La Iglesia católica es la única institución en España que somete su popularidad a dos pruebas anuales cuantificables: la libre elección de la clase de religión en la escuela y la opción de marcar la casilla a favor de la Iglesia en la declaración de la renta para que se le destine el 0,7% del impuesto del contribuyente.
Ahora acaban de publicarse los datos de la asignación tributaria correspondiente a 2014, de la que resulta que el 35,11% de las declaraciones presentadas han marcado la casilla de la Iglesia. El porcentaje es similar al del ejercicio anterior, si bien las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado en 23.174. En total han sido 7.291.771 declaraciones de este tipo, y, si se tienen en cuentan las declaraciones conjuntas, resultan unos 9 millones.
Con este gesto de marcar la casilla de la Iglesia, los contribuyentes le han destinado 250 millones de euros, lo que supone 2,7 millones más que en 2013.
Aunque esta asignación tributaria responda a la voluntad de una parte de los contribuyentes y no obligue a pagar un euro más a nadie, siempre que se publican las cifras les salen ronchas a los más alérgicos al catolicismo. Muchas veces las críticas proceden de partidos y organizaciones que viven de subvenciones, pero que en este asunto defienden el criterio de que la Iglesia católica no debería recibir nada a través del erario público y que debería autofinanciarse.
La principal financiación
La Iglesia responde que la asignación tributaria supone –con datos de 2013– el 23% de los ingresos de las diócesis. Las aportaciones directas y voluntarias de los fieles son la principal fuente de financiación (36%), mientras que el resto proviene de ingresos patrimoniales y otros.
Los partidos políticos dependen de la financiación pública en casi un 80%
Si la capacidad de autofinanciarse es un signo de vitalidad, hay que reconocer que la Iglesia católica tiene un arraigo social mayor que el de los partidos políticos, cuya financiación pública está cerca del 80%. En el caso del PSOE, en 2014, según datos de su web, las subvenciones públicas suponían el 73% de sus ingresos; las cuotas de afiliados, un 15%; las aportaciones de cargos públicos, un 8,5%, y otros ingresos, un 3,34%.
La realidad es que los partidos viven enchufados al presupuesto público. En 2015 recibieron del Estado 52,7 millones de euros, de los cuales la parte del león fue para el PP (24 millones) y para el PSOE (14 millones). A esto hay que añadir otros 101 millones del Estado para procesos electorales, más los espacios publicitarios gratuitos en medios públicos.
La mejor fuente de financiación privada que han tenido los partidos ha sido su alto endeudamiento con la banca. En 2013, el Tribunal de Cuentas calculaba esta deuda en 205 millones. Así y todo, sus sistemas de financiación han estado llenos de corruptelas y de opacidad.
Figurémonos qué se habría dicho si la utilización de fondos públicos por parte de la Iglesia recibiera los varapalos que recibe la de los partidos cada vez que el Tribunal de Cuentas revisa los documentos justificantes. O si la Iglesia recurriera a las oscuras condonaciones de créditos bancarios, que ha sido práctica corriente en los partidos hasta que fue prohibida en marzo de 2015.
En lo que se refiere a la justificación del gasto, la memoria de la Iglesia sobre el destino de la asignación tributaria es mucho más transparente. Así, se sabe que en torno al 80% se dedica a sostener la estructura eclesial, el culto y el clero, sin ningún tipo de prebendas, ya que el sueldo de un obispo es de 1.250 euros mensuales y el de un cura se queda en mileurista.
Pero hay algunas partidas que indignan especialmente a los críticos, como que la Iglesia destinara 162.000 euros a una campaña publicitaria en favor del derecho a la vida. ¡Dinero público contra el aborto! Habría que preguntarse cuánto cuestan al erario público los casi 100.000 abortos anuales, cuya financiación recae sobre todos los contribuyentes, piensen lo que piensen sobre el aborto.
Lo de Cáritas, pase
A los auditores mediáticos de la financiación de la Iglesia solo les parece bien el dinero que se destina a Cáritas. Al fin y al cabo, esto es un destino social, y tiene la ventaja de que la Iglesia se ocupa de atender las patologías que la sociedad genera y que el Estado de bienestar no logra cubrir.
Las aportaciones directas y voluntarias de los fieles son la principal fuente de financiación
Pero, atención, dicen, la Iglesia solo destina a Cáritas un mezquino 2,5% de la asignación tributaria. En realidad, Cáritas recibe el grueso de su financiación pública a través de la otra casilla (otros fines de interés social), como cualquier ONG. Pero también en la financiación de Cáritas las aportaciones de origen privado (50,7% de su presupuesto para 2015) superan a las de origen público español y europeo (46,5%). Sin embargo, los críticos nunca se plantean si habría tantos donantes y voluntarios de Cáritas si no estuvieran inspirados por la atención pastoral de la Iglesia.
Para confundir las cosas, se dice que, además de la asignación tributaria, la Iglesia recibe del Estado otras cuantiosas ayudas, como las subvenciones de los conciertos educativos con sus colegios (unos 2.500 concertados). Pero ese dinero no subvenciona a la Iglesia sino a las familias que eligen estos colegios, y que tienen el mismo derecho que cualquier contribuyente a que sus impuestos financien la enseñanza de sus hijos. En la práctica, el Estado no les reconoce el mismo derecho, pues solo otorga una subvención insuficiente para cubrir el coste escolar. Dado que la plaza de un alumno en la escuela pública cuesta más del doble que en la concertada, la Iglesia ahorra muchos millones al Estado al mantener esos colegios (de media, este ahorro era en 2011 de 3.092 euros por estudiante).
Puestos a hacer comparaciones, sería ilustrativo que en la declaración de la renta se pusiera otra casilla para que la financiación de los partidos respondiera también a una decisión libre del ciudadano. A ver qué resultaba.