La ley china reconoce teóricamente la libertad religiosa, y el régimen declara públicamente que no pone trabas al ejercicio de este derecho. La semana pasada, en una rueda de prensa conjunta con el presidente norteamericano George Bush, de visita oficial en China, el líder chino Jiang Zemin respondió así a la pregunta de un periodista extranjero sobre los ministros católicos encarcelados: «Están detenidos porque violaron la ley, no por sus creencias religiosas». Sin embargo, siete documentos oficiales, sacados clandestinamente de China y publicados el 13 de febrero en Estados Unidos, muestran que el gobierno comunista emplea sistemáticamente su aparato represivo contra los creyentes del país.
Los documentos son informes o discursos confidenciales de altos funcionarios chinos, fechados entre abril de 1999 y octubre de 2001. Fueron obtenidos por el Committee for Investigation on Persecution of Religion in China (CIPRC), con sede en Nueva York, por medio de cristianos chinos próximos a agentes de policía en distintas provincias. Los ha publicado en Estados Unidos el Center For Religious Freedom (CRF), que los ha puesto traducidos en Internet (www.freedomhouse.org/religion), junto con un informe. Algunos especialistas independientes, como Robin Munro (Escuela de Estudios Orientales y Africanos, de Londres), los han examinado y los consideran auténticos.
Bob Fu, director ejecutivo del CIPRC y ex pastor clandestino en Pekín, señala que estos documentos muestran el «peligroso doble lenguaje» del régimen, que habla de tolerancia mientras da órdenes secretas para aplastar a los grupos religiosos ilegales.
Los documentos manifiestan la energía con que el régimen combate secretamente las organizaciones religiosas independientes, como el movimiento Falun Gong. La represión se dirige de modo especial contra las que tienen relaciones con el extranjero, como diversos grupos protestantes y la Iglesia católica «clandestina», la que -a diferencia de la «patriótica»- no está controlada por el gobierno y mantiene la comunión con la Santa Sede.
En el documento más extenso (6-III-2001), el vicedirector de seguridad pública de la provincia de Anhui, explica que, en previsión de las canonizaciones de santos chinos (1-X-2000; ver servicio 132/00), sus agentes habían reforzado la vigilancia sobre los católicos y lograron impedir actividades ilegales. Y añade: «Aun después de que el intento de canonización fuera rechazado por nuestro gobierno, el Vaticano sigue esperando cualquier oportunidad de intervenir en los asuntos internos de las Iglesias católicas de nuestro país. Atraerá a los creyentes patrióticos y les incitará a rebelarse. También dará apoyo a los católicos clandestinos para sabotear la estabilidad de las Iglesias católicas [patrióticas]. Bajo su influencia, es posible que miembros destacados de las Iglesias católicas clandestinas aceleren los contactos y reanuden sus actividades».
El mismo funcionario dice también que, justo cuando Pekín y el Vaticano mantenían conversaciones para establecer relaciones diplomáticas, las fuerzas de seguridad a su cargo «empezaron a buscar, educar, convertir, explorar y controlar a algunos representantes clave de los católicos clandestinos».
Algunos de los documentos «muestran la preocupación de Pekín por el continuo florecimiento de la religión en el país» y por «estar perdiendo la batalla por controlarla», dice el CRF. Su reacción es reforzar las medidas de vigilancia de los grupos religiosos a través de agentes infiltrados.
La actual estrategia china, explica el informe del CRF, se basa en considerar «secta peligrosa» cualquier grupo religioso que no se someta a control. Durante años, después de que el régimen dejara de tratar a la religión como «contrarrevolucionaria», la actividad religiosa independiente fue tipificada como falta, punible con multas o periodos breves en prisión o campo de trabajo. Desde las leyes sobre «sectas» (1999), las infracciones de tipo religioso pueden ser calificadas de delitos contra la seguridad nacional, castigados hasta con cadena perpetua o pena de muerte.
Se conoce en parte la magnitud de la represión. El CIPRC tiene datos de más de 23.000 personas detenidas desde 1983 por actividades religiosas no autorizadas y testimonios de unas 5.000 víctimas de la persecución. El 12 de febrero, la agencia Fides publicó una lista de 13 obispos y 20 sacerdotes católicos privados de libertad.