Las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado
En el escenario internacional la marca España sigue asociada a la de un país católico. Por eso sorprende en el extranjero que, con el actual gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se haya convertido en uno de los escasos países que reconocen el matrimonio gay, o que haya adoptado una de las legislaciones más permisivas en materia de reproducción asistida. En el momento en que Benedicto XVI va a celebrar el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia (España), es oportuno plantearse si el país que recibe al Papa sigue siendo católico de corazón.
La izquierda española se ha creído llamada siempre a «redimir» a la sociedad de la influencia de la Iglesia católica, considerada un freno para su idea del progreso. En la guerra civil española (1936-1939) este objetivo se manifestó en una persecución violenta. En el clima de la democracia actual, el ideal para los socialistas sería que las creencias religiosas quedaran en el ámbito de la intimidad privada y del culto, sin relevancia pública.
Pero la Constitución española de 1978, que instauró el régimen democrático, dice otra cosa: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones» (art. 16). El precepto habla de un Estado aconfesional o laico, no laicista; que tiene en cuenta las creencias religiosas, lo que es distinto de ignorarlas; donde la separación entre la Iglesia y el Estado no excluye la cooperación, de un modo especial con la Iglesia católica a la que se menciona expresamente.
Las relaciones con la Iglesia católica están enmarcadas sobre todo en los Acuerdos con la Santa Sede, firmados en 1979, después de la aprobación de la Constitución. Los acuerdos regulan aspectos jurídicos, económicos (la colaboración del Estado en el sostenimiento de la Iglesia), educativos y culturales (entre ellos, la enseñanza de la religión en la escuela), y la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. En los 27 años transcurridos desde entonces, los Acuerdos han funcionado razonablemente bien, tanto con gobiernos anteriores del Partido Socialista como con los del Partido Popular
Arraigo social de la Iglesia
Los socialistas tienden a pensar que la progresiva secularización de la sociedad va reduciendo a marchas forzadas el peso de la Iglesia católica. Y, por lo tanto, se consideran llamados a adecuar la política a una nueva «sociedad laica».
Pero, por fuerte que sea la secularización, en las encuestas se declaran católicos el 81% de los españoles, frente a un 15% de no creyentes y un 2% de otras religiones. En el año 2000 se bautizaron el 72% de los nacidos. De cada diez matrimonios, más de siete se casan en la Iglesia (porcentaje que es mayor en el caso de los primeros matrimonios, ya que los divorciados y vueltos a casar solo pueden recurrir al matrimonio civil).
La asistencia a Misa los domingos ha caído, pero aun así no hay ninguna otra convocatoria social que reúna a más gente: en torno a un 30% de la población frecuenta la Misa dominical, mientras que el 17% va varias veces al año y un 48% nunca o casi nunca. Las escuelas católicas tienen prestigio y lista de espera.
Todo esto es compatible con que en muchos casos las costumbres y la actuación pública de los católicos no sean coherentes con las creencias. En el aspecto familiar, hay datos muy preocupantes. La tasa de fecundidad (1,3 hijos por mujer) está a la cola de Europa Occidental, y aún sería peor sin los hijos de extranjeras, que suponen el 15% del total de nacimientos; casi uno de cada seis embarazos termina en aborto; las rupturas familiares crecen año tras año; uno de cada cuatro niños nace de madres no casadas.
En un discurso de 12 de noviembre de 2004, el entonces vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, reconocía el gran desequilibrio entre cristianos bautizados y cristianos coherentes: «La debilidad de la adhesión personal a las realidades y a la vida de fe, la escasa formación intelectual, la falta de estima por la propia fe, hacen a muchos de nuestros cristianos especialmente vulnerables a la acción descristianizadora del ambiente». Advertía que la Iglesia tiene que diferenciarse del conjunto de la sociedad española «que aunque conserve muchos elementos cristianos ya no es cristiana de corazón». Este clima de escaso vigor interno del catolicismo hace más difícil una decidida respuesta frente a propuestas legales que no están a la altura de la dignidad humana. Hoy día ser católico consecuente es algo incómodo en la vida pública española, y no otorga ninguna ventaja política.
Cambios radicales en el matrimonio
En sus dos años de gobierno, Rodríguez Zapatero ha tenido buen cuidado de no hacer experimentos económicos que puedan arruinar la buena herencia recibida del Partido Popular. Sus pretensiones de mostrar un afán de cambio se han manifestado más bien en el área social. Y es en materias relacionadas con la familia, la bioética y la enseñanza donde han surgido las tensiones con la Iglesia católica.
Aunque la imagen pública cultivada por Zapatero es la de un político dialogante y moderado, sus propuestas sobre derecho de familia son de un radicalismo que le aleja del entorno europeo. Para dar efectos jurídicos a las uniones homosexuales, ha escogido la fórmula más extrema: el reconocimiento del matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de adopción. Esto sitúa a España junto a los dos únicos países europeos que han dado ese paso, Holanda y Bélgica, mientras que otros nueve países reconocen a las parejas homosexuales derechos más o menos equiparables al matrimonio. Tampoco se ha dado en España un debate a fondo como el que se ha producido en EE.UU. y que ha llevado a que el asunto se decida en referendos en distintos Estados. Y aunque el gobierno dijo que su reforma respondía a una demanda de la sociedad, la realidad es que en los primeros once meses de aplicación de la ley se ha registrado 1.275 bodas entre parejas del mismo sexo, lo que equivale solo al 0,6% del total de matrimonios celebrados.
No menos radical es la reforma del divorcio. En 2004 se produjeron 126.000 rupturas matrimoniales, con un incremento del 10% respecto al año anterior. Ante esta situación, la reforma del gobierno solo se preocupa de «agilizar» el proceso de divorcio. La nueva ley elimina la obligatoriedad de la separación como trámite previo al divorcio (antes debía transcurrir un año entre los dos), suprime las causas de culpabilidad y permite que a los tres meses de la boda el divorcio sea solicitado por uno de los cónyuges sin que el otro pueda oponerse.
Este «divorcio exprés» no solo ha provocado la crítica de la Iglesia católica. En un dictamen consultivo, el órgano de gobierno del Poder Judicial se manifestó muy crítico con el proyecto. Haciendo un estudio comparativo con 21 legislaciones europeas, el dictamen encontró que solo dos países -Finlandia y Suecia- admiten el divorcio unilateral sin causa, y con un plazo mayor que en España.
Puntos de fricción
Otro punto de fricción ha sido la reforma de la ley de reproducción asistida, con la que España se coloca entre los países con una regulación más «liberal».
Ante la acumulación de embriones congelados, el gobierno anterior había limitado a tres el número de óvulos que se podían fertilizar y ser implantados. La nueva ley quita estos límites y permite así que se generen embriones no solo para la procreación sino también para la investigación; solo prohíbe la clonación humana con fines reproductivos, pero deja abierta la puerta a la que pueda tener otros objetivos.
Al gobierno le resulta cómodo presentar cualquier objeción a estos cambios como algo peculiar de las convicciones católicas. Así, las propuestas del gobierno se presentan como el común denominador de una sociedad laica, mientras que las objeciones se descartan como creencias religiosas personales e intransferibles que no se pueden «imponer» a otros. Con este recurso se evita el debate sobre la argumentación de la propuesta, su necesidad y las consecuencias que puede tener, y se da luz verde a las nuevas creencias oficiales.
La religión en la escuela
El asunto que los obispos consideran más decisivo y en el que están impulsando la movilización de los católicos es la enseñanza de la religión en la escuela. Según el sistema vigente, los colegios deben ofrecer la asignatura de religión católica, que es optativa para los alumnos. Los profesores son nombrados por los obispos, y pagados por el Estado. Los Acuerdos entre España y la Santa Sede establecen que la enseñanza de la religión se realizará en condiciones equiparables a las demás asignaturas. Los problemas han surgido en torno a la equiparación: ¿debe haber otra asignatura de ética o cultura religiosa para los que no elijan la enseñanza de religión católica?; ¿la asignatura de religión se valora a efectos académicos?; ¿dentro o fuera del horario escolar?
Según la reforma de la ley de educación aprobada por el gobierno Zapatero, la enseñanza de la religión católica seguirá presente como optativa, pero sin que su calificación se tenga en cuenta a efectos académicos. El temor de los obispos es que en la práctica quede relegada en el horario escolar y que pierda importancia ante los alumnos.
Hay que tener en cuenta que la presencia de la enseñanza religiosa en la escuela no responde a una mera imposición legal, sino al deseo de las familias. De hecho, más del 77% de los alumnos opta por recibir clases de religión. Apoyándose en esta demanda, la Iglesia ha impulsado una campaña para defender la asignatura de religión. Su planteamiento es que la escuela pública tiene que tener en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos y respetar el derecho de los padres a que los hijos reciban educación religiosa en el ámbito escolar.
Transmisión de la fe
En el fondo de estos contenciosos entre la Iglesia y el Estado aparece también el problema de la financiación. La Iglesia en España se financia sobre todo con las aportaciones de los fieles y recursos propios, lo que representa un 70% de los ingresos. En torno al 30% lo recibe del Estado, a través de una doble vía (un porcentaje del impuesto sobre la renta y subvenciones complementarias). En 1987 se acordó que en el impuesto sobre la renta los contribuyentes pueden expresar su deseo de que el 0,52% del impuesto se destine a la Iglesia católica (el último año así lo hizo un 34% de los contribuyentes); y, de modo transitorio, el Estado se comprometía a completar lo que faltara para que la Iglesia no recibiera menos que con el sistema anterior. Superado con creces el periodo de transición, la Iglesia no ha llegado a autofinanciarse. Para que le bastara con la asignación tributaria, la Iglesia estima que habría que aumentar el porcentaje de la asignación hasta un 0,7 ó 0,8%. El gobierno socialista se declara dispuesto a negociar.
Pero lo que no puede arreglarse en negociaciones con el Estado es la revitalización del catolicismo en España. El lema del Encuentro de Valencia -«La transmisión de la fe en la familia»- es la gran tarea que tienen por delante los católicos españoles, que hoy se mueven en un ambiente cultural hostil.
Ignacio Aréchaga