Jerusalén. El Estado de Israel ha creado por primera vez la figura del matrimonio civil, aunque de él no se podrán beneficiar los judíos, para los que la boda religiosa seguirá siendo la única opción. La nueva ley pretende mejorar la situación de los 270.000 no judíos residentes en el país que no profesan ninguna religión y hasta ahora no tenían posibilidad legal de contraer matrimonio en Israel. El acuerdo al respecto fue alcanzado el 18 de julio entre el ministro de Justicia, Daniel Friedmann, y el Gran Rabino sefardí de Jerusalén, Shlomo Amar.
Israel es una democracia parlamentaria con un sistema pluripartidista y separación de poderes y en el que los ciudadanos gozan oficialmente de igualdad ante la ley, pero el carácter judío de su fundación llevó a que desde el principio se delegaran en el rabinato todos los asuntos relativos a matrimonios y divorcios. Hasta ahora, el Gran Rabinato se oponía tanto al matrimonio civil como a los matrimonios entre judíos y no judíos. Esto comenzó a convertirse en un problema con la ola de inmigración proveniente de la antigua Unión Soviética a partir de los años noventa, que llevó a establecerse en el país a judíos de origen que, al no pertenecer a ninguna comunidad religiosa, no han tenido hasta ahora posibilidad de casarse en Israel.
Como Israel por el contrario sí reconoce los matrimonios civiles celebrados en el extranjero, muchos israelíes y residentes en el país que no quieren o no pueden contraer matrimonio religioso, suelen casarse durante las vacaciones o realizar para su boda un viaje relámpago a un país cercano, como por ejemplo Chipre. El nuevo matrimonio civil en Israel no podrá celebrarse cuando uno de los dos cónyuges sea judío según la ley, es decir, cuando haya nacido de una madre judía o sea un converso y su conversión esté reconocida por el rabinato. Por ello, para los judíos sigue vetada la posibilidad de casarse por lo civil en Israel, así como los matrimonios mixtos.
A cambio del reconocimiento de esta forma limitada del matrimonio civil, el gobierno de Ehud Olmert otorgará al Gran Rabinato garantías legales de que continuará siendo la única instancia competente para reconocer conversiones. Esto permite al rabinato ejercer de hecho el control acerca de quién puede beneficiarse de la llamada Ley del Retorno, una de las leyes más polémicas de Israel. En virtud de ella, cualquier judío tiene automáticamente derecho a establecerse en el país y a recibir la nacionalidad.
En el caso de que el inmigrante no sea judío por ascendencia familiar sino por conversión, es el Gran Rabinato el que decide si esa persona es judía o no. El rabinato, sin embargo, sólo reconoce conversiones ortodoxas y no las llevadas a cabo en otras ramas del judaísmo más laxas, como la progresista o la conservadora, tema que genera frecuentes disputas con la diáspora judía. La Ley del Retorno, vigente desde 1950, va dirigida a facilitar el cumplimiento de uno de los objetivos fundacionales de Israel, el de dotar a los judíos de un espacio en el que refugiarse tras siglos de persecuciones. Pero la ley es considerada antidemocrática, al favorecer a un grupo de personas sobre el resto debido a su pertenencia étnica o religiosa.
Más polémica ha causado otra ley votada el mismo día por el Parlamento y que impide a no judíos adquirir terrenos públicos puestos a la venta por el Fondo Nacional Judío, organización que controla el 13% del suelo del país. El Fondo Nacional Judío fue fundado por el movimiento sionista a principios del siglo XX con la intención de adquirir terrenos en Palestina para que fueran poblados por judíos. Tras la fundación del país en 1948, la organización pasó a integrarse dentro del Estado. Actualmente forma parte de la Administración de Tierras de Israel, gestora de todo el suelo público, que es el 93% de la superficie nacional.
De acuerdo con sus objetivos fundacionales, el Fondo Nacional Judío sólo vende terrenos a judíos, lo que durante décadas ha desatado la incomprensión sobre todo de los árabe-israelíes, que constituyen cerca del 20% de la población del país. En 2004, la Justicia reprobó dicha práctica, y el fiscal general del Estado determinó que la Administración de Tierras, incluido el Fondo Nacional Judío, deben vender propiedades también a no judíos para evitar discriminaciones. La nueva iniciativa votada la semana pasada ante el Parlamento persigue echar abajo dicha decisión judicial.
La ley fue iniciada por una alianza de diputados tanto del bloque gubernamental como de la oposición, entre ellos Uri Ariel (Unión Nacional-Partido Nacional Religioso), Zeev Elkin (Kadima) y Moshe Kahlon (Likud). En la votación en su lectura preliminar en el Parlamento fue aceptada por una arrolladora mayoría de 64 contra 16 votos. La ley deberá ser sometida todavía a una segunda lectura.
Mohammed Barakeh, presidente del partido Hadash, de mayoría árabe, calificó la ley de “racista” y afirmó que “la población árabe no aceptará que se le roben sus derechos sobre los terrenos que le han sido expropiados durante años”. También se pronunciaron de manera similar varios diputados del Balad, otro partido árabe-israelí. Zeev Elkin, uno de los iniciadores de la ley, defendió sin embargo que con ella se pretende evitar que se rompan los acuerdos iniciales entre el Fondo Nacional Judío y el Estado de Israel y que trata al mismo tiempo hacer justicia histórica.