo, rescatan la conexión entre libertad religiosa y democracia, teniendo en cuenta que “en ausencia de la misma, la democracia se desmorona”.
Católicos y evangélicos proponen redefinir el papel de los ciudadanos creyentes y no creyentes. A su juicio, resulta esencial que tanto legal como socialmente se invite a los primeros “a aportar en el debate público sus convicciones morales de raíz religiosa sobre cómo debemos conducirnos en nuestra vida en común”.
Deben desterrarse los prejuicios en contra de los argumentos que nacen de creencias religiosas. Éstos “no imponen valores sectarios en una sociedad plural. Este tipo de acusaciones son antidemocráticas porque niegan a los conciudadanos y a las comunidades religiosas su derecho a dar a conocer las fuentes de sus convicciones más profundas en la vida pública”. Pero también se reconoce la obligación que tienen los creyentes de “argumentar en la esfera pública de una forma que permita que todos los ciudadanos, con independencia de sus creencias o a falta de ellas, puedan compartir”.
Los cristianos, perseguidos
Son los cristianos quienes más sufren hoy el acoso. Como se sabe, hay casos flagrantes de persecución en países islamistas, como Arabia Saudí, o en otros donde la conversión a otra religión se castiga con la pena capital.
“La persecución musulmana contra los cristianos –continúa la declaración– no se limita a esa área del mundo; prácticas similares se pueden encontrar en Indonesia, el norte de Nigeria, Oriente Medio, África del Norte, el Golfo Pérsico y en la India”.
Tampoco ha desaparecido la presión contra las creencias religiosas en algunos países comunistas, como Corea del Norte o Vietnam, ni tampoco en repúblicas exsoviéticas. La declaración se refiere explícitamente a Bielorrusia, Turkmenistán y Uzbekistán, donde se “restringe la libertad de religiosa por el afán de controlar todos los aspectos de la vida social”.
Las amenazas en sociedades democráticas
Sin embargo, lo más preocupante son los problemas que han empezado a surgir en sociedades democráticas y avanzadas, incluso en aquellas en las que “el lenguaje de los derechos humanos forma parte del vocabulario de la moral pública”. En el texto conjunto, se ofrecen abundantes ejemplos de los atentados contra la libertad religiosa en estos países.
En Canadá, pastores protestantes han sido multados “por predicar la moral bíblica en relación con la sexualidad humana. En el Reino Unido se ha denegado la adopción a parejas debido a su compromiso con las enseñanzas morales de la Biblia [cfr. Aceprensa, 4-03-2011]. En Polonia, el editor de un periódico fue sancionado por decir la verdad sobre el aborto”. En todos estos casos, se pone de manifiesto cómo “el poder coercitivo del Estado está siendo utilizado para imponer una agenda laicista en la sociedad mientras se empuja a la creencia y práctica religiosa fuera de la vida pública”.
Especialmente graves son los últimos acontecimientos ocurridos en EE.UU., “donde la libertad religiosa está siendo usurpada y reducida a través de los tribunales, en nuestra política administrativa y en nuestra cultura”. La ley de reforma sanitaria (ver Aceprensa 27-01-2012) afecta gravemente a la conciencia de los creyentes; asimismo, las soluciones previstas, como la de reconocer solo la objeción de conciencia a aquellas instituciones que atiendan a sus propios miembros, “criminaliza como delito el testimonio público de organizaciones religiosas como universidades católicas y otras instituciones asistenciales”.
Reconociendo al Estado su propio ámbito de competencia, pero también sus limitaciones en otros, evangélicos y católicos se comprometen a trabajar juntos para la “renovación de la libertad religiosa en nuestros países y en todo el mundo”. Con esta declaración, en la que comunican su preocupación por las vulneraciones a la libertad religiosa, solicitan a los legisladores que “formulen explícitamente el derecho a la objeción de conciencia para los trabajadores en el ámbito sanitario” y que eviten cualquier medida que interfiera en el libre ejercicio de la libertad religiosa de los creyentes.
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(1) “In Defense of Religious Freedom” (First Things, marzo 2012).