Uno de los datos personales que figuran, obligatoriamente, en el documento de identidad griego es la religión que profesa el titular. Según se anunció el 15 de mayo, el gobierno ha decidido que desaparezca esa mención, lo que ha provocado una fuerte réplica por parte de la Iglesia ortodoxa.
El cambio anunciado venía siendo reclamado desde hace años por el Parlamento Europeo y por las minorías religiosas de Grecia (musulmanes, católicos, protestantes y judíos). En diciembre de 1992, cuando Grecia tuvo que adaptar el documento de identidad a las normas europeas, el gobierno de entonces (conservador) quiso suprimir la mención obligatoria de la religión, y dejarla como voluntaria. Pero renunció a su intento ante la fuerte oposición de la Iglesia ortodoxa (ver servicio 177/92), que movió a la mayoría de los diputados a no apoyar esta reforma. Un año despés, el gobierno volvió a la carga, después de que el Parlamento Europeo le instara a revisar la decisión; de nuevo tuvo que retirar la enmienda (ver servicio 54/93).
Ahora, el nuevo gobierno socialista, formado tras las elecciones del 9 de abril, ha decidido que en el carné de identidad ya no aparezca la religión, ni obligatoria ni voluntariamente. La medida será efectiva dentro de dos o tres meses, sin necesidad de pasar por el Parlamento ni por ningún otro trámite, pues -según ha explicado el gobierno- la mención de la religión es contraria a la ley de protección de datos personales aprobada en 1997. El presidente de la agencia estatal de protección de datos ha declarado incluso que la norma actual «constituye una violación del principio de libertad de conciencia garantizado por la Constitución». Por las mismas razones desaparecerán también del documento de identidad la mención del cónyuge y las huellas dactilares.
La Iglesia ortodoxa ha protestado enérgicamente. El primado Christodoulos, arzobispo de Atenas, ve en la medida del gobierno una conspiración contra la identidad religiosa y nacional de Grecia. «Quienes planean lanzar una campaña para reducir la presencia de la religión en la vida nacional y social -ha dicho- no cometerán una simple falta, sino un crimen contra la historia de este país y de este pueblo».
Grecia es un Estado confesional. La Iglesia ortodoxa, a la que pertenece el 98% de la población, se mantiene celosa de sus privilegios. El actual ministro de Justicia, Mihalis Stathopoulos, que ha denunciado «la hiperprotección de la Iglesia ortodoxa», pretende suprimir otras manifestaciones de confesionalidad. Entre ellas están el requisito de emitir juramento religioso para tomar posesión de cargos públicos y la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas estatales.