Tras la matanza del 11 de marzo en Madrid, los europeos sienten que también en su suelo se nutre el terrorismo islámico. Los gobiernos observan con inquietud la creciente difusión de mensajes extremistas desde las mezquitas de Europa. Por eso se difunde, sobre todo en Francia y en España, la idea de controlar de algún modo a los imanes radicales. La cuestión es cómo puede eso hacerse compatible con la libertad religiosa.
Dominique de Villepin, ministro francés del Interior, hizo esta advertencia el 1 de mayo: «So capa de religión, algunos individuos presentes en nuestro país usan lenguaje extremista y lanzan llamadas a la violencia. Esos mensajes favorecen la instalación de movimientos terroristas en territorio francés. Por tanto, es necesario combatir esto con todos los medios disponibles». Su homólogo español, José Antonio Alonso, en una entrevista publicada en El País (2 de mayo) dijo que en España se da el mismo fenómeno y señaló un posible remedio: una reforma legal para «controlar a los imanes de las pequeñas mezquitas, que es donde se produce esa articulación del fundamentalismo islámico».
Los imanes que convocan a la yihad suelen ser extranjeros, en bastantes casos formados en Arabia Saudita; algunos ni siquiera hablan el idioma del país que los acoge. Su audiencia está compuesta principalmente de jóvenes musulmanes, inmigrantes de segunda generación, que se concentran en barrios obreros. Vulnerables al paro y desencantados con Occidente, son sensibles a proclamas extremistas. Las autoridades temen que esas mezquitas o simples centros de reunión sean viveros de terroristas.
Según fuentes de los servicios de seguridad europeos consultadas por International Herald Tribune (27 de abril), los imanes radicales están consiguiendo reclutar muyahidin. Algunos marchan a Irak, pero la mayoría se quedan en Europa y posiblemente se suman a células terroristas. La policía británica tiene algunos indicios de ello. Richard Reid, el terrorista islámico que en 2001 intentó hacer explotar un avión en vuelo de París a Miami con explosivos ocultos en sus zapatos, fue oyente de Abu Hamza, imán que predicaba la violencia en una mezquita de Londres y contra el que el gobierno ha dictado orden de expulsión, pendiente de recurso en los tribunales. Hamza es mentor también de dos muyahidin más, uno detenido bajo sospecha de terrorismo y otro capturado en Afganistán.
Extremismo de importación
Por su parte, Francia ha expulsado a doce imanes extranjeros desde julio de 2003, por incitar a la violencia o por relación con grupos extremistas. Y este año ha puesto en prisión a uno más bajo acusación de terrorismo.
Las autoridades están persuadidas de que el islamismo radical que se extiende en Europa es, en su mayor parte, importado. Los imanes que lo traen pertenecen a corrientes radicales del islam (wahabismo, salafismo…) y no se pueden considerar inmigrantes comunes llegados en busca de trabajo. En Francia, el país de Europa occidental con más musulmanes –en torno a 4,5 millones, la mitad de nacionalidad francesa–, hay unos mil imanes. Según el Ministerio del Interior, nueve de cada diez tienen pasaporte extranjero, y la mitad no hablan francés.
De ahí el interés del gobierno en que los imanes se formen en Francia (cfr. servicio 160/03). El recientemente creado Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) prepara un plan de estudios para aspirantes a imanes, pero advierte que para ponerlo en marcha necesita subvenciones estatales, cosa en principio problemática en un país donde rige una estricta laicidad. Sin embargo, «no es imposible», dijo el 3 de mayo el primer ministro Jean-Pierre Raffarin, en una rueda de prensa dedicada a este problema. El gobierno quiere que, a cambio, el CFCM le comunique quiénes son los imanes y se ocupe de la disciplina interna en los lugares de culto.
Algo similar propone la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) con respecto a los imanes de este país. ATIME pide la creación de un nuevo consejo islámico, a imitación del francés, que vigile la predicación en los lugares de culto. «Se acabó la tolerancia con los iluminados que lanzan sermones extremistas en los garajes –dijo Mustafá el Mirabet, presidente de ATIME, al diario El País (7 de abril)–. Las mezquitas que no sean aprobadas por el consejo quedarán fuera de la ley».
El islam habla con muchas voces
La cuestión es si un organismo islámico nacional podría realmente controlar a los imanes. El Consejo francés, elegido el año pasado por votación popular en las mezquitas –las reconocidas públicamente–, es probablemente más representativo que cualquier otra organización similar existente en Europa. Pero, aunque sea el interlocutor oficial del Estado, ni integra a todos los musulmanes franceses, ni tiene propiamente autoridad religiosa sobre ellos. Es un «problema» del islam, que comprende diversas corrientes y carece de jerarquía formal.
Al sur de los Pirineos existe la Comisión Islámica de España (CIE), creada en 1992 a raíz del Acuerdo de Cooperación firmado entre el Estado y las principales organizaciones musulmanas (principales en aquel momento, al menos). Pero ni tiene atribuciones en materia de disciplina del culto, ni es en realidad la voz de los musulmanes del país. Así lo explica Joaquín Mantecón, subdirector general de Asuntos Religiosos, del Ministerio de Justicia, en declaraciones a Aceprensa: «La CIE es cada vez menos representativa debido a los problemas internos de entendimiento entre las dos federaciones que la integran, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE)».
FEERI comprende 60 comunidades, y UCIDE, 117. No son todas. Por una parte, señala Mantecón, «en el Registro de Entidades Religiosas (RER) hay inscritas 42 comunidades musulmanas que no están integradas en ninguna de las dos federaciones y, por tanto, no pertenecen a la CIE». Por otra, la inscripción en el RER es voluntaria, y «muchas comunidades prefieren darse de alta en el Registro General de Asociaciones como entidades culturales islámicas, o en los correspondientes registros autonómicos o de ayuntamientos». La razón es que «las ventajas de la inscripción en el RER son mínimas (salvo el aura de respetabilidad que supone el haber sido reconocido por el Estado como entidad religiosa), mientras que la inscripción en registros locales facilita la concesión de subvenciones por parte de ayuntamientos o comunidades autónomas».
¿Controlar a los predicadores?
A este «desorden» parece aludir el ministro del Interior José Antonio Alonso en la entrevista mencionada al principio (El País, 2 de mayo), cuando afirma: «Sería posible, y lo estamos considerando seriamente, ir a un registro de control de actividades religiosas, de todas, no sólo de las islámicas, donde conste de modo claro, sin tapujos, quién es la persona encargada de oficiar los cultos y qué tipo de cultos». Abundando en la misma idea, el ministro añade: «Nosotros no podemos nombrar al imán que vaya a oficiar el culto, pero sí podemos exigir al imán o al predicador del culto que sea, que se sepa quién es y qué va a decir, en la iglesia o la mezquita».
Las declaraciones del ministro han suscitado numerosas críticas. La opinión general es que un control administrativo como el que propone Alonso sería contrario a la libertad religiosa. Pero tal vez se podría conseguir que la propia comunidad islámica pusiera condiciones para predicar, de modo que se cribase, en lo posible, a los fanáticos.
Tampoco esta solución más modesta resultaría fácil. Primero, si el Estado quisiera promover una regulación semejante, ¿con quién tendría que hablar? Joaquín Mantecón responde: «Teóricamente, el interlocutor del Estado con los musulmanes es la CIE, pero en la práctica no funciona. Podría tratarse separadamente con cada una de las dos federaciones (FEERI y UCIDE) y con las diversas organizaciones islámicas existentes al margen de la CIE, pero eso sería tanto como levantar el acta de defunción de la CIE y, consiguientemente, del propio Acuerdo de Cooperación».
En todo caso, subsiste la dificultad en torno a la jerarquía propiamente religiosa en el islam. «Tengo serias dudas –dice Mantecón– sobre la autoridad de las federaciones para controlar a los imanes, ya que no existen normas confesionales al respecto que puedan invocarse con carácter obligatorio y universal. Sin embargo, nada impediría que, estatutariamente, se establecieran unas condiciones. Ahora bien, su única fuerza de obligar radicaría en la de los propios estatutos».
El «control» de los imanes existe en países árabes donde autoridad política y autoridad religiosa se identifican. Así, en Marruecos el rey es también el jefe de la umma, y el sermón del viernes es redactado en el Ministerio de Asuntos Islámicos. En cambio, en Europa hay libertad de religión.
La libertad religiosa no puede someterse a vigilancia preventiva
La propuesta del ministro español del Interior, José Antonio Alonso, suscita algunas cuestiones que hemos planteado a Rafael Palomino, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense (Madrid).
— Nadie duda que se puede actuar contra quien en el ejercicio de la predicación cometa actos ilícitos. Pero el ministro propone además una especie de control previo de las actividades religiosas, mediante un registro que permita al menos saber quién predica, qué predica y dónde. ¿Sería eso compatible con la libertad religiosa?
— La libertad religiosa nació precisamente para sustraer del poder político las creencias de los ciudadanos y de los grupos. Junto a ella, aparece el Estado democrático de Derecho, en el que la afiliación religiosa no forma parte intrínseca de la definición o identidad del ciudadano. La libertad de expresión viene consagrada en la Constitución española en estos términos: «Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. ( ) El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa» (art. 20). La misma Constitución (art. 53) dispone que el derecho de libertad religiosa y el derecho de libertad de expresión gozan de un régimen especial de protección legal. Podría, desde luego, perseguirse aquellos sermones islámicos delictivos, pero no de una forma distinta a lo que prevé ya el ordenamiento español; eso podría resultar discriminatorio.
Si se trata de registrar a los grupos religiosos presentes en España, existe ya un Registro de Entidades Religiosas, dependiente del Ministerio de Justicia. Este Registro otorga publicidad (domicilio, estatutos, dirigentes) y personalidad jurídica a los grupos religiosos.
— El ministro se refiere sobre todo no a las mezquitas, que por el hecho de ser lugares públicos de reunión necesitan y tienen las oportunas autorizaciones administrativas; sino a los pequeños centros de culto islámico en locales improvisados. ¿Se puede obligar a las comunidades que los usan a registrarse y a declarar quiénes les predican?
— Se puede obligar a esas comunidades, como al resto de los grupos y asociaciones, a cumplir con las normas generales sobre disciplina urbanística y a respetar las normas relativas a actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Es claro que la libertad religiosa está limitada en su ejercicio por la salud pública. También lo es que su ejercicio debe respetar los derechos de los demás y el orden público. Pero -como el Tribunal Constitucional ha señalado en una sentencia del año 2001- «el orden público no puede ser interpretado en el sentido de una cláusula preventiva frente a eventuales riesgos, porque en tal caso ella misma se convierte en el mayor peligro cierto para el ejercicio de ese derecho de libertad».
¿Una ley para todos?
— El ministro ha precisado que los nuevos controles deberían extenderse a todas las confesiones religiosas, tal vez porque no se puede hacer una ley solo para una. ¿Cree Ud. que, como algunos han advertido, eso sería limitar, de rebote, la libertad religiosa de todos?
— La posición adoptada en esas declaraciones sigue los parámetros de lo que yo llamaría «igualitarismo laicista». Responde a un razonamiento implícito muy grotesco, pero -al parecer- convincente: «un sector del islam me causa problemas, el islam es una religión, luego la religión me causa problemas». Si, como parece deducirse, se produjera una legislación de control de las características mencionadas, extendida a mezquitas, iglesias, sinagogas o templos, la libertad de todos saldría perdiendo, entre otras cosas, porque su desenvolvimiento ya no sería igual, sino discriminatorio.
— En Europa, la rápida difusión del islam es un fenómeno reciente. ¿Se necesitan nuevas regulaciones específicas o basta con las leyes generales de libertad religiosa?
— Las regulaciones específicas que empiezan a surgir y a preocupar a los expertos en Europa responden a lo que se llama «derecho especial negativo». Son las leyes que penalizan los símbolos religiosos o que someten a vigilancia el fenómeno de los nuevos movimientos religiosos, también conocidos como «sectas», término éste de difícil caracterización jurídica. La libertad religiosa, al margen de las particularidades que impone cada país, no requiere más que una legislación de desarrollo. Si, con excusa de la libertad religiosa -igual que ocurre con las demás libertades-, se atenta contra sus límites naturales, entonces entra en acción el Derecho sancionatorio, pero no de una forma ad hoc para el fenómeno religioso en cuanto tal, sino de forma general, para sancionar un delito o una conducta ilícita.
En la ex mezquita de Córdoba reza quien quiere
La diversidad de organizaciones y de posturas entre los musulmanes se ha podido ver una vez más en un episodio reciente relativo a la antigua mezquita, hoy catedral, de Córdoba.
Según publicó la prensa, parecía que los musulmanes españoles habían solicitado al Vaticano que autorizara el culto islámico en la mezquita cordobesa, a la par con el culto católico. La verdad del caso ha sido aclarada por Mons. Michael Fitzgerald, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, en declaraciones a la agencia Asia News (29 de abril). La petición fue presentada en marzo por Mansur Escudero, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, durante una reunión organizada por el Consejo Pontificio y la World Islamic Call Society. Escudero, español converso al islam, acompañó la propuesta con una carta de la alcaldesa de Córdoba al presidente de la delegación musulmana, Dr. Sherif. Pero el asunto no se trató en la reunión, porque no estaba en el orden del día, y ni siquiera Sherif lo tomó en consideración.
Algunos líderes musulmanes de España se sumaron a la iniciativa de Escudero, pero otros la rechazaron. Munir Al-Musiri, del Centro Cultural Islámico de Madrid, calificó de «absurda» la petición. «No necesitamos pedir la intervención del Vaticano, pues [la catedral de Córdoba] es un sitio histórico», dijo a Islam Online (20 de abril). «Yo mismo he rezado allí muchas veces», añadió. En la catedral cordobesa se permite rezar, siempre que sea privadamente y sin ostentación, a los musulmanes, como a cualquier persona, según las directrices del arzobispado. En fin, Al-Musiri cree que la petición viene de personas que «no pueden hablar en nombre de toda la comunidad musulmana de España». Son principalmente, según Kamal Rahmouni, portavoz de ATIME, los españoles conversos al islam (unos 20.000) quienes han suscitado el asunto de la catedral; la preocupación de los inmigrantes musulmanes, en cambio, es «mejorar las relaciones con los españoles y asegurar que podamos vivir con la mayor normalidad posible» (Asia News, 29 de abril).
Sobre el fondo de la cuestión, Mons. Fitzgerald dice que «un templo católico, con la presencia del Santísimo Sacramento, no debe ser usado para el culto de otra religión». Si en otros tiempos la catedral de Córdoba fue mezquita, hoy «pertenece a una comunidad determinada». Es necesario «aceptar la historia»: «Es difícil lograr la convivencia entre cristianos y musulmanes pretendiendo deshacer la historia o tomar venganza». También otros templos, añade Mons. Fitzgerald, han cambiado de uso. Santa Sofía de Estambul fue transformada en mezquita, y actualmente es un museo islámico, pese a las presiones de musulmanes para usarla de nuevo como mezquita. Y cuando Juan Pablo II visitó la mezquita omeya de Damasco, que en su origen fue una basílica cristiana, rezó ante el mausoleo de san Juan Bautista, pero no pidió que le dejaran celebrar misa allí, recuerda Mons. Fitzgerald. En fin, la mezquita de Córdoba fue edificada en el lugar donde antes se levantaba una iglesia dedicada a san Vicente Mártir.
La solicitud de Escudero ha sido apoyada por algunos políticos españoles, para quienes admitirla sería una muestra de apertura y diálogo por parte de la Iglesia. Mons. Fitzgerald dice al respecto: «Las autoridades españolas intentan contentar a todos los sectores de la sociedad, pero quizá no tienen la sensibilidad teológica necesaria para comprender la postura de la Iglesia. También nosotros queremos vivir en paz con personas de otras religiones, pero no queremos que nos presionen o nos manipulen, ni actuar en contra de las normas mismas de nuestra fe».