El Parlamento polaco ha aprobado el día 3, por aplastante mayoría, una declaración “en defensa de la libertad de confesión y de promoción de valores que son patrimonio común de las naciones de Europa”. La declaración critica la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito de la retirada del crucifijo en la escuela pública italiana.
357 diputados de distintos partidos han votado a favor, 40 en contra y 5 se abstuvieron. Ludwik Dorn, jefe de la agrupación Polska Plus, iniciadora del proyecto, comunicó que la declaración del Congreso no está dirigida contra nadie, sino que pretende defender valores que se han visto amenazados.
En cambio, en España, la decisión del Tribunal de Estrasburgo ha motivado una iniciativa parlamentaria de signo opuesto a la polaca. El pasado día 2, a propuesta de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), y con apoyo del Partido Socialista, se aprobó en la Comisión de Educación una proposición no de ley en la que se insta al gobierno a que traslade a la legislación española la doctrina de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata, dice la proposición, de aplicar “el principio de neutralidad ideológica y religiosa del Estado y, especialmente en lo relativo a los centros escolares”.
La alusión a los centros escolares, sin especificar si se refiere solo a los públicos, despertó especial alarma. De hecho, políticos de la izquierda más radical han propuesto en diversas ocasiones la retirada de símbolos religiosos también en los centros privados concertados, financiados con dinero público.
El gobierno socialista, que ya se ha enfrentado con buena parte de los católicos por la reforma que consagra el aborto libre, actualmente en trámite parlamentario, no quiere abrir un nuevo frente, que da más munición a la oposición.
Ante la polémica desatada, el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que salir a echar agua al fuego. Zapatero aseguró que la retirada de crucifijos “no está en la agenda del gobierno en este momento”, y remitió el problema a la próxima reforma de la Ley de Libertad Religiosa.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, insistió en la misma línea apaciguadora: “Estudiaremos la sentencia, veremos también qué precedentes tiene la doctrina del propio tribunal, la valoraremos con la doctrina de nuestros tribunales y, en su caso, si la tenemos que incorporar al proyecto de ley de libertad religiosa, buscaremos siempre el máximo consenso posible”.
Los titulares de los centros concertados consideran que la exigencia de retirar los crucifijos de los colegios para tener financiación pública sería legalmente inviable.