Los ministros de asuntos exteriores de los 27 países de la Unión Europea aprobaron el 24 de junio, en Luxemburgo, una importante directriz, que regirá las relaciones de la UE con otros países. El núcleo del documento, aprobado previamente por el Parlamento europeo, reitera que la libertad religiosa es un “derecho humano universal” y, como tal, debe ser protegida y promovida: “toda persona tiene derecho a manifestar su propia religión o sus convicciones”, sin temor a discriminaciones, intimidación o violencias.
El respeto a ese derecho básico deberá ser punto de referencia esencial en las relaciones exteriores de todos los países miembros de la UE, así como en las decisiones comunitarias. La decisión ha ido precedida de diversas intervenciones del Parlamento de Estrasburgo contra violaciones de la libertad en muchos países del mundo, de modo particular, en Oriente y en África, como las sufridas por los cristianos de Irak o Egipto. Los 27 son conscientes de que la libertad religiosa está cada vez más amenazada.
Los ministros de exteriores de los 27 aprueban una importante directriz sobre la defensa de la libertad religiosa
Proteger la libertad de creer o de no creer
El acuerdo europeo no innova. Reitera la definición de ese derecho incluida en las convenciones internacionales vigentes, pero desea asegurar que los Estados relacionados con la UE protejan –de un modo “oportuno, consistente y coherente”– la libertad de creer o no creer, así como de cambiar de religión o creencias, una facultad que se puede ejercitar individual o comunitariamente, en público y en privado. Sería paradójico asegurar derechos de personas lesbianas, gays, bi, trans o intersexuales –como se aprobó también el lunes en Luxemburgo– y no promover adecuadamente la máxima libertad humana, que es la capacidad de definirse ante Dios.
En la elaboración del documento se ha cuidado mucho la forma de expresión, para evitar cuanto pudiera dar la impresión de una confrontación de civilizaciones. La UE quiere ser “imparcial” con todas las religiones. Desea que se distinga entre la crítica a las creencias y la posible incitación al odio religioso, sin admitir el fundamentalismo que sanciona indiscriminadamente como blasfemia toda suerte de opinión contraria a las convicciones de otros. Y aporta también incentivos financieros, incluida la posibilidad de suspender acuerdos de cooperación internacional con países que limiten la libertad, como otros derechos humanos básicos.
El fantasma de la “islamofobia”
En la mente de todos están problemas actuales sufridos en países particularmente represivos, como Corea del Norte, China, Vietnam, Arabia Saudita o Pakistán. La diplomacia europea piensa también en Birmania, que discrimina gravemente la minoría musulmana en términos demasiado violentos.
Anne-Bénédicte Hoffner plantea en La Croix (24-6-2013) la posible reacción de algunos países de mayoría musulmana, que acusarán probablemente a Europa de “islamofobia”. Es la crítica reiterada, por ejemplo, contra las leyes francesas sobre laicidad de 2004, que prohíben símbolos religiosos y ocultación del rostro femenino en espacios públicos. Y presenta el riesgo de que en aquellos países los no musulmanes sean vistos como “extranjeros”.
Pero el documento no tiene filias ni fobias: se inscribe en la lucha por hacer efectivos los derechos humanos, y está en línea con acuerdos adoptados antes contra la pena de muerte y la tortura, o a favor de los derechos del niño.
Como es natural, tanto la comisión de los obispos europeos como la conferencia ecuménica de iglesias europeas, han saludado positivamente esta medida. Según expresó la portavoz del primer organismo, “la UE pasa finalmente de las palabras a los hechos; ahora, la Unión dispone de un instrumento concreto” (cfr. L’Osservatore Romano, 26-6-2013).