Buenos Aires.— Desde el pasado marzo las declaraciones de miembros del Ejército argentino en las que reconocen los métodos aberrantes con que combatían el terrorismo en los años 70 y 80, han mantenido en vilo a la opinión pública. Estas manifestaciones de arrepentimiento han encontrado un eco positivo. En el centro del debate se encuentra el afán por delimitar responsabilidades. Y algunos sectores radicales han acusado también a la Iglesia de haber eludido su responsabilidad de denunciar los abusos cometidos.
El domingo 9 de abril, por ejemplo, el diario Página 12 recogió imputaciones denigrantes contra el cardenal Pio Laghi –prefecto de la Congregación para la Educación católica– a las que cinco obispos contestaron con un comunicado: «Nosotros fuimos testigos de su denodada lucha por los derechos humanos en esos tiempos difíciles. Nos consta su preocupación y sus fuertes y reiteradas protestas a los gobiernos militares; y sabemos de sus múltiples intervenciones en favor de la vida».
Muchos políticos, incluyendo socialistas, han apoyado a Pio Laghi. El comunicado continúa: «¿Para qué debemos conocer toda la verdad: para volver a enfrentarnos o para reconciliarnos? Fueron muchísimos los obispos y sacerdotes que hicieron lo imposible por salvar vidas, realizar gestiones, averiguaciones, hablar con unos y con otros para encontrar algunos caminos de paz en medio de tanto horror». Y más adelante: «Seguramente durante toda nuestra vida cargaremos en nuestras conciencias el arrepentimiento por no haber hecho mucho más por impedir que jóvenes pertenecientes a nuestra Iglesia optaran por la violencia guerrillera y por evitar que los represores incurrieran en tales aberraciones contra los derechos humanos».
La prédica de algunos sacerdotes vinculados con el movimiento tercermundista, por un lado, confundió a muchos jóvenes que vieron en la lucha armada el único camino para alcanzar una sociedad más justa; por otro lado, algunos sacerdotes pueden no haber sido lo suficientemente firmes en su condena a los procedimientos inhumanos cuando fueron consultados por militares dudosos.
Pero probablemente, ningún sector de la sociedad movilizó tantas personas en defensa de los derechos humanos como lo hizo la Iglesia con sus miembros. Y, sin duda, ninguna institución se pronunció con tanta dureza sobre la inmoralidad de los métodos usados por las fuerzas armadas en la lucha contra la subversión como lo hizo el Episcopado argentino en múltiples documentos emitidos durante la dictadura militar y recogidos en un libro de más de 60 páginas.
Los obispos, que han celebrado su Asamblea Plenaria del 24 al 28 de abril, no descartan la posibilidad de hacer una autocrítica más detallada en un futuro. Aunque, como aclaró Mons. Gerardo Sueldo, «lo que la Iglesia hace es invitar a sus miembros a que realicen un examen de conciencia; pero la respuesta siempre será individual, personal».