La respuesta de la Iglesia a los abusos de menores ha sido motivo de polémica. Se ha dicho que la Santa Sede, y las Iglesias locales, no han hecho todo lo que estaba en su mano para facilitar la investigación o la prevención. Preguntamos a Hans Zollner, sacerdote y experto en psicología, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores.
— ¿Por qué se creó la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores?
— La Comisión fue establecida por el Papa Francisco, en 2014, con la intención de transmitir claramente que el tema de los abusos dentro de la Iglesia tenía que ser atendido.
— ¿Cuáles son sus competencias?
— Como un grupo autónomo que somos (estamos conectados con la Santa Sede, pero no formamos parte de ella), los miembros de la Comisión hemos disfrutado de un amplio margen de libertad para decidir nuestro método de trabajo y nuestros campos de estudio. Nosotros mismos redactamos los estatutos y diseñamos los grupos de trabajo. Al principio eran doce, pero después, por una cuestión de capacidad, los redujimos a seis: contacto con las víctimas, guías generales de actuación, cuestiones teológicas y litúrgicas derivadas de los abusos, prevención en las escuelas, procedimientos legales y formación. Todos los integrantes de la Comisión estamos al menos en dos de estos grupos, y además contamos con colaboradores externos que nos ayudan en determinadas tareas.
“La prevención funciona, como muestra el descenso de casos en las últimas décadas allí donde se han establecido medidas rigurosas”
Un aspecto importante, pero que mucha gente no entiende bien, es que nosotros no nos encargamos de denuncias o casos concretos (para eso ya hay tribunales en la Iglesia). No tenemos autoridad legal, y tampoco es nuestro campo de conocimiento: entre los miembros originales de la Comisión solo había un experto en derecho canónico y otro en derecho civil. El resto estamos especializados en psicología, psiquiatría, teología o trabajo social.
Frutos
— ¿Qué frutos concretos ha tenido, hasta ahora, el trabajo de la Comisión?
— Se pueden dividir en tres áreas. En primer lugar, hemos desarrollado una especie de boceto o plantilla para que cada diócesis, congregación o comunidad católica diseñe sus guías de actuación cuando surge una denuncia. Este documento está pensado especialmente para los países que no disponen de los recursos o experiencia suficientes para crear sus propios criterios desde cero.
El segundo ámbito donde se han producido frutos es el contacto con las víctimas. Nos hemos reunido con algunas de ellas, y hemos diseñado unas propuestas concretas sobre cómo se les debe escuchar cuando contactan con la autoridad religiosa correspondiente.
En tercer lugar, distintos miembros de la Comisión hemos desarrollado cerca de 250 talleres sobre abuso sexual en más de 50 países, sobre todo en África, Asia y Latinoamérica, donde este tema ha recibido menos atención por parte de la Iglesia y de la sociedad en general, y donde, en consecuencia, las autoridades religiosas están menos preparadas que en otros lugares donde sí existe una sensación de urgencia en este asunto.
“Aunque creo que en algunos ámbitos de la Iglesia todavía falta un mayor sentido de urgencia en este tema, personalmente no he encontrado ningún tipo de resistencia”
Por otro lado, el grupo teológico ha propuesto establecer un día anual para rezar por las víctimas de abuso.
— Algunas voces han dicho que el trabajo de la Comisión no está siendo todo lo efectivo que se esperaba, debido, en parte, a una falta de recursos o de diligencia en el trabajo, pero también por una cierta “resistencia” desde dentro de la Santa Sede. ¿Qué opina de estas acusaciones?
— Creo que se trata de dos cuestiones diferentes, una sobre el propio trabajo de la Comisión y otra sobre la resistencia exterior. En cuanto a la primera, aunque entiendo que para algunas personas nuestro ritmo no sea lo suficientemente rápido, debo decir que contamos con recursos económicos y personales limitados. No obstante, por lo que yo sé, todas las peticiones presupuestarias que hemos enviado como grupo a la Santa Sede, han sido aprobadas conforme a nuestros deseos.
En cuanto a la resistencia dentro de la Iglesia, sí pienso que en algunos ámbitos del Vaticano (aunque lo mismo puede decirse de algunas Iglesias locales) no siempre se ha entendido suficientemente la urgencia de este tema. No obstante, creo que se está mejorando en este punto. Personalmente, nunca he encontrado resistencia cuando, para mi trabajo en el Centro de Protección del Niño (Pontificia Universidad Gregoriana), he acudido a los distintos dicasterios pidiendo cualquier tipo de ayuda. Los cardenales que los encabezan siempre se han mostrado disponibles. Es cierto que no siempre se encuentra la actitud de iniciativa que uno podría esperar; pero nunca he encontrado ninguna dificultad cuando me he acercado a la persona adecuada siguiendo el procedimiento correspondiente.
También es verdad que algunas de las propuestas que ha elevado la Comisión no han sido aplicadas inmediatamente, como la de responder por carta a cada víctima que escribe a las autoridades religiosas denunciando un abuso. La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) nos dijo que carecía del tiempo y el personal necesarios para poder contestar de una forma que realmente fuera de ayuda para las víctimas, y no simplemente con un “acuse de recibo”. Algunos han visto aquí una especie de resistencia por parte de la Santa Sede hacia nuestro trabajo. No creo que necesariamente sea así, aunque al mismo tiempo considero que la Iglesia tiene un gran margen de mejora en este punto. De hecho, el actual jefe de la sección disciplinaria de la CDF ha realizado algunos comentarios en este sentido, y ya se está desarrollando un nuevo modelo para responder a las víctimas.
Secreto
— Usted ha señalado recientemente que la respuesta de la Iglesia a las denuncias de abuso debe ser más transparente, y que esto sería beneficioso tanto para los denunciantes como para los acusados. Se ha dicho que el secreto pontificio es, sin embargo, un obstáculo para lograr esa transparencia. ¿Es así?
— El asunto del secreto pontificio es realmente complejo, y yo no soy un experto en él. Sin embargo, hasta donde sé, su sentido original es garantizar que todas las partes envueltas en un proceso, denunciantes y sospechosos, gocen de la necesaria confidencialidad para que su caso no sea expuesto en público, lo que podría ser dañino para unos y otros. El secreto pontificio es, de hecho, lo que en terminología legal se consideraría el “derecho al buen nombre” de todas las partes involucradas. Sin embargo, a veces los medios lo interpretan como si impidiera a cualquier miembro de la Iglesia remitir el caso a la policía. Esto, confundir secreto con secretismo, es un error. Con todo, debo decir que también han caído en él algunos hombres de Iglesia, que han tomado el secreto pontificio como pretexto para encubrir abusos. Esto tiene que cambiar.
“La Comisión estudia el fenómeno de los abusos sexuales desde varios puntos de vista, y propone medidas para mejorar, pero no juzga casos concretos”
— ¿Qué dice la Iglesia sobre la cooperación con las autoridades civiles en estos asuntos? En su opinión, ¿se debería siempre referir las denuncias a la policía o el juez?
— En este tema, la CDF estipuló claramente en 2011 que cada Iglesia local debe someterse a la ley del territorio correspondiente. En Francia, cualquier ciudadano está obligado a comunicar los casos de abuso que conozca a las autoridades civiles; en Alemania, no. Incluso dentro de un mismo país, puede haber normas diferentes según el estado, como en Australia.
Hay un intenso e interesante debate sobre la utilidad de una obligación general. En Alemania, el Parlamento federal la rechazó en 2010, contra la recomendación del ministro de Justicia. En la discusión de la propuesta, algunos de los grupos que más subrayaron los posibles efectos negativos de esta medida fueron el gremio de los psicólogos y los representantes de víctimas. Tiene sentido: para muchas de ellas resulta realmente difícil revelar sus historias después de tantos años (la media de tiempo transcurrido entre los abusos y la denuncia está en torno a los 20 años). Si piensan que la persona a la que cuentan su caso está obligada a llamar inmediatamente a la policía, puede que se lo piensen dos veces.
En cualquier caso, hay diferentes opiniones. Para mí, hay que tener en cuenta que, aparte del ámbito legal, existe una obligación moral de informar a las autoridades civiles, pero solo si consideras que hacerlo será beneficioso para la víctima. Me explico. En algunos países, donde la policía o la justicia está más o menos corrupta, referirles la denuncia no siempre es la mejor opción. Así que, en general, la obligación general suena bien, pero hay que tener en cuenta algunos matices complejos.
Prevención
— En algunos países, después de que los casos de abuso alcanzaran su pico en los 60 y 70, ha habido un descenso en la incidencia durante las últimas décadas. ¿Están funcionando las medidas de prevención?
— El pico al que te refieres se produjo en momentos diferentes según el país. En Australia, parece que fue en los 50; en Alemania, a principios de los 70; en Estados Unidos, entre los 70 y los 80. En cualquier caso, sí se aprecia claramente que la incidencia ha bajado en las últimas décadas.
Si miras a Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Alemania o Australia, donde desde hace unos años las medidas de prevención han sido rigurosas y la opinión pública está atenta a este tema, el número de acusaciones en el pasado reciente ha bajado mucho. Esto demuestra lo que llevo tiempo explicando a los obispos y las Iglesias locales: que la prevención funciona. (Científicamente, aún no sabemos cómo funciona, y por eso hace falta más investigación, de modo que las medidas sean aún más efectivas, y lo sean en distintas culturas.)
Lo que parece claro es que, en términos de prevención, hay dos factores importantes: la selección y la formación de los candidatos al sacerdocio y la vida religiosa; cómo escoger bien a quien entra al seminario y cómo acompañarlo en su formación inicial, pero también después de su ordenación (la edad media a la que se produce el primer abuso por parte de un sacerdote son los 39 años, mucho más alta que en el caso de profesores, entrenadores deportivos o padres). En relación con esto, quiero dejar claro que el celibato no es, en sí mismo, un factor de riesgo: lo es solo cuando no está bien integrado en la vida sacerdotal.