La derrota electoral del Bharatiya Janata Party, partido hinduista radical que hasta ahora gobernaba en la India, ha tranquilizado a los cristianos y ha empezado a producir cambios positivos en la libertad religiosa. En el Estado de Tamil Nadu la primera ministra ha anunciado que se revocará la ley sobre «conversiones forzadas», que desde octubre de 2002 somete los cambios de religión a control de las autoridades y establece severas sanciones, incluida la cárcel, para quienes impulsen a otros a abrazar una fe distinta empleando la fuerza o el dinero (ver servicio 16/03).
El episcopado católico ha visto en esta medida una «señal positiva», pues cuando la medida fue aprobada hubo muchas protestas por parte de las minorías religiosas en toda la India. «Ahora esperamos y pedimos con fuerza -ha dicho el portavoz del episcopado- que se retire también en otros cuatro Estados de la Federación en los que está en vigor una medida similar: Gujarat, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh y Orissa». Los radicales hindúes no entienden que el cambio de credo pueda deberse a una libre decisión en conciencia, sino que ven siempre una maniobra coactiva.
En Sri Lanka los obispos católicos han visitado a eminentes líderes religiosos budistas, a fin de transmitirles su deseo de diálogo e insistir una vez más en que la Iglesia católica es completamente ajena a las «conversiones fraudulentas», por la fuerza o por dinero. Han vuelto a recordarles que para la Iglesia católica la conversión es un movimiento del corazón y un asunto de opción libre. En enero de este año grupos de fanáticos budistas atacaron iglesias cristianas en protesta contra lo que consideran «conversiones fraudulentas».
Los prelados han apoyado el derecho natural de cada persona y su libertad de conciencia para profesar su religión o cambiar de fe. Por su parte, los líderes budistas han aceptado la invitación al diálogo. En Sri Lanka, de una población de 20 millones de habitantes, el 70% son budistas, el 15% hinduistas, el 8% cristianos (6,7% católicos) y el 7% son musulmanes.
En Pakistán, el presidente Pervez Musharraf ha anunciado una posible revisión la denominada «ley contra la blasfemia», que prevé hasta la condena de muerte para quienes injurien a Mahoma. Según el texto de la ley (artículo 295/c del Código Penal de Pakistán), se condenará a «cuantos con palabras o escritos, gestos o representaciones visibles, con insinuaciones directas o indirectas, insulten el sagrado nombre del Profeta».
En vigor desde 1986, la citada ley permite encarcelar a cualquier presunto trasgresor sin más pruebas que una mera denuncia, lo que favorece el uso de la ley como medio de venganza personal. El pasado 28 de mayo murió un católico de 32 años de edad, detenido por presunta blasfemia en agosto de 2003, a causa de los golpes de un carcelero fundamentalista. Desde 1987, al menos 439 personas han sido acusadas de «blasfemia».
Mientras los líderes musulmanes se han manifestado contra cualquier modificación del texto, el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal Justicia y Paz, Peter Jacob, ha aplaudido la medida del presidente. De todos modos, ya en abril de 2000 Musharraf anunció modificaciones en la ley para disminuir los abusos, pero solo un mes después retiró las enmiendas, presionado por los líderes islámicos. Se debe tener en cuenta que de los 150 millones de habitantes de Pakistán, el 97% son musulmanes. Los cristianos representan el 2,5%.