A menudo, se reprocha a la Iglesia católica sus «intromisiones» en el espacio público. La Iglesia -dicen algunos- tiene derecho a rechazar los comportamientos que juzga inmorales, pero no puede aspirar a imponer su moral al resto de la sociedad. Este argumento ha llegado a hacer fortuna en la opinión pública. Pero curiosamente no se aplica el mismo rasero al Estado, que sí tendría derecho a imponer sus puntos de vista a la Iglesia.
El pasado enero, la Asamblea legislativa de Colorado aprobó un polémico proyecto de ley. El texto prohíbe a las instituciones caritativas de la Iglesia que reciben fondos públicos seleccionar a personal teniendo en cuenta sus convicciones religiosas. La reacción del arzobispo de Denver, Charles Chaput, fue enérgica: «Si nuestras instituciones no tienen libertad para ser católicas, entonces dejaremos de prestar servicios».
Catholic Charities, una institución dependiente de la archidócesis de Denver, es la organización que más ayuda da a los pobres y necesitados del estado. Chaput recuerda que los católicos desempeñan esta labor asistencial con mucho gusto, siempre y cuando no tengan que renunciar a su identidad religiosa. «No se puede obligar a prescindir de la fe a las personas que desean servir al bien común».
La medida aprobada en Colorado está inspirada en una ley vigente en el estado de Massachusetts. Esta ley prohíbe a las agencias de adopción que reciben dinero público dejar fuera del proceso de selección de adoptantes a las parejas del mismo sexo. Desde que entró en vigor en Boston, a mediados de 2006, las agencias de adopción católicas se han visto obligadas a cerrar.
En febrero de 2007, el Parlamento británico aprobó una legislación similar a la de Massachusetts. Se trata de la Equality Act (Ley de Igualdad), cuya finalidad es evitar la discriminación de las parejas homosexuales en los procesos de adopción. Aunque esta ley no entrará plenamente en vigor hasta finales de 2008, las agencias católicas de adopción se han visto obligadas a remitir a las parejas del mismo sexo a otras agencias que las acepten como adoptantes (ver Aceprensa 12/07).
La aprobación de la Equality Act desató en su momento una auténtica marejada política. El cardenal Cormac Murphy-O’Connor, arzobispo de Westminster y primado católico de Inglaterra, pidió al gobierno británico una exención por motivos de conciencia para las agencias de adopción católicas. En un primer momento, Tony Blair se mostró favorable a conceder una exención de este tipo, pero buena parte de los miembros de su gabinete y muchos de sus diputados le hicieron cambiar de postura.
Murphy-O’Connor no trató de imponer a nadie la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio. Solamente pidió una exención que permitiera a las agencias católicas colocar a los niños en los hogares con un padre y una madre (sin perjuicio de que otras agencias de adopción optaran por las parejas homosexuales). En cambio, el gobierno británico quiere obligar a los católicos a dar hijos a las parejas del mismo sexo, aunque actúen contra su propia conciencia.