Otro de los motivos de enfrentamiento entre el Parlamento ruso y el presidente Boris Yeltsin es la ley de libertad religiosa de 1990. Pese a la existencia de esta ley, aprobada durante el mandato de Gorbachov, el Parlamento ruso ha calificado de «caótica» la situación actual del país en el terreno religioso, por lo que ha decidido modificarla. Los parlamentarios han dispuesto que toda confesión religiosa que tenga su sede fuera de Rusia debe solicitar una «acreditación» que le autorice a difundirse en el país. El Consejo de Ministros será el organismo encargado de otorgar tales permisos.
La ley de 1990 también ha sido modificada en lo referente a la «igualdad de todas las religiones ante la ley». A partir de ahora, el Ministerio de Justicia podrá prohibir una religión o retirar el permiso a todas las confesiones que atenten contra la ley o las tradiciones históricas de Rusia.
Pero estas modificaciones han de ser aprobadas por Yeltsin. Entretanto se ha levantado una gran polémica en el país sobre la decisión parlamentaria. En un comunicado de prensa, el Patriarcado Ortodoxo de Moscú defiende las modificaciones que se quieren introducir. «Son la consecuencia -dice- de una política expansionista de las religiones no ortodoxas en Rusia. Las medidas van a servir para defender la tradición religiosa de nuestro país». También afirma que «las religiones extranjeras gozan de grandes recursos financieros. Los predicadores de Estados Unidos y Corea del Sur tienen mejores medios materiales que la religión ortodoxa, que -como el pueblo ruso- padece la pobreza del país».
La autoría de la nueva ley se atribuye a Wjatcheslav Polossin, arcipreste de la Iglesia ortodoxa, que forma parte de la Comisión Parlamentaria sobre Cultura, Deporte y Religión. Polossin está defendiendo lo que considera fundamental para mantener a Rusia alejada del problema de las sectas.
Los ataques a la reforma legislativa llegan de todas partes. Yurii Rozenbaum, jurista que participó en la elaboración de la ley de 1990, afirma que «Polossin ha querido afianzar el papel de la Iglesia ortodoxa con una ley. Es una reforma que cambia totalmente la idea que teníamos en 1990: de la libertad religiosa se pasa a la tolerancia religiosa. La Iglesia ortodoxa ha reaccionado de esta manera ante la creciente influencia de las decenas de sectas protestantes que aprovechan el vacío moral, la falta de formación y la búsqueda de la novedad religiosa por parte de los más jóvenes. A estos factores hay que unir los constantes ‘descubrimientos’ periodísticos que demuestran la conexión de la jerarquía ortodoxa con el KGB durante muchos años. La Iglesia ortodoxa ha perdido popularidad».
Pero la modificación de la ley no se dirige sólo contra las sectas. La Iglesia católica va a perder con estas reformas el estatuto de «igualdad» (teórica) con respecto a la Iglesia ortodoxa. Aunque la reforma aprobada concede una excepción a las religiones instaladas en el país antes de 1990 (entre ellas la católica, por lo que está automáticamente aprobada), perjudica claramente a los católicos. Con la falta de igualdad ante la ley, va a ser muy difícil que los católicos reciban las ayudas estatales o las devoluciones de bienes eclesiásticos que reclaman. Además, hasta ahora, un objetor de conciencia podía realizar su servicio social en cualquier Iglesia; con la reforma, será la Iglesia ortodoxa quien se vea más favorecida en este terreno, así como en la adjudicación de programas de televisión y radio, etc. La Iglesia ortodoxa será la propia del país. Las demás, simplemente, se tolerarán.
Puede ser que la reforma no entre en vigor debido a la oposición frontal de Boris Yeltsin. El presidente ruso ha manifestado que la nueva ley supone «un gran atentado contra los derechos humanos y es contraria a la libertad religiosa». Pero la ley cuenta con el apoyo del 80% de los parlamentarios. El motivo de fondo parece claro: el nacionalismo crece en Rusia y los políticos desean una vuelta a sus valores tradicionales, a los orígenes rusos.
José María López-Barajas