En México se está tramitando una enmienda para introducir en la Constitución que la República es “laica” (cfr. Aceprensa 22-2-10). Luke Goodrich, del Becket Fund for Religiuos Liberty, comenta esta iniciativa en un artículo publicado en Wall Street Journal.
Goodrich piensa que la cuestión esencial es. “¿Qué idea de la separación entre la Iglesia y el Estado encarna esta enmienda?” Recuerda que la propuesta de enmienda surge después de la polémica suscitada por la legalización del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo en México D.F. , cuestiones que suscitaron muchas críticas, también desde la Iglesia católica.
A diferencia de EE.UU., en México, sometido durante muchos años a un régimen hostil a la religión, las declaraciones de las Iglesias en cuestiones relacionadas con la vida pública no parecen legítimas. La enmienda constitucional que ahora se propone es un intento de codificar este sentimiento. Pero Goodrich piensa que esto es un error. “En primer lugar, como los sentimientos religiosos son inseparables de la persona, impedir que los argumentos de inspiración religiosa se trasladen a la arena pública supone expulsar a las personas religiosas del debate público. A los utilitaristas, los nihilistas, los capitalistas, los socialistas se les permite llevar su filosofía al espacio público, pero los católicos (u otras minorías religiosas) deben dejar su religión a la puerta. Pero esta ciudadanía de segunda clase no es más aceptable cuando se impone a los creyentes que cuando se impone a minorías étnicas o raciales. No es más que discriminación religiosa”.
“En segundo lugar, la religión (incluido el catolicismo en México) ha servido tradicionalmente como un bastión de disidencia y como un mecanismo de control del poder ilimitado del gobierno. Pero una vez que el gobierno priva de su legitimidad a la disidencia religiosa, también puede deslegitimar otras formas de disidencia. El resultado no es sino una mayor restricción a la libertad de expresión y, en el peor de los casos, la tiranía de un punto de vista impuesto desde el poder y la falta de un freno al poder del gobierno”.
Goodrich advierte que “México debe tener cuidado al definir su idea de la separación entre la Iglesia y el Estado. La separación es buena cuando significa que el gobierno es neutral hacia la religión, sin dar privilegios legales a ninguna, y sin interferir con la expresión externa de las creencias religiosas. Pero la separación es un problema cuando significa que el gobierno es hostil a la religión.”